El modelo constitucional de Estado social tiene fecha de nacimiento. El 15 de noviembre de 1918, sindicatos y patronal alemanes se reunieron en los acuerdos Stinnes-Legien. La reunión tuvo por objeto negociar la clausura del ciclo revolucionario iniciado en Alemania ese mismo año. Conscientes de la madurez y potencia del movimiento obrero, los capitanes de industria ofrecieron una salida al conflicto: una parte del excedente de acumulación capitalista sería usado para financiar prestaciones sociales distribuidas por el Estado en forma de derechos; a cambio, los trabajadores prometían abandonar la lucha revolucionaria.

Fue una solución provechosa para ambas partes. Los trabajadores, por un lado, obtendrían los derechos por los que venían luchando hace más de un siglo; la patronal, por el otro, sacrificaba una pequeña parte de su bonanza económica para desactivar la llegada de la revolución bolchevique que había triunfado un año antes en Rusia.

Si bien el modelo de Estado social fue ampliamente difundido en Europa, este no quedó escrito en piedra. Durante el siglo XX, los sindicatos asumieron como tarea defender y conservar la vigencia de los derechos sociales que habían alcanzado.

Los vaivenes económicos y las sucesivas crisis del capital sirvieron al empresariado para ensayar diversas vías para incumplir el compromiso del Estado social. Aunque los trabajadores lograron en una primera etapa defender estos derechos, las políticas de flexibilidad laboral adoptadas en Europa y América Latina durante la década de 1980 fueron la estrategia de largo plazo que el empresariado implementó para favorecer la progresiva descomposición del tejido sindical y con ello reducir las posibilidades de éxito de los trabajadores en su tarea de defender el Estado social.

La crisis del Estado de Bienestar en 2008 dejó claro que el desmantelamiento del modelo constitucional de Estado social era posible. Los sindicatos, cada vez más alicaídos, ya no lograban concitar mucho apoyo en la sociedad; los partidos de izquierda inmersos en los “consensos al centro”, por su parte, asumieron que la defensa del Estado social pasaba por mercantilizar el otorgamiento de las prestaciones. El horizonte de la protección social podía cumplirse por privados sin problemas y para esto no era necesario el Estado fuerte y vigoroso del siglo XX. Lo que no fue advertido –o tal vez sí– es que el debilitamiento de la Administración del Estado y del mundo sindical era la sentencia de muerte del proyecto constitucional de Estado social.

El reciente y portentoso éxito electoral de las derechas radicales pone el asunto nuevamente en cuestión. Esta vez no sólo se trata de un Estado mínimo y de sindicatos débiles. Ahora son los electores, los titulares de los derechos sociales, quienes han elegido abrumadoras mayorías de partidos de derecha cuya misión ha sido, precisamente, el desmantelamiento de estos derechos sociales.

El discurso antiestatal, antes camuflado con propuestas de eficiencia y public management, hoy se declama con total transparencia. Los votantes han elegido fuerzas políticas que lograron instalar la idea de que los derechos sociales son un robo y que la única solución es privatizar los servicios y reducir el Estado.

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas en España son el mejor ejemplo de esto. A pesar de ser uno de los países más golpeados por la crisis del 2008, y de experimentar sucesivos recortes a los servicios públicos, la sociedad española ha entregado un apoyo cerrado a quienes prometen poner la lápida al proyecto del Estado social.

La experiencia española es sugerente e invita a poner atención en el proceso constituyente chileno. El colosal triunfo de las derechas en el Consejo Constitucional es el escenario ideal para acometer el objetivo de clausurar definitivamente el proyecto constitucional de Estado social. Si bien este modelo quedó incorporado en las bases constitucionales del proceso, el proyecto como tal no tiene hoy defensores con buena salud. La derecha tiene votos suficientes para reescribir el Estado social y proponer diseños e interpretaciones alternativas a las cláusulas de protección social. El modelo de Estado social puede convertirse en meras palabras sobre papel.

Si alguna vez la patronal alemana de 1918 soñó con ver a todos sus adversarios derrotados y con una coyuntura favorable a sus intereses, el ciclo constituyente chileno es el contexto que mejor condensa tales anhelos: la izquierda cada vez tiene menos votos, el discurso antiestatista ha penetrado en la sociedad y, lo más importante, los sindicatos han caído en la total irrelevancia y ya no están en condiciones de imponer las bases de ningún acuerdo.

La Constitución chilena de 2023 puede fácilmente convertirse en un contraproyecto de la Constitución de Weimar del Estado social. Si las fuerzas progresistas desean resistir la regresión conservadora deben convencerse de que el Estado social y democrático de derecho ha tenido tradicionalmente una defensa por antonomasia: los sindicatos.

Lamentablemente, este asunto ha quedado relegado en los márgenes de la discusión frente a las propuestas de pactos instrumentales de partidos políticos. Es de esperar que no sea demasiado tarde para caer en cuenta que el mejor instrumento de protección de los derechos sociales son los trabajadores.