El Tribunal Constitucional acaba de dar luz verde al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, lo que cierra la puerta a un fuerte cuestionamiento de gremios empresariales como Sofofa y CPC que acusaban inconstitucionalidad en el proyecto.

Queda listo así para promulgarse entonces el proyecto, que además de entregar herramientas para perseguir los delitos económicos, presenta avances en materia ambiental, según los especialistas.

Cárcel por delito ambiental

“Lo más importante es que se tipifican y convierten en delito una serie de acciones que hasta ahora no lo son y, por lo tanto, con esta nueva ley se podrá sancionar incluso con cárcel a las personas que cometan acciones contra el medio ambiente y también contra los instrumentos de gestión ambiental”, explica el abogado ambiental Ezio Costa.

Así, Chile se pone al día con respecto a lo que sucede a escala internacional, donde muchos países ya contemplan la existencia de delitos contra el medio ambiente.

La ley suma al Código Penal nuevos delitos denominados “atentados contra el medio ambiente”, que obligan a penas de cárcel y multas para quienes emitan sustancias contaminantes que dañen el agua, suelo o aire, o extraigan recursos naturales sin haberse sometido a evaluación ambiental o incumpliendo las condiciones de su Resolución de Calificación Ambiental.

Penaliza información falsa

Algo que se va a penalizar incluso con cárcel es el hecho de entregar información falsa en los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos.

“Muchas veces nos topábamos con un estudio que decía que un ecosistema no tenía ninguna especie en peligro de extinción, pero si uno iba al lugar se encontraba con que sí había. Decían esto para evitar tener que tomar medidas de protección que le cuesten a la empresa. Ahora esa práctica va a ser penalizada”, ejemplificó Costa en entrevista con Radio Cooperativa.

Decomiso de ganancias

Otro avance es que se agrega la figura del “Comiso de ganancias”, que habilita a decomisar las ganancias que haya obtenido una empresa al incumplir una norma ambiental.

Como explica Costa, esto impide que una empresa incumpla una norma, arriesgando incluso la multa, porque las multas hoy en día pueden ser menores que la ganancia que va a percibir la empresa incumpliendo esa norma.

Para el abogado y director de la ONG FIMA, el resultado más deseable de la ley no sería que se sancione a más personas sino que se cumpla cada vez más la normativa ambiental.

Además, afirma que implementar la ley significará fortalecer las áreas del ministerio público que investigan temas ambientales.