Estamos en una etapa clave para cimentar las bases de una nueva Constitución para Chile. Los debates que se han desarrollado en cada comisión del Consejo Constitucional han traído consigo puntos de unión y desencuentro, siendo una fiel representación de nuestro país, donde conviven distintas visiones que enriquecen la diversidad de todo el territorio.

En ese sentido, y siempre pensando en las urgencias de Chile y en las propias de la región de Magallanes, hemos convergido en avances políticos con respecto a la descentralización y alertado de una serie de retrocesos civilizatorios que ponen en riesgo años de avances en derechos fundamentales de nosotras las mujeres.

La vocación dialogante, que debería ser el motor de cualquier sistema democrático que se precie de tal, es más factible de ser encontrada en algunas temáticas que en otras. En su sentido positivo, en la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado de la cual formo parte ha dado muestras, al menos discursivamente, de poder avanzar en amplios y necesarios acuerdos, como por ejemplo en un Chile descentralizado, donde tanto los gobiernos regionales como locales tengan mayor autonomía para tomar decisiones que vayan en directo beneficio de la comunidad, potenciando con esto una mayor presencia del Estado en aquellos lugares, como Magallanes, que suelen ser afectados por el centralismo histórico de nuestro país.

Sin embargo, este trabajo por llegar a acuerdos y mejorar con ello la vida concreta de las personas de nuestro país no se da en todas las aristas de la discusión constitucional. Un ejemplo de aquello es la posibilidad que bajo preceptos morales de la ultraderecha, se deje abierta la puerta para retroceder al pasado en lo que respecta a los derechos de las mujeres.

Por lo mismo, defenderemos que las niñas violadas tengan la opción de poner término al embarazo, lucharemos por el derecho de las mujeres a caminar seguras por la calle y avanzaremos en la igual participación de mujeres y hombres en política. Estos serían retrocesos civilizatorios que pueden afectar la vida de miles de niñas y mujeres, y dejan de manifiesto la intransigencia del Partido Republicano en la discusión constitucional.

Hoy es más necesario que nunca llegar a acuerdos para avanzar en las urgencias de Chile y no retroceder al pasado como quieren algunos. En este contexto y considerando que son los últimos momentos para debatir sobre las propuestas de modificaciones presentadas por todas las fuerzas políticas con presencia en el Consejo, resulta plausible hacer un llamado a un diálogo sincero que tenga como orientación el crear un texto que sea capaz de representar a la diversidad de nuestro país y esté en sintonía con el anteproyecto redactado por la Comisión Experta, el cual fue firmado por todo el espectro político.

La derecha lleva tiempo instalando que no es posible un acuerdo unánime. Queremos recordarles que el anteproyecto está firmado por todos los partidos, incluyendo el partido republicano y el partido comunista. La política de trinchera que el Partido Republicano ha cimentado sobre algunas enmiendas con alto contenido valórico, pone en riesgo una carta magna que represente a todo el país.