Chile ha establecido una política de Estado para la transición energética que se alinea con los objetivos globales de reducción de gases de efecto invernadero. Esta política ha sido llevada adelante por todos los últimos gobiernos, reflejo de un consenso poco usual en la clase política.

Esta transición implica transformaciones tecnológicas que conllevan múltiples desafíos que, a nuestro juicio, deben ser más visibles y tienen que ser abordados con acciones integrales respaldadas por estudios robustos e interdisciplinarios, asegurando la transparencia y evitando profundizar las desigualdades existentes.

Esto es particularmente importante, considerando que todas las acciones humanas tienen algún tipo de impacto en el medioambiente y que el desarrollo de megaproyectos implica, además, profundos cambios y desafíos sociales.

En particular, la industria del hidrógeno verde tiene el potencial de transformar la matriz energética global avanzando hacia una fuente renovable y sostenible. Sin embargo, su desarrollo en la Patagonia chilena también implica riesgos que deben ser claramente identificados, analizados y evaluados, considerando las características del territorio, los intereses de sus habitantes y la mejor, y más acabada, evidencia científica disponible.

La Patagonia es uno de los lugares más importantes del planeta en cuanto a biodiversidad. Por esta razón, los esfuerzos por protegerla deben ser prioritarios y no pueden ser puestos en riesgo por iniciativas que impliquen profundas perturbaciones para sus ecosistemas. La producción de hidrógeno verde requiere grandes cantidades de energía renovable, como la solar o la eólica, y grandes extensiones de terreno para instalar paneles solares y gigantescos aerogeneradores.

La explotación de estos recursos puede tener impactos ambientales significativos como la fragmentación del hábitat, la alteración de los ciclos hidrológicos y la erosión del suelo, todo lo cual puede afectar negativamente la ya amenazada biodiversidad de la región.

Además, la producción de hidrógeno verde puede tener un impacto negativo directo en el agua y el aire si no se utilizan tecnologías y prácticas adecuadas para su producción. El uso de grandes cantidades de agua para esta industria podría afectar la disponibilidad de agua dulce y/o la calidad de los cuerpos de agua de la región, así como producir severos impactos en el Estrecho de Magallanes en caso de un desarrollo inadecuado de plantas desaladoras.

Al mismo tiempo, la emisión de gases de efecto invernadero durante el proceso de producción podría contrarrestar los beneficios climáticos de esta fuente de energía, si no se utilizan opciones limpias en su proceso productivo.

Por otra parte, el desarrollo de la industria implicaría el potencial arribo y circulación de decenas de miles de trabajadores y sus familias a un territorio que ya presenta un déficit de vivienda y servicios básicos, por lo que se hace imperativo una evaluación integrada de su viabilidad, de los beneficios concretos que esto puede tener para el desarrollo local y de su impacto en la planificación territorial.

Finalmente, si bien existe un creciente interés de las autoridades y de la industria por integrar a las comunidades locales en todo este proceso, es indispensable que estos esfuerzos se intensifiquen, amplíen y consideren las preocupaciones e intereses de quienes habitan este territorio. La gobernanza del cambio climático se construye con procesos justos y participativos, donde las comunidades locales deben tener incidencia en la toma de decisiones, sobre todo en un país donde aún existen altos grados de centralización.

Esto último bien lo saben quienes habitan la Patagonia chilena, acostumbrados a recibir decisiones que se toman en la capital y que en no pocas ocasiones han derivado en movimientos sociales de rechazo hacia dichas iniciativas.

La viabilidad de la industria del hidrógeno verde en la Región de Magallanes requiere de un análisis cuidadoso, estableciendo líneas base, y realizando estudios de factibilidad de la industria en su totalidad (y no evaluando proyectos por separado o de forma fragmentada).

Así se podrá garantizar que esta iniciativa, y cualquier otra similar, contribuya a una transición energética justa, y no agrave las desigualdades y vulnerabilidades ya existentes en la región ni que ponga en peligro la rica biodiversidad y los paisajes de la Patagonia chilena.

De este modo, podemos evitar que iniciativas “verdes” como esta terminen siendo más perjudiciales que beneficiosas para el país.

[Esta columna fue escrita con colaboración de las y los investigadores Gabriela Guevara, Paulina Aldunce, Daniela Valenzuela y Cecilia Ibarra]