Ante la divulgación pública de los avances en la propuesta de gobierno respecto a la modernización del financiamiento de la educación superior, las reacciones no han tardado.

Algunas de las voces que se han manifestado, en especial en la derecha, insisten en que cualquier tipo de solución a las deudas estudiantiles pone en riesgo el pacto fiscal y compromete recursos que el Estado hoy no tendría a su disposición. Insisten en la colisión de esta agenda de modernización con las necesidades de la educación escolar pública y con otras urgencias sociales, acusando un supuesto déficit de priorización de parte del gobierno. O directamente pelean con molinos de viento señalando que una condonación total del Crédito con Aval del Estado (CAE) es imposible, asumiendo que aquella es la propuesta que se discute.

En muchas de estas posiciones se evidencia más el deseo de generar confusión, mezclando interesadamente temas que tienen poca relación entre sí, que abrir un diálogo respecto a la necesidad imperiosa de abordar un cambio necesario del sistema de financiamiento de la educación superior.

Lo cierto es que el gobierno hasta aquí solo ha indicado que durante el próximo año presentará un proyecto para abordar la modernización del financiamiento, derogando el CAE. Ello contemplaría, como medida reparatoria, condonar parte de las deudas estudiantiles, siempre con el objetivo principal de terminar con el endeudamiento ante la banca como instrumento de política pública. La condonación no aparece ligada a ninguno de los acuerdos asociados al pacto fiscal, que son explícitos en priorizar las urgencias en educación escolar, salud y la agenda de seguridad. Además, en ninguna de las expresiones públicas del gobierno se señala que el CAE sea el principal y único foco de una reforma en la educación superior.

No hacer nada por modificar la arquitectura del sistema de financiamiento supone que el Estado siga desembolsando miles de millones de pesos en pagar a los bancos sobrecargas y garantías por la morosidad de créditos que son reconocidamente incobrables. En la actualidad, el 60% de los deudores del CAE se encuentran en morosidad y estas deudas son cubiertas por el Estado, y de no mediar modificación seguirá siendo así. Además, las instituciones de educación superior se ven obligadas a provisionar recursos, que bien podrían utilizar con objetivos educativos, por las garantías a los bancos de estudiantes en riesgo de morosidad prolongada, sumando una presión adicional a las complicaciones financieras de muchas instituciones. De no abordar el problema del CAE seguiremos atados a un sistema de financiamiento ineficiente para el fisco e ineficaz para la labor de nuestras instituciones de educación superior.

Para cerca de dos millones de hogares las deudas por estudiar acompañan el sobreendeudamiento que pesadamente afecta los esfuerzos por llegar a final de mes de las familias de sectores medios y medios bajos de nuestra sociedad. En la injusticia del diseño de este crédito, las deudas son declaradas persistentemente como imprescriptibles en nuestro sistema judicial, lo que perpetúa las consecuencias de este mal diseño en la vida de muchas de estas familias.

La modernización del financiamiento es un compromiso de este gobierno, pero sobre todo una necesidad para que nuestro sistema de educación superior pueda avanzar. Las autoridades han insistido en la necesidad de la modernización como eje de su propuesta, que se acompaña de una política de reparación justa de las consecuencias de los créditos, considerando tanto el comportamiento de pago como las condiciones complejas de morosidad. Es de justicia abordar la solución con altura de miras, sin desdibujar interesadamente el propósito de la propuesta.

Existe por tanto la necesidad de una discusión pública sobre las alternativas, que reconozca en la condonación un asunto de justicia, a la vez que se avanza en una nueva política de financiamiento de la educación superior que pueda ser sustentables en el tiempo y más eficiente que un sistema de crédito que se ha demostrados costoso para el fisco, las instituciones y las familias.

Avanzar en esto es un asunto de responsabilidad. Al contrario de lo que propone la derecha, la única irresponsabilidad sería continuar con el endeudamiento como una política pública, instrumento que a todas luces se ha demostrado agotado.