Finalmente, para este miércoles quedó fijada la votación del proyecto de ley que busca flexibilizar las penas privativas de libertad para personas mayores que padecen enfermades graves o terminales.

Originalmente la votación debía llevarse a cabo ayer martes, luego de que los comités de derecha dieran el visto bueno a que se pusiera en tabla la iniciativa impulsada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Kuschel y Henrique Van Rysselbergue (UDI).

Sin embargo, en medio de la discusión, el senador Rojo Edwards solicitó extender el tiempo de discusión y aplazar la votación, lo que molestó al oficialismo.

Los senadores de la Alianza de Gobierno argumentaron que la discusión del proyecto en cuestión resultaba “dolorosa” para sobrevivientes y víctimas de los crímenes de la dictadura, quienes estaban presentes en la sesión.

Según han acusado desde el oficialismo, la iniciativa permitiría que reos de Punta Peuco cumplan sus penas en sus casas, al igual que otros criminales condenados por narcotráfico o delitos de carácter sexual.

Con todo, los comités se reunieron posterior a la sesión y acordaron votar esta jornada la polémica iniciativa, aunque sin fundamentación de votos.

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“Es macabro”: Críticas al proyecto

La propuesta, que fue presentada por las bancadas de Chile Vamos, ha levantado duras críticas del oficialismo ya que podría beneficiar a condenados por violaciones a los DD.HH. que cumplen sus penas en Punta Peuco.

Por lo mismo, en la previa, representantes de organizaciones de víctimas y sobrevivientes de crímenes de la dictadura se hicieron presente en el Congreso para manifestar su rechazo a la propuesta.

En la convocatoria también participaron los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Fabiola Campillai (Ind.) y Jaime Quintana (PPD) quienes adelantaron su rechazo al proyecto.

“Nos vamos a oponer a esta iniciativa, porque representa impunidad y busca liberar a los presos de Punta Peuco”, señaló Quintana a la vez que acusó de “contradictorias” las señales que da la derecha en materia de seguridad.

“Lo que están haciendo con esta propuesta es permitir la salida en libertad de abusadores sexuales, narcotraficantes, además de violadores de derechos humanos. Es un contrasentido y el país no puede avalar una conducta como esta”, sostuvo Quintana.

Asimismo, el líder del PPD emplazó a la oposición: “Esta es la derecha negacionista y del oportunismo”, indicó Quintana quien finalizó su declaración tildando de “macabra” la propuesta.

Cordero: “Infringe las reglas de los DD.HH.”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, también abordó la iniciativa acusando que esta “infringe flagrantemente las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que el derecho chileno ha venido aplicando sistemáticamente en el último tiempo”.

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que el proyecto era “técnicamente deficiente” y confirmó que los principales beneficiarios serían criminales de lesa humanidad.

Según los datos del Ministerio de Justicia, el 56% de las personas que están cumpliendo penas en el penal dispuesto para condenados por crímenes de la dictadura podrían acceder al arresto domiciliario con el proyecto que se votará este miércoles.

Por otra parte, Cordero enfatizó en que la iniciativa “infringe flagrantemente las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que el derecho chileno ha venido aplicando sistemáticamente en el último tiempo”.

Del Consejo al Congreso

Antes de ser aprobado en la Comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, el proyecto estuvo incluido como norma en la propuesta constitucional emanada del Consejo Constitucional que fue rechazada el pasado 17 de diciembre en el plebiscito constitucional.

“Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”, rezaba el literal h del artículo 16 de la propuesta rechazada.

Durante el debate constitucional, la norma —impulsada por el Partido Republicano y apoyada por Chile Vamos— recibió duras críticas al interpretarse como un beneficio a los reos del penal Punta Peuco, donde cumplen penas condenados por violaciones a los derechos humanos.

De hecho, la norma fue morigerada ya que en un primer tramo el beneficio no contemplaba la causal “enfermedad terminal”, sino que era abierto a todos los condenados mayores de 75 años.