Al igual que otros acreedores, como la corredora MBI e Indumotora, otras ocho empresas acaban de desistir en sus querellas en contra de Corp Group Banking (CGB), renunciando a las causas judiciales donde acusaban a la empresa de Álvaro Saieh de “vaciamiento patrimonial”.

La mayoría de las empresas acreedoras –en total suman alrededor de sesenta– han incurrido en franca retirada, luego de un dictamen en Estados Unidos que ordenó a los acreedores renunciar a las acciones legales iniciadas en nuestro país, por considerar que transgreden el plan de liquidación acordado en norteamérica. Un efecto, en rigor, de la decisión tomada por el Tribunal de Quiebra de Delaware.

Las presentaciones fueron realizadas a fines de diciembre y comienzos de enero de este año, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y están sujetas al mismo “molde”. Todas, sin excepción, aseguran que han llegado a la conclusión de que no existen hechos delictivos de ningún tipo, se desisten de las querellas en “todas sus partes” y renuncian a cualquier acción penal o civil en contra de las sociedades involucradas y sus ejecutivos.

[caption id="attachment_895252" align="aligncenter" width="900"] Álvaro Saieh[/caption]

Las últimas empresas que decidieron recular legalmente son Nevasa S.A. Corredores de Bolsa, Rentas El Alba Limitada, Hiltop Holdings LTD, Trayenko Investments LP, Inversiones Avus, Inversiones Bugatti, Inversiones La Villa e Inversiones Codegua.

Delitos de “cuello y corbata”

La historia sobre el litigio que enfrenta el actual dueño de Copesa se remonta al año 2013, cuando Corp Group Banking (CGB), tras emitir un bono de US$ 500 millones junto a otras compañías, habría comenzado a transferir activos a través de contratos simulados a otra empresa de su propiedad (SAGA).

El objetivo de la maniobra –según varias querellas interpuestas en contra de Álvaro Saieh, Jorge Andrés Saieh, María Catalina Saieh, Cristóbal Cerda y María Pilar Dañobeitía–, buscaba desviar los activos de los “bonistas”, a través de la compraventa de acciones con la compañía SAGA Spa y GASA Limitada, sociedades pertenecientes al conglomerado Corpgroup Inversiones Limitada, cuyo propietario no es otro que el mismo dueño de Copesa.

El perjuicio patrimonial para los bonistas, a través del traspaso de acciones, se estimó en un monto total aproximado de $164.735.000.000 pesos. Las operaciones habrían permitido que CGB aumentara su participación en SAGA, desde un 0% a un 43%, adquiriendo acciones a un precio superior al valor económico que realmente representaban.

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Una de las tantas querellas, interpuesta por la empresa Trayenko Investments LP, aseguró que las transacciones no se realizaron producto de una situación accidental o parte de un riego inherente al negocio, sino como propias de una “criminalidad económica de cuello y corbata” presente en el mercado de valores.

“El querellado utilizó los instrumentos de la vida económica moderna -bonos- para captar el interés de los inversionistas, para luego comenzar a ejecutar reiteradamente actos de vaciamiento patrimonial, todo ello en perjuicio de los bonistas, quienes son las víctimas de estos hechos”, evidenció el documento.

Varios acreedores, al igual que Trayenko Investments LP, reaccionaron judicialmente luego que Saieh declara en bancarrota a CGB en el año 2020 y se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, instancia que lo obligaría a devolver una cantidad mucho menor de lo adeudado, tras la venta del bono administrado por los bancos Deutsche Bank Securities y Goldman Sachs & Co.

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Tras la arremetida judicial de varios “bonistas”, el empresario solicitó a la jueza Kate Stickels, a cargo de la causa en Estados Unidos, pronunciarse sobre la legalidad de los recursos judiciales interpuestos.

El tribunal acogió los argumentos del dueño de Copesa, sobre la eventual violación del plan de liquidación acordado en Estados Unidos, y en el caso de la corredora MBI otorgó un plazo de 14 días para que la empresa desistiera de la querella.

En la oportunidad, la jueza Stickels dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio Público continuara la investigación respecto a la denuncia de vaciamiento patrimonial interpuesta por MBI, situación que la Fiscalía Nacional ratificó al asegurar que continuaría con la indagatoria, a pesar que la corredora ya había retirado la querella.

Desde entonces, varias empresas han comenzado a desistir de las querellas interpuestas en tribunales nacionales. Algo que fuentes que conocen el caso denominan, simplemente, como “el efecto Delaware”.

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