Junto con valorar y confiar en que el Plan de Reactivación Educativa, actualmente en curso, alcanzará sus propósitos, es oportuno e importante preguntarse si Chile cuenta con una Estrategia Nacional para una Mejor Educación, entendida como una política de Estado permanente y no de un gobierno en particular. Quienes nos hemos dedicado de manera sostenida a este campo, responderíamos que, lamentablemente, no es así. O bien, no se visibiliza como debiera.

Es verdad que el país ha realizado un esfuerzo sostenido, desde a lo menos tres décadas por enfrentar un cuadro muy delicado, cuyo diagnóstico y severidad es bastante compartido. Por una parte, en lo positivo, se ha alcanzado hace rato la meta de la plena escolarización, e incluso se ha incrementado el acceso a educación universitaria de jóvenes provenientes de familias que antes no habían tenido esta oportunidad.

En contraste las constantes mediciones nos reportan que, en cuanto a logros de aprendizaje, la curva de avance es marcadamente insuficiente. El impacto de las numerosas políticas y dispositivos desplegados, especialmente desde el aparato fiscal, ha sido muy limitado, según lo muestran los estudios de seguimiento y balance. Los factores recurrentes son múltiples, complejos, interrelacionados… y ¡conocidos! Cientos de investigaciones locales e internacionales ofrecen una comprensión acabada al respecto.

El punto que interesa resaltar es que a pesar de todo lo invertido, lo innovado e implementado, esto no ha estado configurado como una “Estrategia País”, en el sentido que se entiende este concepto en diferentes disciplinas: Un proceso articulado, sistémico y coherente con medios efectivos tendientes a alcanzar, en un determinado plazo, resultados relevantes, factibles y evaluables, los que se renuevan periódicamente para perseguir nuevas metas, cada vez más exigentes y significativas.

La agregación, simultanea o secuencial, de proyectos y programas incluidos, entre otros, los impostergables cambios de condiciones para la profesión docente, de la arquitectura y legislación que enmarca el accionar de las escuelas y colegios, en fin, todo lo mucho que cabe recapitular, no podríamos considerarla como una verdadera estrategia global. El todo no es igual a la suma de las partes, una vez más.

Un hecho adicional que es preocupante es que parecemos no impactarnos ya por la situación en nuestras escuelas y colegios. La sensación de urgencia de esta problemática ocupa un lugar muy abajo en las prioridades que la sociedad civil expresa en reiteradas consultas en los últimos años. En esta línea es llamativo constatar también, por ejemplo, que la conexión entre seguridad y educación ha dejado de relevarse como si fueran territorios independientes.

Las reformas estructurales en discusión, como las constitucionales en el primer y segundo Consejo, las de pensiones y tributarias, son sin duda claves, pero lo que suceda en el terreno educacional repercutirá en lo más profundo de nuestra convivencia y capacidad de desarrollo como país, en todos sus sentidos.

Levantar una robusta estrategia nacional para la mejora educativa, que convoque a todos los sectores, públicos y privados, que sea clara, reconocible y poderosa, que aborde las diferentes variables y facetas, sigue siendo un imperativo irrenunciable si buscamos conseguir efectos sustantivos en un tiempo razonable, según lo han conseguido otras naciones con economías comparables. De lo contrario, como suele decirse, ¿por qué esperamos que al hacer más de lo mismo podemos obtener otros (mejores) resultados?

El contenido y forma de esta estrategia es un trabajo perfectamente posible de configurar con un margen de duración acotado. Chile dispone de docentes, directivos, investigadores y muchos otros actores competentes que, sin duda, se sumarían a este desafío colectivo. De hecho, son innumerables las fundaciones, centros y otras entidades que ya están comprometidas en este propósito.

El citado Consejo para la Reactivación Educativa pudiera, ojalá, ser un gatillador de un esfuerzo más global y continuo que responda a objetivos de mediano y largo aliento. Suena duro decirlo, pero volver al estado que teníamos prepandemia no es para nada suficiente, dada la envergadura del cambio educativo que se requiere.

Afortunadamente se ha invertido en incorporar conocimiento y prácticas internas y externas que nos ofrecen, con las adaptaciones pertinentes, una serie de principios, herramientas y consideraciones técnicas y adaptativas para desarrollar este proceso. No hay, por cierto, una bala de plata para convertirnos en un país de altos estándares educativos, pero si construimos voluntad política sinérgica, cooperación especializada de excelencia e impulso ciudadano, podemos amalgamar las diferentes innovaciones, aquellas que si funcionan. Y así, de manera articulada, en un verdadero proyecto nacional, lleguemos a los resultados sólidos y progresivos que anhelamos.

Los niños y jóvenes de nuestra tierra no merecen menos y ellos, por cierto, son llamados a ser protagonistas y no solo sujetos de este desafío.