Uno de los aspectos más reiterados por los defensores del fallido texto del Consejo Constitucional, en su propaganda, fue la regulación del sistema de pensiones.

Desde luego lo primero que se llevó al papel fue la letanía de la propiedad de “las cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas”. Esa fórmula funcionó como una excusa para constitucionalizar el negocio financiero de las AFP, al establecer el texto que cada persona “tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta”. Todo aliñado con la absurda prohibición de que el Estado expropiara o se apropiara de las cotizaciones “a través de mecanismo alguno”. Obviamente el objetivo buscado por sus redactores no era otro que proscribir cualquier asomo de solidaridad para los jubilados.

Antes del cierre de la edición se dieron cuenta que la apasionada defensa de la industria de las AFP tornaba en inconstitucional el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Para corregir esta torpeza y no condenar a la miseria a los policías y militares debieron introducir una norma transitoria que permitía la vigencia del sistema de reparto de los uniformados, a contrapelo de la fanática norma permanente que desalojaba la seguridad social y la solidaridad en las pensiones.

Lo cierto es que la apuesta profundamente ideológica plasmada en el texto en materia de seguridad social sufrió el desprecio y el rechazo de los votantes. Pero, como si lloviera, varios diputados de Chile Vamos -la coalición que sirvió de arroz al Partido Republicano- han repetido en estos días la monserga de que a la gente le importa por sobre todas las cosas la propiedad de los fondos y la libertad de elección. Según ellos, fuera de toda realidad, una jubilada que percibe 63.000 pesos de su AFP debe entonces aceptar su destino con resignación: puede estar tranquila con su libertad de elegir y la propiedad de un monto que, con suerte, equivale a dos semanas de alimentos.

Agotada la aventura constitucional republicana, el Gobierno presentó nuevas indicaciones a la Reforma Previsional, modificando la composición original del 6% de cotización del empleador. Buscando llegar a un acuerdo con la oposición, la propuesta comprende un 1% para compensar brechas de género; un 2% para ahorro individual; y un 3% para financiar el seguro social.

Sin embargo, nada parece suficiente para los defensores del modelo de capitalización que tantos beneficios ha traído para un puñado de grupos económicos y que tanto daño ha causado a los chilenos. Con abierto desparpajo, acusan que la Reforma estaría haciendo reparto con fondos “de propiedad de los trabajadores”, en circunstancias que se trata de un aporte patronal.

A las fake news de costumbre, se suman ofensas a la inteligencia de los ciudadanos. Representantes de oposición afirman que rechazarán toda alza de impuestos. Pero por otro lado dicen que aceptan subir las pensiones con impuestos generales. Todo en un mismo día. Como dijo un futbolista “no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”.

Les guste o no, el intento de escribir en piedra el nombre de las AFP fue desechado por una amplia mayoría ciudadana. El nuevo escenario exige dejar la palabrería de la industria a un lado y aumentar las pensiones con urgencia. Aunque duela a los herederos de José Piñera, las AFP perdieron el plebiscito.