El sábado 20 de mayo, en vísperas de las “Glorias Navales”, nuevamente la muerte de una persona migrante nos golpeó. Se trataba del asesinato de Milton Domínguez -una persona con discapacidad, en situación de calle, de nacionalidad colombiana- a manos de al menos cuatro uniformados de la Armada, en la ciudad de Iquique.

Cuando las autoridades y los medios de comunicación hacen eco de las ideas de los sectores más conservadores, chauvinistas y migra-odiantes del país, era cuestión de tiempo para que fuésemos testigos de expresiones matonescas y extremas como estas.

Al contrario de lo que ensalzan los medios, los delincuentes no son “sólo” migrantes, sino que también chilenos, que a veces usan corbata y también otras veces uniformes. Cualquier persona que los justifique avala la muerte de personas marginalizadas e indefensas y se hacen cómplices de un homicidio. Cuando atacan en grupo a una persona que vive en la calle, con discapacidad, es un acto brutal y cruel. Inaceptable desde cualquier punto de vista.

Lamentablemente Milton sigue muriendo una y otra vez. La falta de justicia, los privilegios concedidos a sus agresores y las visibles faltas al debido proceso en su caso, van consagrando la impunidad fraguada en el silencio cómplice de las instituciones, las autoridades y los medios de comunicación, donde cada cual hace lo suyo.

En la efervescencia de los discursos racistas, cuando se promueven representaciones odiosas de las personas migrantes, deshumanizadas y asociadas a la delincuencia, la prensa advierte a gritos la nacionalidad de aquellos que participan en la comisión de delitos, pero cuando estos son las víctimas, la nacionalidad no se revela como una categoría importante, sino que, al contrario, se esconde.

No sirve a estos discursos revelar su humanidad, ni propiciar la empatía. En la representación caricaturesca que de ellos y ellas se hace, el lugar común es éste: no son vidas que importen, son desechables, únicamente sirven para ser despreciadas.

A medida que pasan las horas, nos damos cuenta que le son concedidos privilegios a los agresores de Milton. Si la publicidad de las audiencias es garantía del debido proceso, aquí tal garantía no existió. A espaldas de la sociedad, fuera del escrutinio público y la sanción social, protegidos por el secreto, no se permitió el ingreso al juicio de los medios de comunicación. Tal vez, para seguir dejando todo a la imaginación de estos, a fin de dar rienda suelta a las delirantes justificaciones de algunos sectores de extrema derecha, asiduos a justificar lo injustificable, tal como lo han hecho desde hace 50 años atrás.

Del mismo modo ha operado la falaz desvinculación de la institución naval de los funcionarios involucrados en el asesinato de Milton. La audiencia de control y formalización reveló que tal desvinculación no se ha cumplido como tal, ya que el cumplimiento de las prisiones preventivas se hará en “la unidad que la Armada disponga”; ello a solicitud del mismo ente persecutor, la Fiscalía, no de las defensas.

Es aquí donde observamos algunos vínculos que levantan para, a lo menos, suspicacias. El fiscal regional se desempeñó como Fiscal Naval y Auditor de la Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval, en la Armada de Chile, desde 1990 hasta 1999. Luego de trabajar para el Consejo de Defensa de Estado, ingresó al Ministerio Público, siendo ahora la máxima autoridad en la región a cargo de esta institución, la misma que se encarga de perseguir la responsabilidad penal de los agresores, otorgando evidentes privilegios que cualquier otro u otra ciudadana no tiene.

Si los asesinos de Milton fueron desvinculados de la Armada, ¿por qué colocarlos bajo su resguardo? ¿Dónde queda la igualdad ante la ley que tanto gustan de proclamar los defensores de la democracia? “Cierto tipo de democracia”, demás está decirlo.

En el último año se han aprobado decretos para acelerar expulsiones, se tramitan en el Congreso leyes para declarar la migración por pasos no habilitados como delito, contrario a lo que señala la nueva normativa migratoria. La criminalización de las personas migrantes, los discursos de odio y la xenofobia han inundado los medios día y noche, y el racismo rampante y la violencia hacia quienes migran se agudiza cada vez más, cuya víctima reciente es Milton.

Su asesinato se suma a la larga lista de personas migrantes que han cruzado las fronteras y no han logrado llegar a destino, víctimas del frío, de coyotes, de redes de trata y tráfico de personas, del desierto agreste, de un Estado que abandona, de necropolíticas y falta de humanidad. Se suma a las muertes por negligencias médicas como las de Rebeka Pierre o Monise Joseph; se suma a las víctimas migrantes del estallido social como Romario Veloz o Maicol Yagual. Todas y cada una de ellas aun esperando justicia. ¿Es que las personas migrantes no merecen justicia?

Las autoridades e instituciones deben velar porque se cumpla el debido proceso y la igualdad ante la ley en este caso. Es lo mínimo que Milton se merece. Chile le quitó su pierna y su vida: que al menos un juicio justo le dé algo de paz a él y sus familiares.