Estas últimas semanas no han sido fáciles en materia comunicacional para dos de las carteras anclas del gobierno y como no, si desde hace un mes que el escenario político está teñido por el Caso Convenios que tiene al gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil en el ojo del huracán. En esa línea el administrativo ha puesto especial énfasis en levantar investigaciones a lo largo de todo el territorio para encontrar la punta de la madeja de este golpe directo a la confianza y a la transparencia del trabajo que realizan las organizaciones sociales del tercer sector en los territorios.

En medio de esto, además, aparecen los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Público, que en una de sus consultas pregunta lo siguiente: “Independiente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?”, señalando que un 62% dice desaprobar y un 27% aprueba. Mientras que un 7% dice no desaprobar ni aprobar y un 4% no sabe o no responde.

Claramente este resultado es parte del costo político que tiene directa relación con los aciertos y desaciertos comunicacionales de este último tiempo, conectado a su vez con las acciones de las autoridades de gobierno que han sabido, o no, hacerse cargo de lo que explotó -muy a pesar de la gestión del administrativo- en las narices de todo el Frente Amplio.

Desde un análisis situacional algunos expertos en temas de incidencia pública señalaron que la entrega de los resultados de la CASEN podrían tanto ser, como no, un salvavidas ante la arremetida de la bancada de oposición en contra del Ministro Jackson, bancada que busca la renuncia o bien el cambio del timonel, y que tampoco descarta una acusación constitucional, poniendo como punto de presión su bajada de la mesa de trabajo sobre el Pacto Fiscal.

Cabe recordar que este 27 de julio el ministro de Desarrollo Social y Familia dio a conocer los resultados de la Casen, instrumento principal de medición socioeconómica y la encuesta más grande que se realiza en el país, la que tuvo lugar entre el 1 de noviembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023, mismo período que en versiones anteriores, para resguardar la comparabilidad. En ese período se logró entrevistar a 72.056 hogares en 70.751 viviendas, contando con información de 202.231 personas.

En cuanto a los resultados, lo más destacado es la baja histórica de la pobreza que se registró en el país. En 2022, la pobreza fue de 6,5%, lo que equivale a 1.292.521 personas. Esta tasa se compone de un 2% (397.963) de personas en pobreza extrema y un 4,5% (894.558) de personas en pobreza no extrema. Cabe destacar que este fue el primer año post pandemia, en donde las representaciones sociales y económicas se comienzan a reconstruir mediante nuevos índices y aspectos con énfasis en el retorno a la presencialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, esta cifra implica una disminución respecto al año 2020 (10,7%) de 4,2 pp. y respecto al año 2017 (8,5%) de 2 pp. La pobreza extrema, en tanto, aumentó de un 2,3% en el 2017 al 4,3% el 2020 y disminuyó a 2,0% el 2022.

Por otro lado, en relación a la pobreza multidimensional, esta registró un valor de 16,9%, lo que implica una disminución estadísticamente significativa respecto al 20,3% que se registró en 2017. Si bien la pobreza multidimensional disminuyó, la carencia en los siguientes indicadores aumentó respecto al 2017 significativamente: ocupación, entorno y trato igualitario.

Respecto al 2020 aumentaron significativamente los indicadores de carencias en: atención en salud y seguridad social, estos último teniendo directa relación con los resultado de la encuesta CEP en la que, con un 42%, lidera la sensación de la ciudadanía respecto a que la situación económica del país, en los próximo 12 meses, no cambiaría en comparación con los índices actuales.

Con respecto a la tasa de pobreza, los datos regionales muestran que entre 2020 y 2022 casi todas las regiones disminuyeron su tasa de pobreza; en el caso de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Magallanes, no hubo variaciones estadísticamente significativas. Mientras la mayor disminución de la tasa de pobreza se presenta en la región de Los Ríos, con 6,1 p.p. (de 12 % a 5,9%) y en La Araucanía con 5,8 pp. (de 17,3% a 11,6%).

Igualmente se señala que las regiones con mayor tasa de pobreza son Ñuble (12,1%), teniendo la consideración que es una región nueva en relación a las demás; La Araucanía (11,6%) y Tarapacá (11,0%). Destacando que en la Araucanía sobresalen aspectos propios a la ruralidad, mientras que en Tarapacá sería el aumento de la población no nacida en el territorio una variable a considerar.

La tasa de pobreza multidimensional en el área rural fue de 28,0%, es decir, 12,5 pp. más que el 15,5% que se observa en el área urbana. Esta diferencia es estadísticamente significativa, ya que en comparación al año 2017, se observa que la tasa de pobreza multidimensional disminuye tanto en el área urbana como rural. En efecto, la tasa de pobreza multidimensional en el área rural disminuye de 36,6% a 28,0%, mientras que en el área urbana la disminución es de 18,1% a 15,5%.

En el 2022 la tasa de pobreza multidimensional en hombres fue de 17,1% y en mujeres fue de 16,8%. Mientras si se hace la comparación entre el 2017 y el 2022 muestra que ambas categorías disminuyeron su tasa de pobreza multidimensional. En efecto, la tasa de pobreza multidimensional en hombres disminuyó de 20,6% a 17,1%, mientras que en las mujeres este indicador disminuyó de 19,9% a 16,8%. Ambas disminuciones son estadísticamente significativas, porque los hogares liderados por mujeres siguen siendo más pobres que los liderados por hombres. Considerando además que la pandemia hizo retroceder en 10 años la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, signo inevitable de desigualdad social, aumentando el trabajo no remunerado y doméstico en mujeres y niñas.

Otro aspecto ha sido el fuerte impacto en el aumento de la desigualdad de ingresos y la respuesta del Estado y el rol de la política social para contener esos aumentos, algo graficado en bonos y asistencias que de alguna u otra forma nos dan un panorama un tanto maquillado del escenario actual, dejando mucho por analizar. En ese sentido cabe esperar que los resultados obtenidos en esta encuesta sean materia de los nuevos lineamientos en la toma de decisión hacia una respuesta adecuada ante las problemáticas sociales.

Lo anterior se observa en la diferencia de los indicadores al medirlos entre los ingresos autónomos y entre los ingresos monetarios (después de transferencias del Estado), indicadores que matizaron la recogida de datos, y que por lo mismo nos dejan la gran pregunta: Estos indicadores a la baja, ¿Se ven verdaderamente reflejados en la economía familiar?