Acusación constitucional contra Ávila: ¿Por qué la oposición busca marginarlo del gabinete?

Por: Kathia Cancino Rojas | 11.07.2023

En la recta final para la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, te contamos las claves para entender las razones del libelo impulsado por la oposición: desde la polémica por las guías de educación afectiva hasta el controversial capítulo de la Junaeb.

Todo comenzó durante mayo, mes en el que El Mercurio publicó un artículo donde menciona la incomodidad generada en padres y apoderados el uso de una “guía de sexualidad afectiva” que contenía ejercicios para niños de kinder, apuntando a la responsabilidad del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

La nota prendió las alertas de la oposición, que salió rápidamente a condenar los textos que datan del 2017, específicamente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que bajo la administración de Ávila sólo fueron actualizados.

En principio, este sector se dividió en dos frentes: una acusación constitucional, que se vota este miércoles 12 de julio, anunciada por las diputadas del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha Smith y Francesca Muñoz, y una interpelación propiciada desde Chile Vamos y Republicanos.

Tras las negociaciones entre varias bancadas críticas de la gestión de Ávila, el libelo anunciado por las parlamentarias del PSC mutó y se consolidó siete capítulos —al alero de Republicanos, las bancadas de Chile Vamos e independientes—, transformándose en la mayor cantidad de infracciones enfrentadas por algún ministro de Educación en el país.

Controversias

Orientación sexual

La acusación no ha estado exenta de polémicas: desde el oficialismo la miraban con reticencia, acusando una persecución del titular de la cartera por su orientación sexual, lo que obligó a la oposición a desmentir los hechos. “Lo que fundamenta la acusación constitucional es la gestión educativa del ministro. No tiene nada que ver esta herramienta con su orientación sexual”, señalaron a pesar de los dichos del diputado Sergio Bobadilla (UDI).

“No compartimos en absoluto que la educación sexual sea la prioridad de este ministerio. Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país”, aseguró en ese entonces.

Recientemente, la orientación sexual del ministro volvió a estar en la palestra tras las polémicas declaraciones de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, quien recordó los dichos del presidente Boric en su última Cuenta Pública tildando de inaceptable que "un ministro tenga que dar explicaciones respecto a una política pública por ser homosexual".

"Muchos de los que lo escuchamos nos asustamos porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución", señaló al interior de la comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional.

Denuncias en escuela de Talcahuano

A amas controversias se sumó el caso de abuso sexual denunciado en una escuela de Talcahuano, a raíz de un operativo de salud del cual era responsable la municipalidad y las autoridades sanitarias locales. Sin embargo, el secretario general de Renovación Nacional (RN), diputado Diego Schalper, anunció que lo incluiría dentro del libelo.

La situación incluso fue criticada por el alcalde de la comuna, Henry Campos (UDI), quien apuntó a su propia coalición, calificándola de “un despropósito tratar de vincular esto con la acusación constitucional que se está llevando contra el ministro de Educación por otros motivos, creo que esto no corresponde”.

A raíz de la oleada de cuestionamientos recibidos, el parlamentario salió al paso afirmando que no considerarían el caso ocurrido en la escuela de Talcahuano dentro de la acusación constitucional.

Junaeb

Más recientemente, el exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) realizó una denuncia en el marco del libelo, contexto en el que acusó a la entidad de pagar $3.500 millones por 30 colaciones, con cifras que respaldaban su cuestionamiento.

Desde la institución expresaron que las tablas difundidas por el exdirector “son de elaboración propia y no corresponden a información oficial”, evidenciando un “cruce de datos que él realiza con esta información erróneo y antojadizo, puesto no tiene en cuenta todas las variables del programa”.

Si bien la denuncia se relaciona con el capítulo VI, por irregularidades detectadas en los programas de "Alimentación Escolar" y de "Alimentación Parvularia" de la institución, por el momento no hay claridad de si se considerará dentro de la AC por tratarse de antecedentes no considerados al momento de presentar el libelo, el 19 de junio.

Siete acusaciones contra Ávila

Capítulo I señala una infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”.
Capítulo II hace referencia a una infracción del derecho preferente a propósito de las polémicas guías “orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.
Capítulo III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva”.
Capítulo IV, donde se reprocha -entre otras cosas- el retraso injustificado en la entrega de los resultados del Simce, ausentismo y deserción escolar, problemas a la infraestructura educativa y deterioro de la calidad educacional.
Capítulo V, que apunta a un incumplimiento del rol de supervigilancia sobre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por el capítulo de información sobre «educación no sexista» en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público.
Capítulo VI, alusivo a irregularidades detectadas en los programas de «Alimentación Escolar» y de «Alimentación Parvularia», de la institución.
Capítulo VII, señala problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación, tachados por el libelo como un «incumplimiento de la ley».