Comienza nuevamente una discusión sobre reformas a la normativa ambiental y con ello una tradicional contradicción entre certeza para las inversiones por un lado, y certeza para las personas y el medio ambiente por el otro. En los albores de esta nueva disputa, parece importante que observemos viejas y nuevas tensiones que pueden marcar el devenir del asunto y comprometer la protección ambiental y el futuro del país.

La primera tensión, más clásica, es la disputa entre crecimiento y protección ambiental, como bases del desarrollo. Mientras para algunos un país desarrollado es uno capaz de profundizar la democracia, cuidar la salud y calidad de vida de las personas y proteger su territorio, para los poderes económicos pareciera que el solo aumento de sus capitales y su poder satisface su idea de desarrollo. Por lo mismo, abogan por que se les den mayores facilidades para sus negocios, argumentando que con ello producirán crecimiento y generan empleos. Una buena parte de la clase política se pliega a esta idea de una u otra forma.

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Pero hay una segunda tensión más novedosa. Ya no es sólo la certeza, como idea de blindaje frente a la democracia, la que persiguen los poderes económicos. La nueva ideología que empujan es aquella que les permita un control político y emocional de los territorios en que operan, cuestión especialmente importante para la industria extractiva.

Que sea la propia empresa minera la que reparta agua a los vecinos, la empresa salmonera la que mejore los centros de salud o la empresa forestal la que mejore las condiciones de la educación o el deporte. Todo acompañado de campañas de adhesión que sin bien son una antigua herramienta, hoy vienen acompañadas de un inteligente uso de redes sociales, tanto para aumentar el apego, como para denostar a quienes lo cuestionen.

Este nuevo ideal está en línea con las tendencias ideológicas actuales, que miran con esperanza el retroceso de los derechos de las personas y buscan formas de concentrar el poder y volver a jerarquías propias de siglos remotos. En este sentido, hay diferencias fundamentales con la mera idea de certeza jurídica para sus inversiones, no sólo porque la conversación pierde parte de sus formas racionales, sino también porque logra esquivar el problema del bienestar social mediante la producción de redes clientelares que aparentan ser mejoras colectivas.

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Con esto a la vista, la disputa se abrió con una amplia cobertura a las reuniones que diversos ministros, varios de ellos implicados en la institucionalidad ambiental, tuvieron con empresarios. Reuniones que presumiblemente fueron filtradas por sus propios anfitriones y cuyo contenido específico desconocemos, pero que han golpeado fuertemente la legitimidad de los ministros y ministras implicados. Llamativamente, de todos ellos, el foco de atención y la tensión se ha posado principalmente sobre la Ministra de Medio Ambiente.

Lo que no podemos olvidar, es que todo esto se da en paralelo a la presentación de las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un proyecto de ley que viene a recoger algunos puntos interesantes para mejorar las posibilidades de protección ambiental y de certeza para las personas, pero que también contiene una serie de normas que están claramente pensadas para los intereses del poder económico y que seguramente intentarán ser profundizadas durante el debate parlamentario.

Durante esta discusión, seguramente veremos como las contradicciones entre las visiones del mundo se agudizarán, con un empresariado que abogará por obtener más poder en desmedro de las personas, la democracia y el medio ambiente. Aprovecharán además el golpe a la legitimidad del gobierno, que ya viene con una desafección creciente del mundo ambientalista/ecologista.

El problema central es que la referida desafección se da por la forma en que desde La Moneda se ha dado manga ancha al discurso economicista, se ha favorecido a proyectos inviables y se ha mostrado debilidad para defender los ideales por los cuales fueron apoyados por el ambientalismo/ecologismo, que si hoy se resta de la discusión dará vía libre a que esos mismos problemas se multipliquen.

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La reforma a la normativa ambiental, como la misma institucionalidad, tiene un componente técnico, uno jurídico y uno político. Mientras todos son importantes en la conversación, el tercero de ellos cumple un rol insoslayable en la construcción del Chile del futuro, que puede repetir los ciclos de extracción y abandono mientras tensiona aún más a la ciudadanía, o puede avanzar en una visión sobre un desarrollo inclusivo y armónico que le devuelva poder a los territorios.

Si queremos lo segundo, la participación del mundo ambientalista/ecologista en la discusión es indispensable.