El intelectual y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, entregó su visión sobre la resolución del juez Daniel Urrutia, quien ha sido duramente criticado por autorizar videollamadas y visitas conyugales a reos de alta peligrosidad, entre ellos integrantes de la banda venezolana Tren de Aragua.

En su columna dominical en el diario El Mercurio, Peña se hizo parte de la discusión entre los límites de la seguridad y los derechos de las personas, y sostuvo que las reacciones de rechazo al fallo del juez, desde la izquierda a la derecha, como desde los medios de comunicación, son “puramente viscerales, exclamaciones para la galería, formas encubiertas de barbarie, mesadas de cabello irreflexivas o (lo más probable) calculadas para ganarse el aplauso de la galería: los votos (en el caso de los parlamentarios) o el avisaje (en el caso de la televisión)".

Peña argumentó que "quienes están privados de libertad no están condenados a galera, ni se ven, por ese solo hecho, privados de su condición de personas ni desprovistos de los otros derechos que les asisten, entre ellos mantener una mínima relación con su familia y comunicaciones regulares con sus integrantes".

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“La pena penal a la que han sido expuestos (y hay casos en los que aún no hay condena que la determine) consiste en privarlos de la libertad de locomoción y en restringir otros derechos que se deriven de ella; pero no convierte a quienes han delinquido, o se sospecha que han delinquido, por crueles o peligrosos que sean, en cosas a las que se pueda aislar y de las que se pueda disponer, al margen de la ley, según los humores de la opinión pública o de quienes buscan el asentimiento de esta última”, escribió Peña.

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El intelectual agregó que la labor de un juez de garantía (como es el caso del juez Urrutia, que está por sobre Gendarmería) es "asegurarse de que el Estado no maltrate más allá de lo previsto en la ley a quienes están siendo procesados o han sido condenados".

“Es verdad que los humores de la opinión pública (...) tienden a abogar por que a las personas que han delinquido o se sospecha que han delinquido o se presume que lo han hecho, se les maltrate aplicándoles las penas del infierno a lo Bukele; pero ocurre que las penas del infierno (...) no son las penas que se consagran en el Estado de Derecho. Estas últimas se encuentran estrictamente reguladas y la labor de los jueces (como es el caso del juez Urrutia, cuya excentricidad y algunas actuaciones pasadas han contribuido seguramente a que se sospeche de su decisión) es cuidar con escrúpulo que la ley se cumpla”, argumentó Peña.

Ineptos e inútiles

Finalmente, el rector de la Universidad Diego Portales cuestionó la pregunta de si la decisión del juez pone en peligro a la ciudadanía o arriesga que continúe la actividad criminal de quienes están ahora privados de libertad, calificándola de “levemente absurda y tonta”.

“Si la seguridad se pone en riesgo porque un procesado o condenado efectúa una videollamada asistido por un gendarme, o porque cuenta con una visita conyugal, ello querría decir que el Estado ha fallado del todo, y que quienes lo manejan son ineptos e inútiles y que, como ocurre con la gente inepta e inútil, no merecen el respeto de nadie”, concluyó Peña.

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