El 2019 se inició el periodo de gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. La llegada al poder del líder de la ultraderecha dejó como consecuencia una desastrosa gestión de la pandemia por COVID-19 en el país. A finales del 2022 las muertes por COVID-19 llegaron a 693.853, lo que corresponde al 10% de las muertes mundiales. Además de esto, las políticas de seguridad social fueron mermadas a través de una gran reducción financiera, teniendo como resultado la pérdida de calidad de vida de la población. A modo de ejemplo, la II Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria de Brasil estimaba que al 2022 un 30% de los brasileños sufre inseguridad alimentaria moderada o grave.

Una comisión experta del Ministerio de Salud de Brasil concluyó que sólo el 71% de la población objetiva fue vacunada contra la polio el 2021, la cobertura más baja desde 1995. Además, señalaron que entre 2019 y 2021, la mortalidad materna aumentó de 55 muertes por 100.000 nacidos vivos a 110 muertes.

Bolsonaro promulgó en su periodo una serie de normas que, entre otras cosas, exigían a los médicos a llamar a la policía cuando se solicitaba un aborto por violación, el cierre del Departamento de VIH del Ministerio de Salud y la suspensión de subsidios financieros para alimentación y vivienda de los sectores más empobrecidos.

Además de estos efectos concretos, se instaló en el mundo sanitario de Brasil la defensa de información falsa y contraria a la evidencia científica por parte de las autoridades de salud. Mejor ejemplo de esto fue el mensaje de Bolsonaro en una cadena nacional, donde señaló que “los informes oficiales de Reino Unido sugieren que las personas vacunadas por el COVID-19 desarrollan síndrome de inmunodeficiencia adquirida mucho más rápido de lo previsto”.

El actual gobierno de Brasil creó una Comisión de Transición para el Sistema de Salud, en un esfuerzo por reconstruir el Sistema Único de Salud del país. Su coordinadora especialista de la Fundación Fiocruz señaló que los primeros meses deberán reorganizar el Ministerio de Salud para otorgar una base de funcionamiento a los programas sanitarios que fueron suspendidos durante el periodo de Bolsonaro.

Además, declaró que las devastadoras consecuencias en salud del gobierno de Bolsonaro son “una advertencia al mundo para mostrar cómo es posible deconstruir en un corto periodo de tiempo un sistema de salud completo”.

En Chile, el próximo 17 de diciembre nos enfrentaremos a un nuevo plebiscito para refrendar la segunda propuesta constitucional. Un texto elaborado por un Consejo Constitucional donde los sectores de derecha y ultraderecha hicieron valer su mayoría absoluta. La propuesta tiene como eje principal la constitucionalización de la elección individual y el derecho a propiedad como única orientación posible para la construcción de políticas públicas. Esto tiene como efecto una restricción exagerada para la elaboración de iniciativas que garanticen derechos básicos como educación y salud.

En esa línea, el Artículo 22 define que las cotizaciones obligatorias de salud tienen que ser portables entre el sistema público y el privado, esto quiere decir que constitucionalmente queda prohibida cualquier solución de solidaridad para los seguros de salud.

A modo de ejemplo, esta norma volvería inconstitucional la propuesta de la comisión técnica en salud del Senado liderada por Emilio Santelices (ex ministro de Salud de Sebastián Piñera) para resolver la crisis de las Isapres. “La esencia o inherente a toda institución aseguradora, la solidaridad o la mutualización, que opera a través de subsidios cruzados entre los distintos beneficiarios”, se señalaba en el informe de la comisión para justificar la incorporación de solidaridad entre los afiliados de Isapres, con el fin de reducir la deuda de la aseguradoras privadas.

Los mismos referentes políticos de derecha que celebraron la propuesta y criticaron al gobierno por no incorporarla en la Ley Corta de Isapres, hacen campaña por aprobar la propuesta constitucional que vuelve imposible la generación de un sistema solidario.

La Superintendencia de Salud modeló distintos escenarios posibles para que las Isapres logren un equilibrio financiero. Éstos no consideran la solidaridad entre los cotizantes como alternativa, y estiman que las Isapres abiertas deberán subir el precio base de sus planes en un 30% en el mejor escenario, hasta el 94% en el peor.

Esto implica que la nueva propuesta constitucional genera condiciones para que los afiliados de Isapres paguen la crisis, declarando inconstitucional una solución en base a la solidaridad que ha sido recomendada por expertos de todos los sectores políticos. Además, cierra el camino a cualquier posibilidad de reforma a nuestro alicaído sistema de salud.

En definitiva, la propuesta blinda constitucionalmente un sistema de salud en crisis y genera condiciones reducidas o nulas para introducir criterios de solidaridad, que son la base de todos los sistemas de seguridad social en el mundo. Como muestra, valdría decir que el sistema de salud canadiense sería inconstitucional en Chile si se aprueba el nuevo texto.

Otro elemento relevante para el sector salud en la nueva propuesta es la incorporación de la objeción de conciencia a nivel institucional. Esto podría respaldar constitucionalmente que una cadena de farmacias se niegue a vender la “píldora del día después” porque va en contra de los principios de la empresa, o que establecimientos privados se rehúsen a entregar preservativos. También permitiría que el personal de salud pueda negarse a nivel institucional a atender a parejas del mismo sexo, como también a niños, niñas y adolescentes fuera del matrimonio.

Esto significaría un retroceso de más de dos décadas para Chile, que tuvo que enfrentar una demanda en el Tribunal Constitucional para permitir la venta de la píldora del día después en las cadenas de farmacias, así como años de movilización para lograr la despenalización del aborto en las tres causales actualmente permitidas. La nueva propuesta constitucional busca, como Bolsonaro en Brasil, perseguir a los profesionales de salud que no denuncien a la policía a las niñas violadas que busquen realizarse un aborto.

Fuimos testigos de los devastadores efectos en salud del extremismo ideológico como motor de las políticas públicas. Hoy nos enfrentamos a una elección en que no está en juego una solución a las demandas históricas de la sociedad, sino la necesidad de frenar el mayor retroceso en salud de la historia de Chile.

El avance de programas de salud con grandes resultados en el bienestar de la población podrían ver su fin por una Constitución que no se basa en la evidencia científica, sino en retomar la transformación neoliberal y conservadora religiosa del país. Creemos con convicción que esta propuesta es un asedio a los esfuerzos que miles de trabajadores y trabajadoras de salud realizan diariamente para lograr una atención de calidad y accesible para toda la población.

Por estas razones, votar En Contra es un deber para frenar el deterioro de la tradición sanitaria chilena y generar las condiciones para seguir luchando por un sistema de salud público, universal, gratuito y de calidad.