“Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”: más que consignas, un compromiso ineludible por parte del Estado para evitar revivir los horrores de la dictadura cívico-militar que marcó a nuestro país. Pero este compromiso no puede quedar sólo en palabras bonitas. Necesitamos pasos concretos, acciones reales que permitan preservar nuestra memoria colectiva y avanzar hacia más verdad, más justicia, más reparación y contundentes garantías de no repetición. De eso se trata el Plan Nacional de Búsqueda.

En la última cuenta pública el Presidente Gabriel Boric se comprometió con una agenda para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado. Entre las propuestas destaca el Plan Nacional de Búsqueda, para el cual se aprobó un presupuesto de MM $1.846 de pesos para iniciar sus operaciones en 2024. Estos recursos se destinarán a esclarecer desapariciones forzadas y muertes, reconstruir las trayectorias de las víctimas, establecer responsabilidades criminales, y ubicar, recuperar e identificar a las personas desaparecidas. Además, busca fortalecer la memoria histórica, prevenir la repetición de violaciones a los derechos humanos y promover la conciencia pública sobre la importancia de la verdad y la justicia. Todas estas tareas esenciales nos acercan a la verdad que el Estado adeuda a las familias de las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Porque no estamos todos/as, aún faltan las y los detenidos desaparecidos.

Los esfuerzos que se realizaron durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024 en esta materia son pasos concretos hacia el fortalecimiento de nuestra democracia y la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, las derechas no desperdiciaron la oportunidad de mostrar su negacionismo en esta instancia. Presenciamos cómo intentaron negar recursos para los Sitios de Memoria. Afortunadamente, la cordura y el sentido común de quienes defendemos la democracia prevalecieron en la última fase de la tramitación del presupuesto, asegurando así la preservación de la labor de estos sitios.

Sin embargo, el negacionismo no descansa, la amenaza persiste y es imperativo permanecer alerta. Aún hay quienes niegan la verdad histórica, documentada en el Informe Rettig, la Comisión Valech I y II, y aquellos que justifican el quiebre de la democracia y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Además, observamos cómo los derechos humanos están bajo amenaza con la propuesta de un texto constitucional refundacional y conservador, que busca otorgar impunidad a criminales de lesa humanidad. No podemos permitir esto.

Nos estamos despidiendo del 2023, el año en el que conmemoramos los 50 años del Golpe de Estado. Efectivamente, estamos avanzando y eso es una gran noticia para Chile. Pero las deudas siguen siendo múltiples, y el negacionismo está presente. Por lo mismo, debemos continuar los esfuerzos por impulsar la agenda legislativa relacionada a los 50 años anunciada por el Gobierno, fortalecer la preservación de la memoria con una Ley de Sitios de Memoria que garantice su labor, existencia y trascendencia para futuras generaciones y más. El llamado es a seguir luchando. Que las deudas del pasado nos guíen, en el presente, hacia un futuro donde nunca más en Chile repitamos esa capítulo de nuestra historia.