El ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó en duros términos a los grandes empresarios luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acudiera al Tribunal Constitucional para frenar la ley que aumenta las penas y sanciones a los llamados delitos de “cuello y corbata”.

La organización gremial —a través de los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube— alegó ante el TC que la legislación tiene una “mirada selectiva y fragmentada” que iría en contra de la Constitución.

Al respecto, Cordero aseguró que le parecía que “la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso”.

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En ese sentido, el secretario de Estado recordó cuando en 2018 el Congreso aprobó el proyecto que aumentaba las facultades del Sernac para proteger a los consumidores y se acudió al TC para frenar la iniciativa, lo que terminó ocurriendo.

“Este proyecto de ley, el de delitos económicos y ambientales, ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en la asesoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final”, dijo con cierta ironía Cordero.

Asimismo, subrayó: “Me parece que es un indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso”.

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