¿Milei o Massa?: Argentina vota entre el negacionismo climático y continuar el extractivismo
Argentina vivirá unas elecciones presidenciales históricas en un contexto sumamente complejo: la inflación anual llegó al 138% en septiembre, el 40,1% de la población vive bajo la línea de la pobreza, la deuda externa presiona sobre las políticas a tomar, y una prolongada sequía ya ha causado más de 14.000 millones de dólares de pérdidas para el sector agrícola sólo en la temporada 2022/23.
En medio de ese difícil contexto económico, se suma la desilusión en la ciudadanía por las políticas del gobierno del actual presidente Alberto Fernández y las deudas dejadas por el anterior gobierno de Mauricio Macri.
Tras la primera vuelta, el país deberá elegir entre el candidato de extrema derecha Javier Milei y el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernandez, Sergio Massa.
El conservadurismo social y las posiciones políticas de Milei han generado polémicas, como su postura contraria al aborto, su negación del cambio climático y sus propuestas para legalizar el comercio de órganos humanos. También ha tocado un terreno muy sensible al cuestionar el número de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
En vísperas de las elecciones, Diálogo Chino analiza la posición de ambos candidatos presidenciales sobre cuestiones clave relacionadas con el cambio climático y el medioambiente, basándose en las plataformas electorales de sus partidos, sus propuestas de campaña y los dos primeros debates oficiales que han tenido lugar en octubre. También escuchamos la opinión de organizaciones ambientalistas sobre estas propuestas. Ninguno de los equipos de prensa de los candidatos respondió a las solicitudes de entrevista.
Clima: lo que Milei niega
Mientras Sergio Massa ha dejado claro su reconocimiento del cambio climático y del consenso científico sobre sus causas y ha hecho mención a la necesidad de actuar, el negacionismo de Javier Milei ha alarmado a las organizaciones ambientalistas.
Al igual que Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil ―a quienes considera sus referentes― y ya previo a iniciar su candidatura a presidente, Milei había expresado un rotundo negacionismo del cambio climático con argumentos variados como “ser otra mentira del socialismo”.
En el segundo debate presidencial el 8 de octubre, Milei sostuvo que lo que niega no es el cambio climático en sí sino su causalidad humana. Es decir, no desconoce que haya un aumento de temperaturas sino que atribuye su causa a las fluctuaciones naturales del clima, pese al abrumador consenso científico sobre el papel dominante de las actividades humanas en el impulso del cambio climático.
Basado en ese negacionismo y sin mención a la acción climática en su plataforma electoral, La Libertad Avanza eliminaría el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esa medida es considerada como no admisible desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una ONG argentina.
En un reciente documento con propuestas ambientales de cara a las elecciones ―en el que no menciona a los candidatos por su nombre― FARN describió al ministerio como “un área clave para la definición de políticas que afectan el ambiente y la calidad de vida de la población. Más allá de los resultados de su gestión, es un instrumento institucional necesario”.
Ramón Cruz, ex presidente de Sierra Club, una organización ambiental estadounidense, ofrece un cuento con moraleja de la era Trump sobre los impactos de una presidencia negacionista del cambo climático: “El daño fue mucho peor de lo que pensaba. Internacionalmente, le quitó fuerza y legitimidad al proceso del Acuerdo de París. Domésticamente, desmanteló un andamiaje regulatorio que había tardado unas cuatro décadas en formarse”.
La activista juvenil brasileña Paloma Costa describe daños similares causados por Bolsonaro en Brasil. Señala impactos negativos como la desinformación y la polarización, el descrédito de la ciencia y las dificultades para los defensores del medioambiente y los que trabajan en oficinas de temática ambiental..
Energía: todos con Vaca Muerta
El sector energético es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera en Argentina. Puntualmente, contribuye a más del 50% de las emisiones del país. El 88% de la energía producida procede de combustibles fósiles. El sector es considerado por los dos espacios políticos como fundamental para el desarrollo productivo del país y para salir de la crisis económica actual, pero con algunas diferencias.
La Libertad Avanza ha afirmado que incentivará las inversiones en petróleo y gas ―sobre todo en el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén― para “generar ingresos en divisa extranjera“. También ha sugerido que abriría el sector del gas a nuevas privatizaciones, incluida la participación del gobierno del 51% en la empresa energética estatal YPF.
Unión por la Patria también ha apoyado la expansión de Vaca Muerta, tanto en su campaña electoral como durante su mandato. La coalición ha dicho que promoverá la transformación de la industria petroquímica. En el segundo debate presidencial, Massa dijo que consideraba el gas como una “energía renovable”, que Argentina debería explotar “para que el país sea uno de los grandes jugadores mundiales”.
Las figuras de los sectores medioambiental y energético han reaccionado con sentimientos encontrados ante este consistente abrazo a los combustibles fósiles por parte de los candidatos. “Ojalá no se explotaran más hidrocarburos, pero hay que tener en cuenta el contexto actual y trabajar en una estrategia de una mayor diversificación de la matriz energética”, opina Lara Beinstein, consultora en economía y energía argentina.
Sol Aliano, consultora en energía y cambio climático, argumenta: “Los por qué de tanto foco en Vaca Muerta en un contexto de crisis climática son complejos. No se puede despreciar al lobby de petroleros y gasíferos y el país tiene una trayectoria e infraestructura histórica en hidrocarburos. No se termina de poner en valor la amenaza de la crisis climática”.
La promoción de las energías renovables aparece como una meta enunciativa de menor relevancia en las propuestas de los candidatos, sin que hasta ahora se hayan mencionado objetivos concretos, para frustración de las organizaciones ecologistas. “La respuesta, sin duda alguna, no es la expansión de la infraestructura ni de los yacimientos de explotación de hidrocarburos. El gas sigue siendo un combustible fósil y, por más que se lo conceptualice como ‘puente’ y se lo promueva como solución, es parte del problema”, denuncia FARN.
El hecho de que el sector energético sea de importancia para la economía del país y la necesaria reducción de emisiones abre interrogantes en función de las propuestas de los candidatos. ¿La dolarización de Milei sería beneficiosa para estas actividades productivas? “No veo oportunidades, veo más desafíos. Cómo podrás tomar decisiones si no podrás decidir sobre tu moneda. Algunos dicen que estabilizaría la inflación. Yo creo que es perder soberanía”, sostiene Aliano.
Litio: un salvavidas y un desafío
Aunque la extracción de combustibles fósiles es un tema central para los candidatos, la transición energética figura en sus campañas en línea con los recursos de litio del país, como mineral central para la movilidad eléctrica y las baterías. La minería para su extracción supone un impacto ambiental y una resistencia por parte de las comunidades originarias que habitan allí donde se encuentra el recurso.
La explotación de litio aparece en las propuestas de los candidatos presidenciales. Milei incentivaría las inversiones en litio para que ingresen divisas, mientras que Massa ve en el litio un impulso para la economía y la industria nacionales. En la plataforma de Massa se habla de “acompañar el desarrollo de la minería ‘sostenible’, como puntal del desarrollo regional y nacional preservando el cuidado del ambiente”.
Las organizaciones ambientalistas, sin embargo, mantienen la cautela. Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de FARN, dice a Diálogo Chino: “América Latina cuenta con enormes reservas de litio, pero no tiene la capacidad para transformar ese mineral en baterías, ello ocurre en fábricas que se ubican en otros países. Entonces, otra vez los países de la región se ven envueltos en esa necesidad de extraer minerales para exportar”.
A ello, la investigadora suma otros dos desafíos: la falta de información sobre el impacto ambiental de la actividad, sobre los salares, sobre el funcionamiento del sistema hídrico que pueda ser utilizada en los procesos de toma decisión, incluso los de acción climática, y el presunto no respeto de los derechos de las comunidades originarias locales por participar del proceso de toma de decisiones, por ser consultados con consentimiento previo e informado.
En el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos celebrado en Santiago de Chile la semana pasada, Clemente Flores, habitante de la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, expresó: “Vemos con preocupación lo que quiere hacer el Estado para vulnerar los derechos de las comunidades. Hemos visto cómo las empresas extranjeras llegan con el apoyo del Estado, en lugar de apoyar a las comunidades que venimos trabajando en defensa del territorio y del agua. Están sacrificando a las comunidades para vender que será la energía para salvar al planeta.”
Las relaciones con las comunidades, la consulta y los beneficios en torno a los recursos del litio no se mencionan en las propuestas de ningún candidato.
Agricultura: aprovechar su potencial y frenar la deforestación
La agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra componen la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina con un casi 40% del total.
Si bien hubo poca profundización sobre las propuestas para estas actividades, La Libertad Avanza propone “buenas prácticas” en la agricultura que tengan en cuenta la “sostenibilidad del suelo y la preservación del medioambiente”, acciones que pueden entrar en contradicción con la promesa de Milei de eliminar el Ministerio de Ambiente de Argentina.
Unión por la Patria se comprometió a desarrollar “nuevas políticas agrarias para consolidar el liderazgo mundial del sector” y a incorporar nuevos avances tecnológicos, sin ofrecer muchos detalles.
Massa se compromete a cumplir el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático del país de 2022. Milei no menciona políticas específicas que se aplicarían para una mejor adaptación del sector a los impactos presentes del cambio climático ―como sequías o inundaciones― y para una modificación de sus procesos para que reduzcan las emisiones que generan.
FARN, por su parte, afirma que estas omisiones son problemáticas dada la magnitud de los retos climáticos. “Es necesario transformar el sistema agropecuario industrializado ―orientado a la producción de commodities y no de alimentos, y librado a la volatilidad de los precios del mercado internacional en materia de exportaciones y de insumos― e impulsar las prácticas agroecológicas para la restauración de los suelos, el aumento de la resiliencia de los sistemas frente al cambio climático y la disminución de las emisiones”, propone FARN a los representantes políticos.
La agenda ambiental de Massa incluye frenar la deforestación ilegal de bosques nativos y aumentar progresivamente el financiamiento previsto en la Ley de Bosques, ley que, desde su sanción en 2017 e independientemente del color político del gobierno en curso, no ha recibido el financiamiento que le correspondía para su implementación.
Durante el segundo debate presidencial, pidió incluir los delitos medioambientales en el código penal del país para que quien “contamine un río, tale un árbol o destruya un humedal” pueda ser condenado a penas de prisión de tres a ocho años. Tales cambios en el código penal también han sido promovidos por FARN.
Compromisos internacionales: cumplirlos (o no)
Argentina suscribió a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que busca responder a los principales problemas del mundo reunidos en 17 objetivos, desde poner fin a la pobreza hasta garantizar la igualdad de género.
Milei rompería con ese compromiso internacional: “No vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia”. Lo que no respondió puntualmente en el segundo debate es si seguirá el mismo camino que su referente Trump y sacaría al país del Acuerdo de París, el acuerdo consensuado por los países en 2015 para hacer frente al cambio climático.
Hacerlo, y no contar con una política climática sólida, podría presentar obstáculos para que Argentina acceda al financiamiento internacional para la acción climática. En ese sentido, la agenda ambiental de Massa no sólo propone cumplir con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en lo que hace a la política doméstica, sino también exigir a los países desarrollados cumplir con el compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares en financiamiento climático para los países en desarrollo.
La agenda del actual ministro de Economía incluye propuestas de canje de deuda por naturaleza que permitirían “mejorar las condiciones de deuda, reducir la carga fiscal de deuda en el presupuesto nacional y destinar el ahorro por el canje de bonos en acciones de conservación de ecosistemas, creación de nuevos parques nacionales y equipamiento de los parques existentes”. Una propuesta que depende de cómo continúen las discusiones globales sobre modificar el sistema financiero internacional.
FARN explica que la agenda ambiental forma parte de un debate político de gran relevancia alrededor del mundo para promover políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, pero subraya: “Ello requiere de organismos que diseñen, implementen y evalúen políticas públicas acordes, que cuenten con el respaldo de la ciencia”.
El nuevo gobierno asumiría el 10 de diciembre, dos días antes de que finalice la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28.
