Hoy el presidente Boric, cumpliendo lo dicho en su cuenta pública, anuncia el ingreso de una nueva Ley de Pesca en la Bahía de Quintay, sobre la base de tres pilares: transparencia, equidad y protección social.

Prácticamente todo se ha dicho de la actual Ley de Pesca, que se busca reemplazar. Desde condenas por cohecho pasando por los privilegios entregados a la industria pesquera, fruto de la influencia indebida ejercida por ésta sobre parlamentarios y el gobierno de la época, la ley vigente es, en los hechos, ilegítima, y su permanencia, un baldón para nuestra democracia.

Sin embargo, no basta solo decirlo para que el proyecto que se anuncia permita subsanar los defectos de la Ley actual.

Lo primero sí es reconocer el intenso diálogo promovido por el Gobierno en forma previa a la presentación del proyecto en el Congreso, escuchando en audiencias públicas y formales a la mayoría de los actores del sector. Eso permitió articular la iniciativa en base a principios muy importantes como el enfoque precautorio y ecosistémico, incorporando además la urgencia climática, la seguridad alimentaria, la transparencia pesquera y el combate a la pesca ilegal.

Lo segundo, es que el centro de la discusión estará centrado, tal como ha sido reconocido por el Ministro de Economía y el Subsecretario de Pesca, en la asignación de los recursos, considerando los privilegios entregados por la Ley vigente a la Industria.

Al respecto es prioritario que la cuota global de pesca se fije solo en base a parámetros técnicos que aseguren la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Se debe por tanto fortalecer los espacios de decisión científica en la ley y alejar cualquier intento de discrecionalidad administrativa, reforzando Comités científicos independientes y el IFOP.

Igualmente, relevante y justo, por cierto, es revisar la distribución entre pescadores artesanales y la pesca industrial. La ley vigente perpetúa hasta el año 2032 el fraccionamiento de las cuotas globales entre el sector artesanal e industrial, entregando aproximadamente un 31% de las cuotas fraccionadas por la ley al sector artesanal y el 69% al sector industrial (promedios ponderados).

Revisar esta distribución supone entregar más cuota a los pescadores artesanales, evitando la venta de cuotas de la industria a estos mismos pescadores. En 2019, según el Anuario de Sernapesca, en las regiones de Valparaíso a Los Lagos, los industriales solo capturaron el 4% de las cuotas de anchoveta y sardina común que les fueron asignadas, siendo “traspasada” la diferencia a pescadores artesanales.

Por último, no hay excusas para que no se asignen el 100% de las licencias de pesca de la industria en forma competitiva y transparente por medio de licitaciones, permitiendo el ingreso de nuevas empresas más eficientes, como la expansión de las de menor tamaño que no han podido crecer debido al criterio de asignación histórico de las licencias a un precio menor, que ha significado que la industria hoy se concentre en solo 5 actores.

En consecuencia, la legitimidad, transparencia y equidad de la nueva Ley se va a jugar, fundamentalmente, en la manera en que se corrijan los privilegios entregados a través de la asignación de cuotas, buscando las formas de hacer licitaciones abiertas que contemplen, por ejemplo, límites máximos de concentración de cuotas, y eviten ventajas artificiales para los actuales incumbentes.

Es una gran noticia la presentación de este proyecto y un acierto del Gobierno. Pero debe ser, además, el inicio del camino que nos lleve a licitaciones de la totalidad de las cuotas de pesca, que permitan transparencia y cumplir efectivamente el compromiso de una distribución más equitativa de los recursos, logrando condiciones mínimas de protección social para pescadoras y pescadores artesanales, junto a un sistema de reglas claras, justas y sostenibles, para todos los actores involucrados.