Este año se cumplen 6 años desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) conocida como "Aborto en 3 causales". Los datos indican que hasta fines de la primera quincena de septiembre de este año, 896 mujeres han acudido a esta ley debido a la tercera causal de violación. Esta causal concentra a las mujeres más jóvenes, de hecho, en su mayoría son niñas menores de 13 años.

Sin comprender esta realidad, el Consejo Constitucional aprobó enmiendas que, entre otras cosas, protegen "la vida de quien está por nacer", poniendo en riesgo así la vigencia de la actual normativa. Los consejeros constitucionales que promovieron estas enmiendas olvidan toda la historia de lucha que ha significado contar con una ley que reconozca nuestros derechos sexuales y reproductivos y sean las mujeres quienes decidan. Nuevamente nos relegan a un segundo plano, imponiendo una agenda valórica que muchas veces nos resulta ajena.

La situación nos parece preocupante y nos recuerda que nuestras conquistas están siendo amenazadas por los sectores anti derechos. Esto nos impulsa a seguir alzando la voz, pues no es una opción retroceder en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Debemos avanzar en la legislación y dar protección, sobre todo a las infancias cuyos derechos deben estar en el centro del debate. Aquellos que hablaban de libertad y de "los niños primero" son los mismos que quieren arrebatar el derecho a decidir y una herramienta que protege principalmente a niñas y adolescentes.

En el Día por la Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto, es imprescindible reflexionar y recordar que el acceso al aborto es un derecho humano que en Chile actualmente solo está vigente en tres causales. Es una realidad que en nuestro país existen mujeres que, por diversos factores, algunos de ellos relacionados con la pobreza, recurren al aborto fuera de esta ley, a pesar de no contar con protección alguna por parte del Estado.

Hacemos hincapié en la necesidad de medidas y políticas públicas que busquen promover la autonomía de las mujeres y no las criminalicen, proporcionando mecanismos para decidir sobre nuestros cuerpos. Tratar la temática como un asunto de salud pública es también fundamental, ya que la salud sexual de las mujeres y niñas está en juego.

Finalmente, dado que también es un asunto de derecho y acceso a la información, es importante que en Chile se pueda promulgar una Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral (EASI) que reconozca a las mujeres y niñas como sujetas de derechos. Esto es esencial si queremos reducir las actuales cifras de aborto por la tercera causal e involucrar a las familias en este proceso de formación. Busquemos que nuestro país sea más seguro para todas y todos. Pongamos verdaderamente a las niñas primero y no permitamos que, mediante la Constitución que se está escribiendo, queden desprotegidas.