En Latinoamérica la coordinación y la unidad de posiciones en política exterior ha sido una tarea esquiva. Pese a que los países latinoamericanos compartimos una historia común ligada al colonialismo europeo y, luego, a la hegemonía e intervencionismo de los Estados Unidos, la historia diplomática de la región se ha caracterizado por la división.

La explicación para este estado de cosas se encuentra en un conjunto de factores. Los países latinoamericanos producen principalmente materias primas, por lo que su economía no ha dependido de la integración con sus vecinos. La estratificación social en Latinoamérica, heredada desde la época del colonialismo, ha creado una oligarquía cuyas condiciones de vida no ha dependido de la creación de mayor riqueza para su redistribución al resto de la población. Es más, los intereses de esta oligarquía han estado alineados con los de las grandes potencias, como lo demuestra la reunión de Agustín Edwards con Richard Nixon once días después de la elección de Salvador Allende. Por otra parte, la inestabilidad política en América Latina ha sido la norma, junto con la falta de instituciones estatales robustas.

La idea de la hermandad latinoamericana se ha construido sobre la base de una historia común ligada a la cooperación que existió entre los movimientos independentistas a comienzos del siglo XIX, pero la misma no ha podido traducirse en una visión compartida frente a los desafíos internacionales. Este es el contexto general en el que se han desarrollado las relaciones de Chile con los países vecinos.

A ese contexto general se deben agregar las condiciones particulares que han rodeado el desarrollo de las relaciones entre Chile y los países con los que comparte fronteras. Una histórica rivalidad con Perú y Bolivia desencadenó una guerra cuyas consecuencias se constituyeron en un obstáculo mayor que nos ha acompañado hasta el siglo XXI. Respecto de la relación con la vecina República de la Argentina, el factor geopolítico presente en el siglo XIX también ha afectado la relación vecinal, aunque en este caso, determinados factores históricos y económicos han logrado convencer a los gobiernos de ambos países sobre la necesidad de mantener una relación positiva y pragmática que pueda traer beneficios para ambos países.

La Guerra del Pacífico (1879-1883) ocurrió en un período en que el uso de la fuerza era un recurso usual de solución de controversias internacionales. No fue el único conflicto bélico en Latinoamérica, pero fue el que más afectó la relación política futura entre los países involucrados. Siete guerras se pelearon entre países latinoamericanos en el siglo XIX, todas relacionadas de alguna manera con el trazado de los límites internacionales. No era la primera vez que Perú, Bolivia y Chile protagonizaban un conflicto bélico. Anteriormente los tres países se habían enfrentado en la Guerra de la Confederación Perú-boliviana (1836-39). Tampoco fue la única guerra que implicaría la pérdida de territorio del vencido en favor del vencedor. De hecho, como resultado de la Guerra del Acre, Bolivia perdió 190.000 km2 en beneficio de Brasil. Y, en términos de vidas humanas, Paraguay perdió el 75% de su población en la Guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, los efectos de la Guerra del Pacífico en las relaciones entre Chile, Perú y Bolivia han sido los más profundos y difíciles de superar.

Al respecto se han adelantado diversas hipótesis para explicar por qué la herida de la Guerra del Pacífico se ha demorado tanto en sanar. Por una parte, en Chile la guerra exacerbó los sentimientos nacionalistas. Sobre este punto se ha señalado que en Chile se creó un sentimiento de triunfo patriótico excesivo, que los gobiernos chilenos permitieron que se extendiera más allá de lo necesario. La verdad sea dicha, las guerras entre Chile y Perú, tanto la de 1836 como la 1879, se explican en buena medida por razones comerciales y políticas; sin embargo, la historia relatada al pueblo impuso la idea de que estas guerras fueron necesarias para la supervivencia misma de Chile como nación independiente.

Para el Perú, señalan algunos historiadores, la Guerra del Pacífico tuvo un efecto político mayor al desarmar el andamiaje precario sobre el cual descansaba el poder del Estado en el siglo XIX. En el caso de Bolivia, la guerra lo transformó en un Estado sin litoral. Junto con los efectos económicos de esta nueva geografía, se podía anticipar que este factor determinaría las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia por largo tiempo.

Las relaciones entre Chile y Argentina también han estado atravesadas por las cuestiones territoriales. No es casualidad que el Tratado de Límites de 1881 se haya suscrito en plena Guerra del Pacífico y que Chile haya debido abandonar sus pretensiones sobre la Patagonia al este de la Cordillera de los Andes, contentándose con el control sobre el Estrecho de Magallanes. Posteriormente, Chile y Argentina han debido recurrir a cuatro arbitrajes internacionales para solucionar los problemas de interpretación a que dio lugar el Tratado de 1881. Uno de ellos, el arbitraje del Canal Beagle tuvo a ambos países al borde de una guerra en 1978, que se evitó gracias a la intervención de la Santa Sede como mediador. Y todavía persisten algunas cuestiones territoriales, la más reciente relativa a la plataforma continental al sur de la delimitación efectuada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Como se puede apreciar, las complejas relaciones vecinales de Chile con sus vecinos constituyen uno de los desafíos más importantes para la política exterior de nuestro país. ¿Cómo se debe enfrentar este desafío? En la medida en que las cuestiones territoriales ocupan un lugar prominente en la relación vecinal, lo primero que se debe subrayar es que este desafío debe asumirse sobre la base de una política de Estado y esa política se sustenta en el principio básico de que cualquier gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, tiene el deber de resguardar la integridad territorial de Chile.

Partiendo de la base que la cooperación y la integración pueden beneficiar a todos los involucrados, el paso siguiente debe ser establecer una política vecinal que permita aprovechar las oportunidades que existen para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. En este punto, muy probablemente habrán coincidencias en algunas medidas específicas que puedan tomar gobiernos de izquierda y de derecha: cooperación en la construcción de infraestructura para la integración física, en el control del delito trasnacional, en el manejo de los desastres naturales, en el uso sostenible de nuestros recursos naturales compartidos, en la facilitación fronteriza, en la coordinación para lograr una migración segura, ordenada y regular, y muchas otras acciones que ciertamente traen beneficios a ambos lados de la frontera. ¿Dónde reside entonces la diferencia?

La respuesta se asoma en los primeros párrafos de este artículo. Una política internacional de izquierda debe poner el énfasis en la construcción de una estrategia común para salir del subdesarrollo, mediante la explotación sustentable de nuestros recursos naturales para generar empleos de calidad, desarrollo de la ciencia y la tecnología, y sociedades más inclusivas. Existe consenso en que América Latina debe transformar su modelo de desarrollo en uno que pueda crear sociedades más cohesionadas que brinden oportunidades de desarrollo personal para toda la población, un modelo que permita desarrollar la industria e insertar a los países latinoamericanos en la creación de ciencia, tecnología y conocimiento, con el debido cuidado por el medio ambiente, en el marco de gobiernos democráticos que respeten los derechos humanos.

Para conseguir esto lo primero es construir una visión compartida con nuestros vecinos, dejando atrás el siglo XIX para lograr un futuro mejor en el siglo XXI. En particular, el litio ofrece una gran oportunidad de cooperación entre Chile, Bolivia y Argentina para dar un primer paso en el contexto de la explotación de este mineral, para el desarrollo de una industria que le otorgue valor agregado, creando una nueva relación con la inversión extranjera. Existe también un enorme potencial para que Chile y el Perú trabajen juntos. Ambos Estados son miembros de la Alianza del Pacífico, y Chile está cooperando con Perú para obtener que nuestro vecino ingrese como miembro pleno a la OCDE. Como Estados mineros de la región andina, existe un gran potencial para cooperar en minería sustentable.

Adicionalmente, si se pudiera avanzar en la integración energética entre Chile y Perú se podrían obtener beneficios para el desarrollo de las energías renovables no convencionales, como la energía solar en el norte de Chile y en el sur del Perú. Lo importante, es que el foco central de nuestra cooperación vecinal debe estar en lograr juntos un nuevo modelo de desarrollo para el siglo en que se hace patente cómo el cambio climático desafía nuestros medios de subsistencia y podría alejarnos aún más del ansiado desarrollo.