Chile no está aquejado de 'Permisología' como tantos medios de comunicación sugieren en los últimos tiempos. El término Permisología, que no tiene ninguna definición formal mínimamente seria, sugiere semánticamente la idea una enfermedad que pudiera caracterizarse como la de “solucionar todo, y sin mayor reflexión, a punta de permisos”.

Chile no sufre de ella. Por supuesto que hay regulaciones y permisos, pero todos y cada uno de ellos son el resultado de enconadas batallas sociales y legales para imponerlos, baste recordar cuanto han costado imponer numerosas regulaciones ambientales, y las quedan aún pendientes, incluso en otros ámbitos, como lo es ahora el de la Inteligencia Artificial. Sería interesante que quienes usan ligeramente el término, señalasen un permiso que consideran arbitrario: ¿el de conducir? ¿el permiso de construcción’ ¿el permiso de calificación ambiental? ¿el permiso para verter aguas residuales y contaminada en un rio? ¿O considerarían arbitrario que las empresas de Inteligencia Artificial tengan que someterse a regulaciones y permisos que les impidan hacer un uso impropio de la información de ciudadanos y ciudadanas, entre otros?

Lo interesante es que cada uno de esos permisos y regulaciones protege a todos y cada uno de nosotros y de nosotras de los efectos negativos, o de los riesgos, que pueda generar la actividad que ese permiso permite. Los permisos y las regulaciones son expresiones del bien público. Es decir, de aquello que nos atañe a todos en conjunto y por igual, no en nuestras funciones e identidades consideradas por separado. Porque la norma de construcción antisísmica protege tanto al futuro usuario de un edificio como al propietario de la empresa constructora que construye ese edificio, en tanto posible usuario futuro de un edificio.

Las regulaciones y permisos son una construcción social delicada en donde en cada caso, y muy meditadamente, y en general, a través de largos procesos normativos, se busca el punto en el que efectivamente se protege lo público, a veces en desmedro de intereses particulares. Por ello atentar de forma ligera y genérica contra las regulaciones y los permisos es una evidente irresponsabilidad social.

El término permisología se utiliza para caracterizar una situación específica, a saber, que los proyectos de inversión tardan mucho en aprobarse debido al gran número de permisos que deben obtener. Al hacer esto, semánticamente, y de forma inmediata, se iguala un problema específico del sistema de permisos, la demora en obtener un permiso, con la arbitrariedad del permiso mismo. Así, un problema en el sistema de permisos se trasforma en el caballo de batalla contra la regulación y los permisos, es decir, en contra la defensa de lo público.

Por eso, en una reciente columna en La Tercera el señor Pablo Ortuzar puede señalar, “El escenario que hemos descrito, para terminar, probablemente está relacionado con el alza de regulaciones y restricciones de todo tipo para el despliegue de proyectos de inversión que hoy se llama “permisología” (ver aquí). Ortuzar se aprovecha de la distorsión semántica del término para validar su argumento, pues gracias a el puede asumir, sin más, que un problema del sistema de permisos es la demostración de la arbitrariedad en el establecimiento de tales permisos. Y puede hacerlo, porque en el lenguaje común, de periódico, se ha igualado perversamente un problema específico, la demora, en un problema de la existencia misma de permisos.

No merece mayores comentarios su irresponsable aseveración de que los permisos fuesen el resultado de agendas de activismo identitario universitario del primer mundo que se hacen pasar por áreas de investigación académica, y no el resultado de décadas de avaladas investigaciones científicas en las áreas de la biología, la ecología, la química, la ingeniería, las geociencias, y tantas otras disciplinas en las más prestigiosas universidades y centros de investigación alrededor de todo el mundo.

Lo relevante es el alcance político de esta utilización del término, pues una vez que se ha demonizado el permiso como tal, la solución es ir a por los permisos, ponerlos en duda, y no ir a las causas reales en el sistema de permisos. Esto ocurre por distintas razones. Una de ellas, porque las causas efectivas en las demoras que se generan en el sistema de permisos pueden ser muy complejas y difíciles de solucionar. Ellas van desde diseños normativos solapados, ineficientes, o desfasados históricamente, pasando por bajas capacidades públicas para tramitarlas, las que pueden ser de naturaleza presupuestaria, técnica, de infraestructura o información, hasta negligencia o incentivos perversos, creciente complejidad científico tecnológica, falta de colaboración de los administrados, o de contexto, como una alta conflictividad social debido a incumplimientos y promesas insatisfechas.

Otra razón es porque los permisos siempre suponen anteponer el bien público al bien individual o privado. Y existen numerosos intereses privados que se ven beneficiados en ir a por los permisos en vez de ir a por las causas que generan las debilidades del sistema de permisos. Y, por último, hay razones ideológicas propias de un liberalismo ramplón, del que da cuenta buena cuenta el artículo de Ortuzar. Para eso se presta muy eficazmente el término permisologia.

Según el informe Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile, elaborado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, el más actualizado en esta materia, se identificaron 309 permisos sectoriales que afectan a la inversión, de éstos 63 son prioritarios. El informe constata, entre otros, que un número importante de permisos, en particular los de mayor complejidad, suponen altas tasas de rechazo y dilaciones en el tiempo, y que, en la mayoría de los casos, los plazos superan ampliamente los establecidos por la normativa (ver aquí). Señala igualmente que esta gran cantidad de permisos, y las demoras que suponen para los proyectos de inversión, no es un problema singular del país. Se trata de un problema generalizado en nuestra región, y en los países de la OCDE.

Cabe destacar que después un estudio exhaustivo de al menos 40 de esos 63 permisos de mayor complejidad, sólo se recomienda eliminar dos permisos, menores. Esto ratifica que el país no tiene un problema de permisología, sino uno de gestión, que es común a países democráticos que avanzan institucionalmente en la defensa de lo público en muchos ámbitos.

Las conclusiones y recomendaciones del informe hacen evidente que es necesario actuar para corregir las ineficiencias del sistema de permisos. Pero, a la vez, hace evidente que un problema de gestión que atraviesa buena parte de la estructura pública, y del modelo de gobernanza que rige al país, no se puede solucionar de forma simplista, ni tampoco se pueden esperar resultados rápidos, o tan evidentes, de las soluciones que se propongan.

Los permisos son instrumentos institucionales que responden a la complejidad de nuestras sociedades y a la multidimensionalidad de actores, valores y sistemas que la componen, y lo que debe primar en su evaluación es la complejidad institucional administrativa, que es donde esos permisos “ocurren”. Realidad en la que se pueden encontrar hallazgos contra intuitivos, como el que identifica el mismo informe de la CNEP cuando señala que, a pesar de la aplicación de buenas prácticas de tramitación, acompañadas de iniciativas de digitalización, éstas no han supuesto una mejora significativa en el caso de los permisos de mayor complejidad.

Así, lo que es menester hacer es defender nuestros sistemas públicos y simplemente seguir cuidadosamente perfeccionándolos, como todos esperamos lo haga la propuesta que prepara el Ministerio de Economía.