Con el descubrimiento que dejó en evidencia el traspaso ilegítimo de millonarios recursos del Ministerio de la Vivienda a la “Fundación Democracia Viva”, ha comenzado una “cacería de brujas” liderada por la oposición que persigue, supuestamente, trasparentar lo que ha sido la política de transferencia de dineros públicos a instituciones privadas.

Rasgan vestiduras empresarios y políticos que no hace mucho han estado envueltos en actos groseros de corrupción. El extremo de la patudez, la impudicia y la inmoralidad la representó el senador Moreira, quien se permitió opinar sobre probidad en circunstancia que él, es un confeso corrupto que negoció con el ministerio público para no terminar en la cárcel.

Asimismo, empresarios, que en el pasado reciente se han coludido para afectar a millones de consumidores, y otros tantos, asesorados por estudios de abogados y contadores evaden y eluden impuestos, hoy, se levantan como referentes morales ante la sociedad.

Es el ladrón detrás del juez lo que comenzamos a presenciar en estas semanas.

Como respuesta a esta decadencia de la política, el presidente Boric convocó a una comisión para la “probidad e integridad” cuyos objetivos, entre otros, sería identificar los problemas derivados de las relaciones entre el sector público y privado; proponer mecanismos para mejorar la eficacia y transparencia y, proponer sanciones por el mal uso de los recursos públicos. Parece un contrasentido, pues la corrupción de las instituciones del Estado no se resuelve creando comisiones. Es la vieja y fracasada política que se impulsa cada vez que la sociedad es remecida por escándalos de corrupción.

Además, los integrantes de dicha comisión, designada a dedo estará conformada por personajes controvertidos. Por ejemplo, por el ex contralor Ramiro Mendoza, quien estando en propiedad de su cargo, en su oportunidad, no actuó con la debida diligencia para investigar los dos fraudes millonarios más grandes contra el Estado: el de Carabineros y el del Ejército. Si este es el estándar establecido para quienes deben resguardar la fe pública, es claro entonces, el derrotero que estas comisiones tendrán, entregar informes de buena crianza, bajar el perfil a los actos espurios y dejar hasta ahí el tema.

Es claro que, si se comienza a indagar, a escudriñar con celo en diferentes fundaciones, mucha inmundicia podría encontrarse. El caso de Fundación Democracia Viva es uno más de tantos. Pues, qué duda cabe, que la corrupción hace mucho tiempo se empotró en el aparato estatal. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Por qué no ha sido posible desterrar esta práctica que corroe el aparato público?

Responder estas interrogantes, exige situarse en un momento preciso de nuestra historia, ubicarse en el tiempo. Desde que Chile configuró un Estado subsidiario y permitió que la garantía de determinados derechos y beneficios sociales pudiesen ser entregados a través de instituciones privadas, se abrió la puerta a la corrupción de manera significativa.

Pensemos solamente cuando el Estado subcontrató el otorgamiento de beneficios de alimentación a los estudiantes a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, o, cuando delegó una función altamente sensible, como lo es el contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el SENAME, ¿qué ocurrió? Que los encargados de garantizar desde el aparato público estos derechos, terminaron claudicando ante los sobornos ofrecidos por instituciones privadas, que eran subcontratadas por el Estado y se corrompieron.

¿Cuál ha sido el problema de los jóvenes que incursionaron en la política y que hoy dirigen el Estado? Que no pusieron fin a esta lógica de funcionamiento del Estado. No basta con cuestionar los actos de corrupción, tampoco perseguir penalmente a quienes delinquen usando sus privilegios parlamentarios o sus envestiduras gubernamentales. Se trata de poner fin de una vez por todas al Estado Subsidiario, que es una de las causas principales que genera tanta corrupción.

Y eso pasa, inexorablemente, por recuperar para el Estado la función vital que es garantizar la entrega de ciertos derechos sociales y acabar con la lógica mercantil y del negocio que ha operado por más de cuarenta años en el país y que comienza a ubicarlo como uno de los más corruptos.

Si no se avanza en acabar con este vestigio heredado del régimen dictatorial, los actos de corrupción no se acabarán tan fácilmente. Y aunque la corrupción a lo largo de la historia ha acompañado a la política, siempre es bueno tener presente que es la derecha la que más se corrompe, y se corrompe más, porque defiende los intereses de los poderosos, y es, desde los poderosos, donde está el dinero, donde se fragua y se materializa la corrupción.

Los pobres jamás podrán corromper, no tienen el poder ni el dinero para hacerlo.