El concejal Fernando Encina solicitó formalmente en el último concejo municipal, celebrado el 19 de diciembre pasado, acciones concretas para desvincular a Andrea Díaz, exadministradora municipal de Maipú imputada por fraude al fisco y que en la actualidad trabaja como directora jurídica en el municipio de La Reina. “A mí me parece que hay un elemento delicado”, precisó.

El alcalde José Manuel Palacios (UDI) le respondió que los hechos ocurrieron en otro municipio y que la funcionaria ha realizado un excelente trabajo en la municipalidad de La Reina. “Mientras no haya un veredicto y no se establezca que tiene culpabilidad, no veo ningún inconveniente en que siga acompañándonos”, remató.

En las redes sociales esa misma tarde, los concejales Fernando Encina (CS) y Cristián del Canto (PS), se manifestaron contrarios a la decisión del alcalde de mantener en el cargo a quien será formalizada el próximo 16 de enero por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, mientras se desempeñaba como brazo derecho de Cathy Barriga en Maipú. Incluso varios partidos políticos emitieron un comunicado público.

“Un caso de estas características va a exponer al municipio en la prensa muy fuerte, por lo tanto, puede ser imprudente que en el periodo que se investigue la directora no cese sus funciones. Pero esa es una atribución del alcalde”, comentó el concejal del Canto en Instagram.

En efecto, Díaz será formalizada en poco más de dos semanas junto a su exjefa, Cathy Barriga; la exdirectora del Secpla, Ana María Cortés; el exasesor de la alcaldesa, Luis Japaz; la periodista Andrea Monsalve y la directora de control, María Isabel Palma, como responsables de un desfalco estimado por el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, en más de 31 mil millones de pesos.

La situación de Díaz no es la única donde un trabajador de La Reina termina en tribunales. Además de la exadministradora municipal de Maipú, hoy trabajan en la comuna un expolicía denunciado por faltas a la probidad y un exadministrador municipal acusado de acoso sexual en San Miguel.

Los tres casos en cuestión han despertado suspicacias al interior del municipio, poniendo seriamente en duda el proceso de reclutamiento de personal encabezado por el alcalde José Manuel Palacios, quien hace tres semanas transformó a La Reina en la primera comuna en decretar “emergencia comunal” por la crisis de seguridad.

Andrea Díaz

Andrea Díaz Troncoso comenzó a trabajar en julio de 2021 en La Reina como directora jurídica de la municipalidad, encargada de prestar apoyo en materia legal al alcalde Palacios y al Concejo Municipal, además de las tareas propias del cargo respecto a las distintas direcciones del municipio. Su sueldo bordea los 4 millones de pesos.

Antes de llegar a La Reina, Díaz tuvo pasos por otros municipios y realizó asesorías parlamentarias. Comenzó a trabajar en política prestando servicios al diputado UDI, Romilio Gutiérrez Pino, y luego al alcalde de Linares Rolando Rentería.

En junio de 2017 arribó a Maipú, poco tiempo después de asumir Cathy Barriga. Su ascenso fue meteórico. En menos de seis meses llegó al cargo de Secpla (Secretaría de Planificación) y ocho meses más tarde asumió como Administradora Municipal, el puesto de confianza más importante al interior del municipio.

[caption id="attachment_890197" align="aligncenter" width="900"] Andrea Díaz[/caption]

“Nadie podía llegar a la oficina de Barriga sin haber pasado antes por la de Díaz. Y en la reunión con Barriga, siempre estaba Luis Japaz (otro formalizado)”, indicó una fuente de la época al medio La Voz de Maipú.

Un decreto del 16 de diciembre de 2016, firmado por la entonces alcaldesa Cathy Barriga, habría entregado una serie de atribuciones a los funcionarios implicados en el fraude fiscal, situación que facilitó la ocurrencia de los ilícitos que hoy investiga la fiscal especializada en delitos económicos de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Constanza Encina.

Fue el propio fiscal Ángel Valencia quien trasladó la causa desde la Fiscalía Occidente a la zona oriente, con el objeto de agilizar el proceso. Encina se hizo cargo de la indagatoria el 22 de septiembre y comenzó una serie de diligencias que derivaron en el anuncio de formalización de los cinco imputados.

El caso de Díaz en el entramado de corrupción pareciera ser crucial debido a que fue ella la encargada de armar el equipo en la Secretaría de Planificación y como administradora estuvo a cargo de firmar todos los documentos visados por la alcaldesa.

“El administrador municipal es como el gerente municipal. Todos los documentos que llegan al despacho del alcalde deben ir visados por él. El alcalde no firma nada sin la firma del administrador. De hecho, para cursar los pagos, el administrador debe tener a la vista los certificados de disponibilidad presupuestaria. O sea, su responsabilidad es verificar antes de cursar un pago que estos tengan respaldo en el presupuesto”, asegura una fuente cercana al caso que apunta a su evidente responsabilidad en el cargo.

Para el concejal Fernando Encina los vecinos de La Reina deben contar con los “más altos estándares de transparencia y probidad”. Entonces, “que una persona de confianza del alcalde esté involucrada en el mayor caso de fraude al fisco del mundo municipal, está muy lejos de esos estándares”, asegura.

José Luis Rodríguez

A inicios de noviembre del año 2020, una funcionaria de la municipalidad de San Miguel acusó de acoso sexual al entonces administrador municipal de la comuna, José Luis Rodríguez Bravo.

Según consignó El Mostrador en la época, el peritaje realizado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) confirmó la existencia de conductas asociadas a asedio sexual por parte de la autoridad, quien habría sido acusado también por acoso laboral por otra funcionaria del municipio.

Apenas se decretó el inicio de un sumario administrativo, algunos concejales del municipio solicitaron remover de su cargo al administrador municipal, pero el alcalde en ese entonces, Luis Sanhueza, trasladó a Rodríguez al cargo de Secretario de Planificación, una maniobra que impidió su salida del gobierno comunal debido a que según la Ley Orgánica Constitucional los concejales pueden destituir al administrador municipal pero no al Secpla.

[caption id="attachment_890198" align="aligncenter" width="900"] José Luis Rodríguez[/caption]

El propio edil de la comuna comentó luego de su decisión que estaba “obligado a hacer las investigaciones y que operen todos los actos administrativos para llegar a la verdad y no actuar sobre el rumor”. “Yo puedo decirle váyase, pero me hubieran dicho que lo despedí para evitar que se investigara la situación y lo que más me interesa es que se investigue y se llegue a la verdad”, agregó.

Finalmente Rodríguez fue destituido del cargo, tras un decreto alcaldicio del 3 de mayo 2021, debido a una “conducta de acoso sexual mediante hostigamiento a la denunciante”.

“Vulneró gravemente el principio de probidad administrativa, atendida la investidura funcionaria…mediante su actuar reiterativo, insistente e inoportuno, con el objeto de conseguir un beneficio directo, fundamentos fácticos que permiten respaldar la grave infracción expuesta”, señala el documento al que tuvo acceso El Desconcierto.

Rodríguez tras su destitución fue contratado por la municipalidad de La Reina como Director de Administración y Finanzas en la Corporación de Deportes y Recreación encabezada por el exfutbolista Juvenal Olmos, quien renunció a la concejalía para asumir el cargo en medio de una fuerte polémica.

Enrique Bassaletti

Otra situación similar ocurrió tras el arribo del exgeneral de Carabineros, Enrique Basseletti, jefe de Zona Este en la capital durante el estallido social, quien fue dado de baja en octubre de 2021 tras revelarse que prestaba servicios de seguridad a Chiletabacos, y que al mes siguiente llegó a la Reina como nuevo director de seguridad.

Con menos de un mes de cesantía, Bassaletti llegó al municipio del oriente de la capital contratado por el alcalde José Manuel Palacios, ostentando grado cinco en la escala de remuneraciones, equivalente a un ingreso de $3.2 millones de pesos mensuales.

El exgeneral de Carabineros venía con varias acusaciones antes de asumir su nuevo rol en La Reina.  La Contraloría había formulado cargos en su contra sancionándolo con 30 días de suspensión tras determinar que no había tomado “medidas oportunas” con el objeto de corregir el empleo de gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios durante las protestas realizadas con posterioridad al 18 de octubre de 2019.

[caption id="attachment_890199" align="aligncenter" width="900"] Enrique Bassaletti[/caption]

Los cuestionamientos a su labor aumentaron cuando el medio Interferencia publicó una denuncia realizada a la Contraloría por la diputada Cristina Girardi (PPD). En la acusación la parlamentaria acusa a Bassaletti de prestar  “servicios a entidades de derecho privado, entre ellas a British American Tobacco Chile, más conocida como Chiletabacos”, generándose pagos a la a través de facturas.

En su oportunidad, Girardi acusó que la institución policial prestaba servicios de escolta a camiones de la empresa configurándose “la mala praxis de tráfico de influencias”. La medida habría implicado, según detalla de la denuncia,  que “para ejecutar de manera eficiente estas labores aparentemente irregulares, se dejaría de lado un sin número de obligaciones y roles que la referida institución debe cumplir constitucionalmente”.

Para el concejal Encina resulta “preocupante” que el municipio se vea  involucrado en temas de este tipo. “La municipalidad cuenta con funcionarios de carrera con excelente reputación y que las últimas incorporaciones del alcalde Palacios tengan estos antecedentes es muy triste para la comuna, ya que La Reina merece mucho más”, sostiene.

El municipio de La Reina fue requerido para este reportaje, pero hasta el cierre de esta edición nuestras consultas no fueron respondidas.

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