Controversia causaron los costos del plan piloto que buscaba comercializar Gas “a precio justo”, implementado por Enap a pedido del Ministerio de Energía.

En diciembre del año pasado, el presidente del directorio de Enap, Julio Friedmann, ya había adelantado que se iba a rediseñar el plan: se pasaría de mercado minorista al mayorista.

Esto, por el elevado costo de implementar una red de distribución, la habilitación y el acopio. En definitiva, el plan tuvo un costo de $591 millones —contando adquisición de cilindros, distribución y otros gastos— lo que da como resultado un valor unitario de $117 mil, IVA incluido.

Respuesta del gobierno

Ante la polémica, los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y de Energía, Diego Pardow, salieron al paso de las críticas, comentando que por estas razones Enap pasó a una nueva estrategia para lograr el fin de abaratar costos a las familias.

“En diciembre, ENAP hizo una evaluación de este plan y concluyó que la última etapa del proceso estaba relacionada con la distribución minorista no hacía financieramente sostenible”, comenzó planteando Pardow, explicando que la próxima etapa del plan es pasar al mercado mayorista.

“De hecho, ayer ENAP lanzó en su planta de Linares, una serie de acuerdos con distribuidores minoristas que muestran la eficacia de esta otra etapa”, continuó el ministro de Energía.

Por su parte, Jackson reconoció que el plan piloto “no obtuvo resultados que fueran sostenibles financieramente”, aunque precisó que la ventaja de Enap se mantiene en el ámbito mayorista.

“Se va a cambiar la estrategia por un convenio con minoristas, para llegar con bajos precios a los usuarios finales, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa Enap”, agregó el ministro de Desarrollo Social.

Oposición acude a Contraloría

Tras conocerse las cifras del plan, un grupo de diputados de RN decidió presentar ante Contraloría un requerimiento para que se esclarezca si es que hubo un eventual incumplimiento del principio de eficiencia de uso de recursos públicos.

La diputada Sofía Cid (RN) fue una de las parlamentarias firmantes del requerimiento. Sobre esto, aseguró que “si hablábamos de un Ejecutivo responsable económicamente se hubiera analizado en su mérito si era conveniente para nuestras arcas fiscales la implementación del programa (...) Los ministros de Desarrollo Social y Energía tienen mucho que explicar”.

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN) expresó que “acá hay un despilfarro inaceptable e incluso, éticamente cuestionable. Hubo recursos públicos mal gastados, considerando que solo se benefició a 3.100 familias de las 100 mil que habían anunciado”.

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