Considerado así mismo un enfant terrible -niño terrible, en francés, una forma de denominar en aquella tradición a una persona joven, brillante, pero a la vez transgresora-, lo cierto es que Daniel Urrutia Laubreaux, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha causado más de una controversia por sus decisiones judiciales, que a menudo han favorecido a imputados por delitos graves.

Su última resolución, que autorizó a cuatro reos del Tren de Aragua, una peligrosa banda criminal de origen venezolano, a realizar videollamadas desde la Cárcel de Alta Seguridad, ha generado el rechazo del Gobierno, de Gendarmería y de otros sectores políticos y sociales.

Fue la institución penitenciaria la que prendió las alarmas por tal decisión y alegaron que no podían garantizar que no hubiera interferencias de terceros en las comunicaciones por video.

Por eso, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el caso está pendiente. La razón que dio Gendarmería fue que existía un peligro porque en la cárcel había internos “que formaban parte de bandas delictuales organizadas”. Urrutia sostuvo que si no se acataban las resoluciones judiciales “que cierren por fuera y que hagan lo que quieran”.

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Rechazo del gobierno

Incluso, el ministro (S) de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó el falló y lo tildó de "gravísimo", en consideración de que en ese recinto penitenciario se encuentran criminales responsables de extorsiones, trata de personas, homicidios y secuestros.

"Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”, aseguró Gajardo a Mega.

Al rechazo también se sumó la derecha y autoridades regionales. Mientras el senador de la UDI Iván Moreira catalogó de "peligroso" al magistrado y emplazó al Poder Judicial a removerlo de su cargo por haber "traspasado todos los límites", el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, acusó que su decisión "pone en riesgo la seguridad de Gendarmería” y no ayuda a combatir el crimen organizado en el país.

Según una publicación de El Mostrador dando cuenta de una declaración de 2016 firmada por personalidades y organizaciones sociales mexicanas, Urrutia Laubreaux entre 2014 y 2016 habría enfrentado 7 sumarios administrativos por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, "afectando la independencia en el ejercicio de su función por su defensa de los derechos humanos”.

¿Quién es el juez Urrutia?

Urrutia nació en 1974 en Santiago, hijo de una profesora normalista. Egresó del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle e ingresó a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, siempre de bajo perfil y donde su participación política la realizó a través de la pastoral y la Iglesia Católica.

Se incorporó al Poder Judicial en el año 2000 y desde entonces ha pasado por los juzgados de Garantía de Freirina, Ovalle, Coquimbo y Santiago. Actualmente se desempeña en el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital.

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Definido a sí mismo como un defensor de los derechos humanos, ha participado en diplomados y cursos sobre esta materia.

En 2004, envió a la Corte Suprema su trabajo final de un diplomado en el que proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, según consigna Ex Ante.

El juez no se quedó conforme y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2020, emitió una sentencia en la que consideró al Estado de Chile responsable de violar los derechos a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y al principio de legalidad de Urrutia.

El tribunal ordenó al Estado adoptar medidas de reparación, entre ellas, publicar la sentencia, capacitar a los jueces y abstenerse de sancionar a los magistrados por el contenido de sus fallos.

Sus resoluciones

El juez Urrutia ha sido cuestionado por sus resoluciones en casos relacionados con el estallido social y el crimen organizado, siendo tildado como un "juez garantista".

Es así que, en 2020, se autoasignó una causa y levantó la prisión preventiva de 13 imputados por delitos cometidos en el contexto del estallido social, conocidos como "primera línea".

Argumentó que existía un riesgo de contagio de covid-19 en las cárceles y que se debía respetar el principio de inocencia.

Luego de esto la Corte de Apelaciones de Santiago revocó su decisión y lo trasladó a otra sede penal. El tribunal de alzada revocó su remoción, autorizándole a volver al Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago.

Luego, en 2021, se inhabilitó voluntariamente en el caso de Sebastián Zamora, el carabinero acusado de empujar a un joven al río Mapocho durante una manifestación.

El juez argumentó que tenía una "opinión formada" sobre el caso y que había participado en una actividad con la familia de la víctima.

Sin embargo, antes de inhabilitarse, ordenó la prisión preventiva del imputado, lo que fue revertido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

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