Derechos, probidad y descentralización: Las prioridades ciudadanas para la Carta Magna
Para la ciudadanía, las normas necesarias de incluir en una futura Constitución deberán ser aquellas que garanticen los derechos sociales (25%), la probidad del sector público (20%) y la descentralización del país (18%).
Así lo señala un estudio de opinión pública sobre el proceso constituyente que llevó a cabo el observatorio VAR Constitucional, de la Universidad Diego Portales (UDP), con la consultora Feedback Research a cargo del trabajo de campo.
Según los resultados transparentados esta semana, la ciudadanía apunta entre los principios más importantes, que deben ser incorporados a la propuesta constitucional, a la Justicia (27%), seguido por el principio de Libertad (18%).
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Volviendo a las normas, al otro lado de la lista prioritaria salen mencionados como menos relevantes para la ciudadanía el capítulo especial sobre FF.AA. y Seguridad Pública (11%) y fomentar la participación ciudadana (6%).
Sin embargo, en paralelo trascendió recientemente que consejeros del Partido Republicano y de ChileVamos llegaron a 15 preacuerdos de cara al trabajo constitucional.
Entre estos, figuran justamente el capítulo de Fuerzas Armadas, además de la propiedad individual de los fondos de pensiones y la protección de la vida del que está por nacer, entre otros.
90% a favor de proteger el medioambiente
Por otro lado, al consultar sobre los temas que deben ser incluidos en la Constitución, más del 90% de los encuestados menciona la protección del medio ambiente, el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, y la existencia de un “SERNAC con dientes”.
Respecto al trabajo en sí, la mayoría de los encuestados privilegia opciones relacionadas con la búsqueda de consensos para avanzar hacia una nueva Constitución.
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43% se inclina por “buscar puntos de encuentro con sectores que no piensan como uno para alcanzar grandes acuerdos” y 29% prefiere debatir y exponer los argumentos de las partes, mostrando apertura para cambiar de opinión”.
En contraste, solo el 19% manifiesta que los actores del proceso constitucional debiesen mantenerse firmes “en los principios que uno defiende sin transar con otros sectores”.