La crisis de las Isapres ha sido uno de los temas más presentes en el debate público del último año y medio. Luego del fallo de la Corte Suprema que obligó a las aseguradoras a devolver los cobros excesivos hechos a las y los usuarios, se evidenció una vez más que el actual sistema mixto de salud depende, en gran parte, de poder asegurar enormes ganancias al sector privado. Ante esta realidad, un cambio en el aseguramiento y una reforma profunda al sistema de salud son materias urgentes.

La evidencia para esto se sustenta en que una vez que a las Isapres se les exigió algo tan básico como cumplir la ley y cobrar lo justo, los seguros privados de salud empezaron a tambalear, con las consiguientes quejas de los grandes empresarios y las campañas del terror que auguran el colapso total de la salud chilena. La única solución posible a este dilema, desde la óptica de las Isapres, es un salvataje económico que les permita seguir operando del mismo modo que hasta ahora, algo que no sólo es ética y moralmente reprochable, sino que va en contra de las recomendaciones de todos los expertos y expertas que han intervenido en este debate.

Hoy existe una coincidencia en el mundo de la salud de que las Isapres, así como las conocemos hoy en día, deben dejar de existir. Incluso algunos plantean que la crisis financiera es tan grande, que la transición hacia un sistema basado en un seguro público universal ya se está dando en la práctica, mientras el mundo político sigue intentando resolver esto en la discusión de la Ley Corta de Isapres. Prueba de ello es la masiva migración de usuarios/as a Fonasa y el hecho de que muchas compañías ya están optando por ofrecer seguros complementarios, preparándose para un cambio profundo que se va asumiendo como inevitable.

En efecto, el consenso mayoritario es que Chile debe transitar hacia un modelo de aseguramiento que consista en un seguro público universal que mancomune las cotizaciones obligatorias de todas y todos, al mismo tiempo que otorga coberturas sin discriminaciones. En esta línea van las reformas a Fonasa que se plantean en el marco de la Ley Corta y otros debates.

Esto permitiría construir un seguro mucho más robusto que el actual Fonasa, recibiendo ahora también las cotizaciones de la población de más altos ingresos y aplicando el principio de solidaridad para mejorar las coberturas de todas y todos.

Pese a lo evidente que parece esta solución, el debate para zanjar esto en el Congreso se sigue demorando. Una de las razones es que las mismas Isapres no quieren dar su brazo a torcer, y continuamente amenazan con quiebras que dejarían a miles de personas sin aseguramiento, y también con el efecto dominó que podría desatarse dado que muchas clínicas privadas pertenecen a las mismas empresas que las Isapres. Se dice que la quiebra de los seguros podría hacer caer también a muchas clínicas, lo que sería grave en un país que, ante la falta de financiamiento de su salud pública, depende de la capacidad de las clínicas para sostener al sistema en su conjunto.

Si bien esto último es un dato real, la solución no pasa por ceder a las demandas de las grandes empresas privadas que históricamente han lucrado con la salud, generando la actual crisis. Esto porque, en primer lugar, el seguro público universal permitirá, como lo hace el actual Fonasa, atenderse en el sector privado mediante la Modalidad de Libre Elección. Esto significa que la existencia de las clínicas privadas no está en riesgo mientras se adapten a un modelo que ponga la salud por encima de las ganancias en exceso y las integraciones verticales.

Segundo, y aún más importante: una solución de largo plazo no pasa solo por el seguro de salud, sino por una reforma profunda al sistema en su conjunto. Esto conlleva en que la red pública de salud sea fortalecida para poder atender de forma oportuna y gratuita a todas las personas que lo requieran.

Después del “Copago Cero” la salud pública es completamente gratuita para quienes son parte de Fonasa, pero el gran problema sigue estando en la capacidad de atención. A raíz de esto es que muchas personas que tienen los medios optan por atenderse en el sector privado, mientras que otras con menos recursos tienen que esperar a veces años para acceder a atenciones de especialidad o intervenciones quirúrgicas.

Por ello, el gran desafío es construir un sistema público que no obligue a las personas a acudir al sector privado, como sucede hoy. No puede existir la famosa “libertad de elección” que tanto defienden algunos sectores si el acceso oportuno a la salud depende de la capacidad económica de las personas y la red pública sigue en su estado actual. Para resolverlo necesitamos más hospitales y consultorios, más personal y más recursos que permitan atender a quien lo necesite de forma rápida y con excelencia.

La crisis de las Isapres es el síntoma del problema mayor de la salud chilena. Hoy tenemos la oportunidad de dar un giro y terminar con la prevalencia del negocio por sobre el derecho a la salud. Para ello, el debate debe integrar no solo a las Isapres, el Gobierno y el Congreso, como sucede hoy, sino también a la sociedad civil y a los gremios que por años hemos luchado para que Chile tenga la salud que merece y necesita. El peor escenario es salir de esta coyuntura con el modelo de negocios intacto y el derecho a la salud negado nuevamente. No lo permitamos.