La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su edición 28 (COP28), se desenvuelve en un escenario mundial marcado por tensiones políticas y conflictos armados, a la par de un aumento constante en la demanda de combustibles fósiles que plantea desafíos globales hasta el año 2030. Además, este mismo año, la ONU ha lanzado una advertencia clara sobre el estado crítico en el que se encuentra nuestro clima, manifestado a través de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y una alarmante contaminación atmosférica que causa la muerte de millones personas al año.

En este contexto, la acción de los Estados en avanzar en materia climática debe ser urgente. El acuerdo internacional en esta materia ha sido que cada Estado determine de manera soberana los compromisos que adquiere, con miras a avanzar hacia sociedades capaces de enfrentar los riesgos aparejados al cambio climático y mantener condiciones que permitan seguir habitando el planeta.

Nuestro país es altamente vulnerable al cambio climático y enfrenta diversos riesgos, desde el aumento de las temperaturas, la escasez de precipitaciones hasta fenómenos extremos como tsunamis, terremotos, incendios y aluviones que afectan a miles de personas. Y pese al liderazgo que ha mostrado en materia climática a escala internacional, aún existe retraso en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCM, 21455).

Esta ley dictada el año 2022, pretende que Chile pueda hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático y transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Para estar operativa y cumpliendo sus objetivos, se estableció en la ley la necesidad de introducir reformas normativas, que debían estar dictadas al año de su publicación, sin embargo, según el estudio Acción Climática elaborado por la Fundación Ciudadanía Inteligente (FCI), junto con el Centro de Resiliencia del Clima CR2 y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con la colaboración del Centro de Derecho Ambiental (CDA), "Nuestra América Verde" (NAVE) y la ONG FIMA, falta avanzar 35,9% en su implementación.

Informar sobre el progreso de esta ley y determinar si se han dictado las normas necesarias para su plena vigencia como lo hace la plataforma  Accionclimaticachile.cl, permite a la ciudadanía contar con herramientas claras para exigir a las autoridades el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Sobretodo cuando estudios evidencian las preocupaciones de la población chilena respecto al cambio climático, como Datavoz, encargada por la ONG FIMA, donde 71% de las personas respondieron que el cambio climático afecta su vida. Igualmente la consultora internacional Ipsos, que en su reciente informe  “Día Internacional de la Tierra 2023”, informó que 68% de las personas encuestadas en Chile cree que si el gobierno no aborda el cambio climático le falla a la ciudadanía.

Para lograr una gobernanza climática que refleje coherencia entre los discursos internacionales y la implementación efectiva a nivel nacional y local por parte de los Estados, es esencial contar con ciudadanas y ciudadanos empoderados. Este empoderamiento se fundamenta en la disponibilidad de información clara, veraz y sencilla, la cual puede capacitar a la población para exigir a los gobiernos un progreso decidido en la protección frente a los desafíos y riesgos asociados al cambio climático.