Durante el transcurso de la semana pasada el Gobierno anunció el diseño y futura presentación de un plan por parte del ejecutivo para poner fin al CAE y crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, proyecto que ya había sido anunciado en el programa político de la campaña presidencial del año 2021.

Desde las carteras de Educación y Hacienda han sido claros con la puesta en marcha de lo que sería el fin del Crédito con Aval del Estado, política de financiamiento de la educación superior que fue llevada a cabo el año 2006 en el gobierno de Ricardo Lagos. Por su parte, el Ministro Marcel fue enfático en dar cuenta de que existe un tema pendiente en cuanto al financiamiento y los estudiantes que ya han estudiado con el crédito y quienes eventualmente lo harían en un futuro y que es un compromiso del actual gobierno. El subsecretario de educación superior Víctor Orellana, dio cuenta de que la superación del CAE y el tener un plan de condonación es para, en el medio plazo, gastar menos y destinar esos recursos al desarrollo de la educación superior.

El proyecto de ley que pretende presentar el gobierno contempla por un lado un nuevo mecanismo que reemplace, unifique y simplifique los mecanismos de becas y créditos actualmente existentes, junto con aliviar la carga que enfrentan las actuales deudoras y deudores educacionales. Los principios rectores de esta política son la justicia educativa, concibiendo la educación como un derecho compensando a quienes se han visto perjudicadas y perjudicados, la progresividad, atendiendo las diferencias en los ingresos de las personas, la gradualidad, llevándose a cabo en un lapso de tiempo que sea sostenible fiscalmente, coherencia, libertad de elección para adherirse o no al plan propuesto y por último la responsabilidad fiscal.

En los últimos días se han escuchado diversas voces, tanto de la oposición como del oficialismo, expresando legítimas preocupaciones de índoles técnicas y políticas en relación con el fin de las deudas educativas y la implementación de un nuevo sistema de financiamiento. Algunas de estas voces incluso han concluido que estas medidas no deberían ser prioritarias ni para el gobierno actual ni para la ciudadanía. Sin embargo, esta perspectiva no solo va en la línea de menospreciar la relevancia política de un compromiso programático, sino que ignora deliberadamente el hecho de que muchas dirigencias de primera y segunda línea en el actual gobierno provienen de movimientos que han abogado históricamente por estas transformaciones.

Además, este enfoque resulta contradictorio con los datos de la encuesta CADEM de julio de 2023, que coloca la "condonación de la deuda del CAE" en el cuarto lugar entre las reformas prioritarias según la percepción de la ciudadanía, desafiando la idea que postulan estos sectores de que carece de relevancia política.

No contemplar la eliminación de la actual deuda educativa y el sistema que la perpetúa, y que ha dado origen a la precariedad de quienes recurren a ella para estudiar, contrasta incluso con las acciones llevadas a cabo en economías más liberalizadas, como Estados Unidos, donde en la primera mitad de este año se condonó la deuda de cerca de 800.000 estudiantes.

Cuando examinamos la ley de presupuesto destinado al CAE desde el año 2023 hasta el 2024, notamos un crecimiento de 4 puntos, alcanzando más de 830 mil millones de pesos en este último año. Este aumento se atribuye principalmente al pago de garantías a bancos debido a la persistente morosidad de los egresados, una tendencia preocupante que ha mantenido su constancia desde el año 2017. Es igualmente inquietante observar que al cierre del 2022, existían más de 1.8 millones de personas endeudadas con créditos donde participa el Estado.

Lo que en su momento resultó una “innovadora” reforma en la que se confió la posibilidad de que el Estado controlara al mercado resultó siendo al revés. Este tipo de endeudamiento ha acarreado consecuencias negativas para el Estado, el Sistema de Educación Superior y, sobre todo, para los deudores educativos y sus familias. Es imperativo fortalecer y dar oído a las voces que abogan por esta transformación, destacando la importancia de la responsabilidad fiscal, gradualidad y progresividad, principios que el gobierno ha enfatizado en relación con este tema.