Patricio Fernández tensionó la conmemoración de los 50 años del golpe en su rol de excoordinador del evento señalando, en conversación con Manuel Antonio Garretón, lo siguiente: “Los historiadores y politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso [el golpe de Estado], pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.

De este modo, no relativizó el hecho – como se ha acusado –, pero sí abrió la puerta a renunciar a encontrar un consenso generalizado de rechazo al golpe de Estado, pues esto solo sería posible respecto de las violaciones a los DD.HH. (los “sucesos posteriores”) en dictadura.

Así, las palabras de Fernández han hecho resurgir el debate en torno a las causas de la intervención militar. Una de las posturas en este debate sugiere que el golpe habría sido causado por la crisis de la Unidad Popular. En este breve texto me gustaría contribuir a la discusión a partir de una distinción que podría parecer puramente semántica, pero que en realidad tiene un mayor calado en términos políticos. Se trata de la distinción entre razones y causas.

Partamos con algunas nociones básicas. En primer lugar, es generalmente aceptado que toda acción tiene una causa. En segundo lugar, es también aceptado que identificar causas es explicar. En esa línea, el estándar científico de una disciplina se define, en gran medida, por su capacidad de dar cuenta de un fenómeno a partir de la identificación de sus causas. Por ejemplo la física nos dice que, al soltar un objeto con determinada masa, éste caerá.

En este caso, al identificar la causa de la caída (la gravedad), explicamos ese movimiento. En tercer lugar, y en relación con esto último, podemos decir que una causa es una razón, pero no podemos decir que toda razón es una causa. Pensemos ya no en el campo de la física, sino en el comportamiento humano: un individuo puede tener razones para reaccionar violentamente ante una situación, pero puede decidir no hacerlo. En este sentido, sus razones no son necesariamente la causa de su comportamiento.

En base a las constataciones anteriores, ¿es posible afirmar, como hace un sector, que la causa del golpe de Estado fue la crisis de la Unidad Popular? Retomemos por un instante el ejemplo que nos proporciona la física para identificar el problema del lenguaje causal en este asunto: cuando determinamos que la gravedad es la causa del movimiento de caída libre de un objeto, no solo estamos describiendo el presente, sino que estamos prediciendo el futuro.

En otras palabras, gracias a la explicación causal, sabemos que cada vez que soltemos un objeto con una determinada masa, éste caerá. En el caso del golpe de Estado, si decimos que la crisis de la UP causó el golpe, caemos en el riesgo de una legitimación futura, pues la relación crisis-golpe se está presentando como de causa-efecto y eso podría atentar contra el compromiso democrático de no resolver nuestros problemas de convivencia mediante la violencia.

Pero no solo se trata de un riesgo futuro, sino también de un error desde un punto de vista explicativo, ya que no toda crisis democrática termina en un golpe de Estado, es decir, no se trata de una relación causal; y también desde un punto de vista político, pues si la crisis efectivamente fue la causa del golpe, entonces la motivación de los golpistas debió ser restaurar la democracia, no secuestrarla durante 17 años.

Que Merino tuviera una copia del plan económico “El ladrillo” en sus manos antes del 11 de septiembre de 1973 arroja luces sobre la verdadera extensión de la inspiración golpista que, como nos recuerda Garretón, persiguió a Allende desde que asumió el poder.

Lo que corresponde, me parece, es describir la crisis de la UP no como la causa del golpe, sino como una de las razones que llevaron a las fuerzas armadas a intervenir, pues esto nos permite hacer una ponderación adecuada de las responsabilidades (sabemos que causas y responsabilidades no son sinónimos, pero también sabemos que existe un sector que insiste en apuntar a la UP como causante del golpe para responsabilizar al gobierno y así justificar, como ha hecho el diputado Alessandri, la acción militar) y, además, construir un necesario consenso nacional en torno al rechazo categórico del terrorismo de Estado como método de resolución de los conflictos de la democracia.

Este consenso, por supuesto, no pretende anular el necesario juicio crítico que debe plantearse acerca de los errores y fracasos del gobierno de Allende: lo que busca es evitar que se establezca la intervención militar como destino inevitable de una crisis democrática.