Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, conmemoró este domingo a las 15 personas cuyos restos fueron hallados en 1978 en una tumba clandestina al interior de los Hornos de Lonquén, en las afueras de Santiago, todos detenidos en octubre de 1973 por la dictadura de Augusto Pinochet, y desaparecidos hasta entonces.

"Este acto de memoria es importante porque nos hace reflexionar además que hay límites que no podemos traspasar. El Estado nunca más puede volver a levantar su mano contra los y las ciudadanas", dijo el secretario de Estado.

En 1978, el deterioro de la imagen de Chile empezaba a ser un hecho: el hallazgo de estos cuerpos calcinados en Lonquén, correspondientes a detenidos desaparecidos, abrió un flanco de duros cuestionamientos por crímenes de lesa humanidad y la comunidad global se aprestaba a aislar a Pinochet.

"Las 15 víctimas de Lonquén, como tantas otras en nuestro país, eran trabajadores, vecinos, personas que se veían a diario, padres, jóvenes que iniciaban sus vidas pensando seguramente en un país mejor. Los acontecimientos de Lonquén sintetizan cómo el ser humano se puede llegar a degradar de una forma tan inmensa, cómo la miseria humana puede no tener límites, cómo un país en definitiva se transforma cuando se rompen las reglas elementales que nos hemos dado de una convivencia democrática", subrayó Cordero.

El despliegue de la dictadura

Un total de 15 campesinos de Isla de Maipo, de entre 17 y 51 años, fueron apresados por Carabineros a las pocas semanas del golpe de Estado cívico-militar orquestado por las Fuerzas Armadas y la derecha chilena, siendo posteriormente asesinados y sus cuerpos arrojados a grandes hornos de piedra.

Las organizaciones rurales, fortalecidas luego de décadas de reforma agraria en Chile, fueron de los núcleos reprimidos con mayor brutalidad por esbirros de la dictadura, entre ellos efectivos de seguridad y civiles cómplices de estos crímenes.

La dictadura de Pinochet dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.

El informe de la Comisión Valech se conoció en noviembre de 2004, durante el Gobierno del socialista Ricargo Lagos (2000-2006), y certificó que más de 27.000 personas fueron víctimas de prisión política, tortura y exilio.

Posteriormente, en el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010) se emitió un segundo informe que sumó casi 10.000 personas más.