Las Isapres se encuentran, una vez más, en el ojo del huracán. En esta ocasión, la causa es la inminente sentencia de la Corte Suprema sobre las alzas de las Garantías Explícitas en Salud (GES) que se implementaron en 2022. Algunas Isapres se atrevieron a incrementar la prima en hasta un 133%, desatando una fuga histórica de afiliados hacia el sistema público de salud, Fonasa. ¿El motivo? Muchos simplemente no pueden seguir costeando sus planes.

La ley es clara: las Isapres no pueden desviar estos recursos para otros fines. Sin embargo, parece que las Isapres están inflando el precio de la cobertura GES de manera abusiva, sin que esto refleje los gastos incurridos.

A diferencia de los incrementos de precio base, que ahora están sujetos a un tope máximo establecido por la Superintendencia de Salud, en el caso del GES, las Isapres no están sujetas a ningún control previo.

Esto ha llevado a que aprovechen esta desregulación para equilibrar sus problemas financieros. De hecho, la utilización de la red GES en Isapres es mínima.

De cada 100 atenciones por problemas de salud GES, apenas el 15% se atienden por la red GES. Entonces, el valor que cobran no tiene ninguna relación con los costos efectivos, ni proyectados.

Durante octubre y noviembre del año pasado, se ingresaron miles de recursos de protección, la mayoría de los cuales se han resuelto en primera instancia a favor de las personas. Ahora, la Corte Suprema debe resolver definitivamente qué ocurrirá con todos estos procesos.

Si la Corte Suprema confirma las sentencias de las Cortes de Apelaciones, las Isapres podrían verse obligadas a volver a los precios que cobraban antes del alza por GES.

La duda es respecto de si se dará un eventual alcance general a este fallo. Hasta la fecha ese alcance general en materia GES no ha existido, pero es una posibilidad.

Probablemente los argumentos de las Isapres se concentren en el mal estado de sus negocios y como otra sentencia negativa podría ser una lápida para el rubro.

Sin embargo, la crisis del sistema no puede conducir a torcer una jurisprudencia que ha sido estable en el tiempo y ha permitido a miles de afiliados a detener lo que constituye un abuso.

Este podría ser el último proceso por judicialización GES, ya que el proyecto de ley respecto de la aplicación de la tabla de factores establece un mecanismo para regular los incrementos por prima GES similar al que existe para los precios base, en donde es la Superintendencia de Salud responsable de determinar el monto máximo reajustar.

Con ello se eliminaría la facultad de las Isapres de fijar el precio sin límite alguno.

No olvidemos que las Isapres, aunque empresas privadas con el legítimo derecho a obtener ganancias, también son entidades que prestan un servicio público.

La Corte Suprema tiene en sus manos la oportunidad de reiterar el compromiso con la justicia y la equidad, y de poner fin a las prácticas abusivas que han llevado a la situación crítica actual.

La sentencia de la Corte Suprema debe reflejar la necesidad de un sistema de salud que priorice el bienestar de los pacientes por encima del lucro desmedido.