Este lunes el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, le puso fecha al proyecto de ley que ingresará el Ejecutivo para terminar con el modelo del Crédito con Aval del Estado (CAE) y, consecuentemente, a la condonación de la deuda que mantienen los estudiantes que accedieron a él.

Orellana, en conversación ADN, sostuvo que la “salud financiera” de la educación superior ha debido estabilizarse durante los últimos años a raíz de la implementación del mecanismo que ha reemplazado a “otras formas de financiamiento”, como, por ejemplo, el cuestionado crédito.

“El CAE ha sido una política pública que no nos ha dado el resultado esperado, por eso tenemos el compromiso, y lo ha ratificado el ministro (Mario) Marcel, de presentar un proyecto que va a terminar con el CAE, durante la primera parte del próximo año, antes del próximo ejercicio presupuestario, que va a traer también un plan de condonación, como fue el compromiso”, afirmó el subsecretario.

Se trata de un anuncio del Ejecutivo generado luego de que sectores del oficialismo emplazaran al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a avanzar en un proyecto que termine con este mecanismo de financiamiento, tal como lo indica el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Esto no da para más, es urgente; el CAE es una mala política pública que endeuda por montos millonarios y, además, es ineficiente. Ministro (Marcel), hay que crear una nuevo sistema de financiamiento a la Educación Superior”, sostuvo en la discusión de la Ley de Presupuesto la diputada Camila Rojas (Comunes).

Lo que se espera del proyecto

Según comentan desde el oficialismo, el gobierno ya lleva tiempo diseñando el proyecto de ley comprometido para el 2024, de hecho aspectos de la iniciativa ya han sido sociabilizados con parlamentarios para concitar el respectivo apoyo en el Congreso.

Algunos de estos puntos clave serían la progresividad de la condonación de la deuda, el diseño de un nuevo modelo de financiamiento (ampliar la gratuidad) y la búsqueda de un criterio técnico para determinar qué casos serán prioritarios en el perdonazo.

En ese sentido, la vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, Sabina Orellana, sostiene que es indispensable que para la elaboración de la ley se utilice el diagnóstico socioeconómico de los deudores del CAE realizado durante 2022.

“Este permite identificar características de los deudores, sus ingresos, su situación laboral y nivel de morosidad que llevan acumulado. Esto podría ayudar a diseñar una condonación justa, progresiva y gradual, que priorice a los jóvenes más vulnerables y excluidos del sistema educativo”, asegura la vocera de la Confech.

Respecto del nuevo sistema de financiamiento, Orellana dice que, además de proveer condiciones de equidad y dejar fuera al lucro, también debe quedar al margen el rubro bancario, que hoy recibe los recursos provenientes del modelo CAE.

“Hoy los bancos acumulan varios millones de pesos gracias a la llamada ‘recarga’, que consiste en que los bancos presten dinero a los estudiantes a cambio de que luego el Fisco compre algunos de esos créditos", comenta.

Según sus palabras, esto "genera tanto una carga insostenible para el Estado, como para los estudiantes”.

Discusión en el Congreso

Pese a las críticas que ya ha levantado la derecha, la diputada de Convergencia Social (CS), Emilia Schneider, quien integra la Comisión de Educación de la Cámara, asegura que existe una “convicción transversal” en el Congreso sobre la necesidad de avanzar a un nuevo modelo.

“Yo he visto que la derecha, y otros sectores fuera del gobierno, como el PDG, tienen conciencia de la importancia de terminar con las deudas educativas, así lo han dicho en la Comisión y también algunas voces en el Senado”, comenta a El Desconcierto la diputada.

En ese sentido, la responsabilidad fiscal —dice Schneider—será un aspecto central en el proyecto para que concite un amplio apoyo en ambas Cámaras.

Además, respecto a los dichos del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien tildó como “política regresiva” una eventual condonación, la diputada se muestra crítica. “No creo que sea una política regresiva, sobre todo si miramos que las personas que podrían verse beneficiadas de una política como esa son de clase media o media baja, porque son esas franjas de la sociedad las que sufren con estos abusos”, asegura.