Este miércoles, Amnistía Internacional (AI) publicó el informe Reparación integral de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social, que analiza las medidas adoptadas por el Estado de Chile a tres años de la revuelta, junto a las deudas pendientes.

El documento, que contiene datos hasta diciembre de 2022 respecto a programas de apoyo, pensiones de gracia otorgadas y procesos de investigación contra los victimarios, apunta a la necesidad de crear una política pública de reparación integral frente a violaciones de DD.HH. en el estallido social.

Entre sus resultados, señala que 13.046 personas fueron atendidas en los servicios de urgencia en ese periodo, de las que 641 requirieron hospitalización y 50 estuvieron en riesgo vital, principalmente, por politraumatismos, heridas penetrantes, quemaduras, entre otras causas.

También se da cuenta de seis fallecimientos en establecimientos hospitalarios; tres por TEC grave y otros tres por uso de arma de fuego.

Deudas del programa PACTO

Así, alertan que, actualmente, no existe mayor información respecto a las atenciones de salud relacionadas con el estallido social, pese a que intentaron obtenerla mediante transparencia con la Subsecretaría de Salud Pública.

Junto con lo anterior, levantan críticas hacia las medidas de reparación implementadas por el gobierno, como el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) –ahora PACTO– o el otorgamiento de pensiones de gracia.

De acuerdo con el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos Bottai, “aún es necesario avanzar en la reparación integral de las víctimas de la violencia estatal durante el estallido social”.

“Si bien se han realizado algunas medidas en relación a las víctimas de lesiones oculares, primero con el programa PIRO, y después con el programa PACTO, la verdad es que siguen existiendo debilidades”, agrega, en conversación con El Desconcierto.

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“Por ejemplo, no se ha entregado información sobre la atención de salud mental a las víctimas de lesiones oculares”, quienes “en muchos casos vieron muy truncados sus proyectos de vida y tienen que tener una reparación que no sea solo física, sino que sea también psicológica, que incluya indemnizaciones, medidas de satisfacción, y una rehabilitación social a estas víctimas”.

Las mismas víctimas de lesiones oculares, según el documento, señalan que el servicio que dicho programa ofrece es limitado en comparación con las necesidades. También criticaron el alcance –pues solo se ofrece en Santiago– y la escasez de los recursos disponibles. Además denunciaron la alta rotación de profesionales y la ausencia de atención psicosocial y de rehabilitación.

El investigador a cargo del informe, Pietro Sferrazza Taibi, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Unab, indica que el programa PIRO “solamente se centra en una medida concreta de reparación, que es la rehabilitación médica, e incluso en relación con eso, no contaba con una atención psicológica satisfactoria, tuvo problemas de ejecución de presupuestos, y no hay claridad acerca de la cantidad de víctimas que fueron atendidas”.

Diagnóstico y recomendaciones

Además, respecto a las pensiones de gracia, explica que “es una política que no fue adecuadamente publicitada, no hay claridad acerca del procedimiento de calificación de las víctimas, ni acerca de los criterios que se toman en cuenta para determinar si las personas tienen o no acceso a la pensión”.

De acuerdo a lo recopilado por los investigadores, las pensiones aprobadas por el Ministerio del Interior, al 24 de noviembre de 2022, fueron 367, pero a esa fecha el INDH había enviado 431 solicitudes de víctimas que ya estaban calificadas, respecto a las cuales estimaba que se había generado algún tipo de afectación.

“No es un número despreciable, pero en la atención a la magnitud de víctimas de violación de los derechos humanos sigue siendo un número menor”, considera Sferrazza.

En ese sentido, destaca que “un primer objetivo del informe es entregar a la comunidad un diagnóstico de lo poco que se ha hecho al respecto y también entregar algunas recomendaciones básicas acerca de una posible pauta de pasos a seguir para implementar una política pública” que sea coherente con los estándares internacionales.

16 condenas de 10.936 denuncias

Respecto a las causas judiciales por violaciones de DD.HH., Rodrigo Bustos apunta que “lamentablemente, han sido muy lentas las investigaciones y han sido muy pocas las condenas, solamente 16 de casi 11.000 denuncias, por lo tanto el panorama general es de impunidad”.

Efectivamente, considerando información de la Fiscalía Nacional recopilada para el informe, hasta el 17 de octubre de 2022, de los 10.936 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social, únicamente existen 130 casos formalizados, 206 personas imputadas y 16 condenas.

Sferrazza señala, por su parte, que el número de condenas “en relación a la cantidad de procesos judiciales que actualmente siguen en curso es una cantidad irrisoria y a eso además le podemos sumar una serie de problemas que hay en relación, por ejemplo, con las dificultades que tienen los tribunales penales chilenos en identificar con claridad los delitos que se deben aplicar a cada uno de estos casos”.

“No hay claridad en las jurisprudencias a mi juicio, por ejemplo, en una cuestión tan básica como la diferencia entre la tortura y los apremios legítimos, y hay una tendencia a aplicar delitos que tienen una pena que no es proporcional a la gravedad de los hechos”, agrega el profesor de Derecho Internacional.

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También menciona un déficit en la realización de los protocolos de Estambul, que son dirigencias básicas para poder acreditar que se ha cometido tortura o apremios ilegítimos, y que de acuerdo con la Corte Interamericana deben ser realizadas por los Estados en este tipo de procesos judiciales.

“Un ejemplo más de varios de los problemas que existen en relación con los procesos judiciales” es que “solamente el 42% de las pericias se habían realizado del total de las solicitudes”, agrega el investigador.

Con estos datos, Pietro Sferrazza concluye que “lo que falta es que se realice una política pública de reparación integral que contemple una pluralidad de medidas, tanto de carácter individual como colectiva, de carácter material como simbólica” y “que se cuente con la participación de las víctimas en el diseño de esa política pública, pero también en su implementación y en su supervisión”.

Cuestionamientos al Plan nacional de Búsqueda

Amnistía Internacional también asistió a la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Justicia, entregada por el titular de la cartera Luis Cordero, donde el gobierno destacó la importancia de la memoria y realizar labores por el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos por parte del Estado.

Así, Cordero se refirió al Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, relevando que durante el 2022 se presentaron 53 querellas para investigar a 71 víctimas en el marco del proyecto 355.

Al respecto, Rodrigo Bustos expresa que “desde Amnistía Internacional hemos valorado que una de las medidas que ha buscado desarrollar este gobierno sea el Plan Nacional de Búsqueda”, puesto que Chile “requiere saldar las deudas en materia de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar”.

AI: “Las víctimas no deben seguir esperando”

De todas formas, señala que “es importante que se avance en aclarar cómo se implementará este plan de búsqueda. En eso todavía no hay mucha claridad, tampoco se entregó en la cuenta pública del Ministro de Justicia”.

“Nuevamente creemos que las víctimas no deben seguir esperando, especialmente víctimas de la dictadura cívico-militar que llevan décadas pidiendo verdad, pidiendo justicia, buscando a sus familiares. Ellas y toda la sociedad debiéramos poder tener claridad respecto de qué va a significar ese plan de búsqueda y cómo se va a ir implementando”, añade.

En ese sentido, agrega que “hay una serie de medidas que están en el programa del Presidente Gabriel Boric y que nos parecen positivas, respecto a las cuáles en este momento no tenemos claridad en cuanto a su ejecución”.

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Como ejemplo, Bustos menciona “la revisión de los montos de las pensiones a la personas que han sido declaradas como víctimas de violaciones a los derechos humanos”, y que además debiera “existir una comisión calificadora permanente de las víctimas”.

“También debieran fortalecerse los órganos, actores claves del sistema de justicia, para que haya mayor celeridad en las investigaciones. Estamos pensando especialmente en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía De Investigaciones”, e igualmente “tienen que fortalecerse y protegerse los sitios de memoria”.

“Son un conjunto de medidas. Varias de esas están en el programa del Presidente Boric, pero hasta el momento no hay mayor información respecto a cómo se está implementando o se van a implementar esas medidas”, comenta Bustos.

“Creemos que en el contexto de los 50 años del golpe de Estado en Chile es fundamental que esas medidas que tienen que ver con deudas que arrastra el Estado de Chile sean ejecutadas a la mayor brevedad”, concluye.