En demasía se ha discutido, para bien o para mal, de la propuesta de nueva Constitución que se está cocinando en el Consejo Constitucional, articulado principalmente por el Partido Republicano, en especial en las aristas correspondientes a la protección de “quien está por nacer”, el sistema de salud y de previsión social, entre otras. Sin embargo, poco y nada se ha dialogado sobre la cultura y las artes.

Si bien hace poco fueron aprobados por el órgano constitucional tres (brevísimos) artículos con respecto a “El derecho a la cultura” que reza entre sus artículos: “c) El Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. Asimismo, fomentará la actividad cultural mediante mecanismos de financiamiento, considerando la diversidad local y regional, y garantizando la debida pluralidad de visiones”, el cual contiene más preguntas que resoluciones, si de apoyo “estatal” hablamos.

De hecho, desde antes de estas aprobaciones, referentes del ámbito artístico-cultural expusieron, públicamente, su preocupación ante la falta de criterio y visión en cuanto a la importancia de estas áreas en la propuesta constituyente. Tales fueron los casos de la ex ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, o el filósofo Gastón Soublette quien, con total sabiduría, mencionó: “Creo que la cultura tiene un derecho en su diversidad a estar presente en la Constitución Política de Chile, en nuestra actividad y en nuestras vidas, no solamente tomar en cuenta cuando se dice que hay una excepción para lo que se provoca en los templos religiosos, en los impuestos, por ejemplo, sino que también en las actividades culturales y artísticas”.

Aquella aseveración engloba el grave problema que consagra esta iniciativa constitucional: considerar a la “cultura y las artes” únicamente con un propósito “tradicionalista” y como una consolidación materialista, sin una real intención de reformar el sistema que por tantas décadas a socavado la labor artística, máxime desde la perspectiva del “apoyo estatal” y los concursos públicos que cada vez son enterrados más profundamente por la falta de prolijidad y transparencia.

Nadie dice (y espero que nadie lo crea) que el Estado o la Constitución tengan que prácticamente entregar en bandeja beneficios hasta por caridad al ámbito artístico. Para nada. Sin embargo, sí es menester comprender que una carta magna debe fomentar con mayor asertividad la actividad cultural, entendiéndose no sólo como un bien económico, sino también como una oportunidad de crecimiento a nivel internacional de la imagen chilena.

Manzanas más, manzanas menos, lamentablemente esta propuesta constitucional posee una casi nula visión social de distintas veredas del diario vivir. Lo más peligroso y nocivo, en caso de triunfar la opción “a favor” en diciembre, es que podamos vivir un “apagón cultural” disfrazado de “garantías constitucionales”, manteniendo las proporciones del contexto en que se acuña el término.