Este lunes se cumplirán 50 años desde que Chile comenzó a escribir uno de los episodios más duros y dolorosos de su historia.

El 11 de septiembre de 1973 dio inicio a una dictadura brutal en donde más de 3000 personas perdieron la vida, siendo asesinados o hechos desaparecer por agentes del Estado. Varias decenas de miles fueron torturados, apresados, masacrados, exiliados y exonerados, en la persecución política más feroz que recuerde nuestro país.

Con el retorno de la democracia trajo consigo el acuerdo de la mayoría de los sectores políticos de superar ese pasado, mediante políticas públicas dirigidas a avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, reconociendo el largo recorrido de los familiares de las víctimas de la dictadura. Una decisión no exenta de amenazas y peligros para la renaciente democracia y los nuevos gobiernos, porque aún estaba presente el mismo dictador Augusto Pinochet como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y después como senador designado y las autoridades que habían colaborado o sido designadas en su régimen de horror, aun formaban parte del Poder Judicial, del Congreso y hasta en el poder Ejecutivo.

En esas desfavorables condiciones, se pudo avanzar, en una primera etapa, en conocer la verdad de lo sucedido a través de la Comisión Retig, Valech I y Valech II, que reivindicaron la dignidad de cientos de miles de víctimas, estableciendo la verdad oficial de las sistemáticas violaciones a los DDHH acalladas por 17 años y establecieron condiciones para su reparación simbólica y concreta.

Nuestra transición avanzó en la dignificación de las víctimas de brutales violaciones a los DDHH a tirones, a ratos de manera imperfecta, pero sin leyes de punto final y avanzando siempre con rumbo a la verdad de lo sucedido.

En materia de Justicia, en una primera etapa de la renaciente democracia, con los protagonistas de la dictadura aun manteniendo altas cuotas de poder, vino la prisión del dictador Pinochet en Londres y la renovación de nuestro poder judicial, lo que abrió los caminos hacia la justicia, con abogados y jueces valientes.

Este camino hacia la Justicia aún está abierto y hay que reconocer lo conseguido como los cientos de condenas judiciales de cárcel para la plana mayor de la DINA y la CNI y para muchos que lideraron la represión brutal de la dictadura. Todos estos años ha ido aumentando la población carcelaria de Punta Peuco y Colina 1, en decisiones judiciales tardías pero reales, cuando en el continente hace rato que no hay presos por las dictaduras de los 70 y 80.

Sin embargo, el tiempo transcurrido, 50 años, ha sido un factor de impunidad para esclarecer el paradero de cientos de ejecutados o detenidos desaparecidos que aún no han sido resueltos portal Justicia.

Por eso, hace seis años junto a un grupo de diputados presentamos un proyecto de Ley para que Chile se atreviera a dar un paso más en el camino a la justicia, el cual consistía en permitir que los tribunales del país pudieran alzar el “Secreto Valech 1” y utilizar estos antecedentes en la búsqueda de una justicia en la medida de lo posible, sino que ir más allá de los límites de la justicia posible, porque se lo debemos a miles de familiares que aun marchan buscando a sus parientes.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara, quedando largos años a la espera de ser tramitado en el Senado y, ahora, sabemos que este gobierno presentará indicaciones para reanudar su tramitación con un Plan de Búsqueda y los mecanismos para levantar parcial y voluntariamente el secreto de la ley Valech I.

Como sabemos, el “Secreto Valech”, cerró bajo siete llaves y por varios años todos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la primera Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y, en ella, aún hay antecedentes que puedan ser claves para conocer las trayectorias y paraderos de víctimas de la dictadura.

Hoy a 50 años del golpe de Estado la idea que una vez propusimos, mediante un proyecto de Ley, hoy ha sido recogida por el gobierno, porque entiende que es necesario resolver el dilema en donde nos situó este secreto, que inicialmente buscó la protección de la dignidad de estas víctimas, que legítimamente tienen derecho a no difundir las vejaciones que sufrieron. Sin embargo, al mismo tiempo, estos antecedentes pudieran ser una dificultad o barrera para que la justicia pueda alcanzar estos antecedentes y luego transformarlos en condenas judiciales, significando la generación de un nicho para la impunidad frente a los vejámenes y horrores que sufrieron estas personas en el periodo más oscuro de nuestra historia.

El Secreto Valech debe entenderse como una medida de protección solo para sus víctimas, para que hombres y mujeres que algún día fueron torturados tengan derecho a no ser expuestos y que sus historias de dolor sean debidamente tratadas y resguardadas, pero al mismo tiempo debemos entender que este secreto no puede servir para amparar la impunidad o para justificar que se prescinda de antecedentes clave para dar tranquilidad o consuelo a cientos de familiares de detenidos desaparecidos.

El compromiso de todos los demócratas debe ser con las víctimas, nunca con sus victimarios. Por eso, es imprescindible abrir el debate para reabrir los secretos de la Comisión Valech 1, con los debidos resguardos para las víctimas que prefieran mantener cerrados sus testimonios, haciendo prevalecer la autorización expresa que deben dar los interesados.

Hoy, a 50 años del golpe de Estado, podemos entender que tengamos diferencias sobre cómo interpretar la historia, pero hay temas sobre los cuales no podemos tener diferencias, como que en Chile se violaron derechos humanos, en Chile murieron personas, en Chile se cometieron actos repudiables y deleznables, y en Chile, luego de 50 años, aún no hay justicia.

Sin embargo, dado que todos los antecedentes de la Comisión Retig y Valech II ya han sido accesibles para la Justicia, a mi juicio, no parece realista generar expectativas desmedidas sobre los hallazgos que se puedan encontrar en la Comisión Valech I, de los que accedan a levantar ese secreto, pues se corre el riesgo de generar, lamentablemente, una nueva frustración colectiva para las familias de las víctimas.

Vamos a apoyar con todo este nuevo paso hacia la Justicia, por las víctimas, por sus familiares, por la dignidad de nuestra democracia, por el futuro de nuestra convivencia, que se fortalece y se cohesiona cuando se atiende la sed de justicia de las víctimas y se debilita cuando gana la impunidad de los crímenes más brutales de nuestra historia.