"Las decisiones administrativas como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia pueden ser revocadas por razones de oportunidad, de mérito o de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común".

Así lo señaló subsecretario del Interior, Manuel Monsalve en una comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, donde se discute una propuesta legislativa que invalida estas compensaciones a quienes hayan cometido delitos.

Tras este anuncio, el propio Presidente Gabriel Boric, precisó que existirían al menos 50 personas con antecedentes que las reciben.

El anuncio, que ya ha empezado a levantar polémica, llega luego de que en las últimas semanas parlamentarios de la coalición gubernamental y sobre todo de la oposición solicitaran su revocación tras conocerse públicamente al menos seis casos de beneficiarios que contaban con condenas por delitos como robos, saqueos o lanzamientos de cócteles molotov durante las protestas.

18 mil beneficiados

Según cifras oficiales, hay más de 40 casos pendientes de revisar de víctimas del estallido social con antecedentes penales y, más allá de las protestas, actualmente hay más de 18.000 beneficiarios de estas pensiones.

Monsalve precisó que Boric “no va a esperar la ley (que se está tramitando) para ocupar la facultad administrativa” y pidió a los diputados llegar a acuerdos en la expedición de la propuesta de ley.

Desde la oposición, que hace semanas que insiste en la aplicación de esta medida, el diputado Francisco Undurraga, del partido de derecha Evópoli, dijo que espera que en los próximos días se revoquen las pensiones de gracia "que han afectado tanto al país” y que "el Gobierno cumpla con lo dicho”.

Las declaraciones del Ejecutivo representan un giro respecto a su posición anterior sobre las pensiones de gracia.

Hace unos días, la portavoz, Camila Vallejo, aseguró que el Gobierno ha funcionado "de acuerdo a la ley y al reglamento" y, en plena polémica por estas concesiones, también expresó la voluntad de las autoridades de cambiar la norma actual.

Para eso, el Ejecutivo chileno promovió una enmienda para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes, una vez que se les otorgó, cometan delitos; y establecer como requisito a futuro la revisión de los antecedentes penales para el otorgamiento de éstas compensaciones, pero sin prohibir su entrega. / EFE