Todas las aristas del caso computadores robados en el Ministerio de Desarrollo Social
Carabineros ha explicado hasta ahora que el robo ocurrió cerca de la medianoche del miércoles y se dividió en dos partes.
La primera esta vinculada al llamado realizado por Miguel Apablaza Suárez (quien se encuentra recluido en la cárcel de Puente Alto) a un guardia del Mideso, identificándose como el titular de la cartera, Giorgio Jackson.
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El reo pidió entregar 50 computadores a un supuesto sobrino del ministro que pasaría a buscarlos. Y sin cuestionar la situación el guardia contactado, junto con personal que se encontraba a esa hora en el edificio, reunieron 23 computadores, los que entregaron a un hombre que llegó a retirarlo en un Uber en la categoría Cargo, una situación completamente anormal que habría violado los protocolos establecidos para estos casos.
Quién recibió computadores
El conductor de Uber que retiró los computadores del Mideso se dirigió a continuación a la comuna de Renca, donde entregó los computadores a Elena Rojas Crespo, abuela de Apablaza, quien además cuenta con antecedentes por robo e infracción a la ley de drogas.
Posteriormente, a las 2 PM del jueves, efectivos del OS-9 llegaron al lugar y la detuvieron en la vía pública, con los computadores en su poder, por el delito de receptación.
Poco después de que se conociera el nombre de la receptora de los aparatos comenzó a circular en redes sociales una foto que identificaba a Rojas como participante de un comando del Partido Republicano (PR) en las elecciones de Consejeros Constitucionales del 7 de mayo. Información que no ha sido confirmada.
El prontuario del impostor
Miguel Apablaza tiene dos condenas por homicidio, cometidos cuando tenía 14 y 15 años. Además, el 2018, fue condenado a 3 años de cárcel por receptación de vehículo motorizado, por el Segundo Tribunal Oral de Santiago.
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Luego, en 2019 fue condenado a 3 años de cárcel por robo con intimidación y a otros 3 años por robo en lugar habitado. Sus condenas terminarían en enero de 2027 aunque aún no se le aplica la condena por el delito de suplantación de identidad y el robo al ministerio.
Empresa cuestionada
Otra información que comenzó a circular en redes sociales tiene relación con la empresa contratada para la seguridad del Mideso: HM Seguridad Spa.
Según documentos del 29 de octubre de 2021, el vinculo legal entre la cuestionada empresa fue firmado durante la administración de Sebastián Piñera, aprobado como "servicio de seguridad privada" para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), quedando a cargo de ello la empresa HM Seguridad Spa.
Tras el polémico robo de anoche se dio cuenta que esta empresa que firmó, mediante una licitación, un contrato de tres años por 293 millones de pesos mensuales, en definitiva no habría cumplido con las obligaciones mínimas sobre el ingreso de personas que están detalladas en el escrito.
Contrato de Rubilar
Según el documento firmado por Karla Rubilar, quien era ministra de Desarrollo Social en esa fecha, HM Seguridad tenía estas obligaciones para el control de los ingresos de personas a sus dependencias que en este caso no se cumplieron.
La licitación indica que la empresa de seguridad deberá proveer tan sólo dos guardias para un edificio de 6 pisos y 18.430 metros cuadrados.
También se establece que "el personal de seguridad, durante su turno, estará a cargo de controlar el ingreso de toda persona a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para lo cual deberán seguir las siguientes instrucciones, dependiendo de las personas que ingresen".
Guardias sin cursos
En adición a lo anterior, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que los guardias "tenían unos cursos pendientes y por eso mismo quisimos efectuar esta tarea de forma inmediata".
Y agregó que "esa fiscalización arrojó que existía personal de seguridad privada que tenía una deuda en llevar adelante los cursos de actualización de la labor de seguridad".
Hermano de condenado por DDHH
Otro detalle importante que fue revelado en horas de la mañana es que el controlador de la empresa Hugo Martinez Oyanedel, sería hermano de Juan Martinez Oyanedel, condenado a perpetuidad por la justicia militar por la muerte de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, a quienes mató con su corvo en Quinta Normal en Septiembre de 1974, quedando libre con la amnistía de 1978, pero finalmente el juez Mario Carroza reabrió la causa condenándolo.