La Corte Internacional de Justicia (CIJ), situada en la ciudad neerlandesa de La Haya, iniciará la sesión a las 13.00 hora local (12.00 GMT) en el Palacio de la Paz para anunciar la decisión a la que ha llegado el panel de jueces sobre la necesidad o no de las nueve medidas cautelares solicitadas. La CIJ puede emitir tanto todas ellas, solo algunas, ninguna u otras medidas que difieren de las enumeradas por Sudáfrica cuando inició el procedimiento el 29 de diciembre.

En su demanda, Sudáfrica solicitó a la Corte que indicara medidas para “proteger contra daños mayores, graves e irreparables los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio” y “asegurar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones de no cometer un genocidio y de prevenir y castigar el genocidio”.

Las audiencias sobre la indicación de medidas cautelares se celebraron el 11 y 12 de enero, y ambos países tuvieron una jornada entera para exponer sus argumentos sobre esta cuestión y defender su postura sobre la necesidad e idoneidad de esas medidas, que, de emitirse, serían legalmente vinculantes para Israel, aunque la CIJ tiene pocos medios para hacerlas cumplir.

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Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

El fondo de este caso aborda la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) con sus operaciones militares en Gaza y, según señaló el equipo legal sudafricano, declaraciones de altos cargos israelíes muestran un “patrón de conducta genocida” en su “política estatal”, por lo que urgió a la CIJ exigir la “suspensión inmediata” de la guerra.

También consideró importante que Israel “tome todas las medidas razonables que estén a su alcance para prevenir el genocidio” del pueblo palestino; y “garantize” que cualquier organización o persona bajo control, influencia o dirección “no adopte medidas para fomentar las operaciones militares” en curso.

Otra de las medidas urge a Israel que “desista” de la expulsión, desplazamiento forzado y “destrucción de la vida palestina en Gaza”, y deje de impedir el acceso de alimentos y agua potable, y asistencia médica y humanitaria (combustible, alojamiento, ropa, higiene y saneamiento), además de preservar y prevenir la destrucción de las pruebas relacionadas con la acusación de genocidio, y permitir el acceso de misiones de investigación.

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No obstante, Israel justificó la guerra como su “derecho inherente a defender a sus ciudadanos” del grupo islamista Hamás y advirtió de que imponer medidas cautelares “pondrá fin a los intentos de rescatar a los rehenes” y “dará a Hamás espacio para preservar sus capacidades, lo que permitirá que represente un riesgo aún mayor” para los israelíes.

Tras el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, en el que fueron asesinadas 1.200 personas, el Ejército israelí inició una ofensiva militar en Gaza que suma casi 26.000 palestinos muertos, más de 63.700 heridos, y 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,3 millones de personas.