En los últimos años, varios estudios han destacado el deterioro de la salud mental en la población chilena, en especial entre los estudiantes universitarios. Esta situación es preocupante no solo debido al aumento en la prevalencia de trastornos depresivos y de ansiedad generalizada, sino también a las dificultades que enfrentan para acceder a servicios de salud que les permitan abordar estos problemas de manera adecuada.

La complejidad de este asunto es innegable, no solo porque amenaza las trayectorias académicas, profesionales y personales de los jóvenes, sino también porque la matrícula en la educación superior ha experimentado un crecimiento constante entre estudiantes de familias con bajos recursos, quienes probablemente carecen de los medios económicos y las redes necesarias para abordar de manera efectiva los problemas de salud mental en este período crítico de transición hacia la adultez, cuando la mayoría de los trastornos mentales tienden a manifestarse.

Abordar de manera oportuna y adecuada los problemas de salud mental representa un desafío fundamental para las instituciones educativas. Esto es aún más relevante considerando los datos presentados por el Primer Diagnóstico Institucional en Salud Mental del Sistema de Educación Superior en 2023, que indican que, a pesar de que el 65% de estas instituciones declara contar con una unidad dedicada a esta problemática, solo el 46% ha llevado a cabo estudios de diagnóstico en esta área, y en su mayoría, estos no se realizan de forma regular. Además, las consultas relacionadas con la salud mental en las instituciones de educación superior llegaron al 78% en 2022.

En este contexto, resulta fundamental desarrollar estrategias basadas en un enfoque biopsicosocial que favorezcan el bienestar integral y promuevan la creación de entornos que ofrezcan apoyo emocional a los estudiantes a lo largo de su proceso de adaptación y permanencia en la educación superior. Esto les permitirá alcanzar su máximo potencial tanto en el ámbito académico como en el personal.

Asimismo, resulta imperativo impulsar políticas públicas que amplíen el acceso a centros de atención especializados, que no generen una carga financiera excesiva para los estudiantes y sus familias, y que funcionen como centros de referencia desde las instituciones educativas; todo ello sin olvidar la realización de campañas de concientización que subrayen la importancia de la salud mental y fomenten la desestigmatización de quienes buscan ayuda.

La salud mental de los jóvenes es un desafío que requiere urgentemente de nuestra atención. Es el momento de invertir recursos en esta área, desarrollar programas de apoyo y proporcionar educación que respalde el bienestar psicológico. Al hacerlo, no solo estaremos allanando el camino hacia individuos más saludables y resilientes, sino que también estaremos contribuyendo a la construcción de una sociedad más sólida y cohesionada.