En el 2021, el medio Interferencia difundió unos documentos que corresponderían a informes encargados por la empresa Aes Andes, titular del mega proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

En ellos, se recopilaba información de activistas ambientales contrarios al proyecto, como Rut, dirección o información de sus familiares. Además, los informes indicaban que los investigadores contratados se habían infiltrado en grupos en redes sociales de movimientos que protestaban contra el proyecto, para reunir más antecedentes.

Por último, se identificaba en los informes a algunos trabajadores de la empresa que habrían posteado negativamente sobre el proyecto en sus redes, como “Potenciales Terroristas Internos”.

A raíz de esta publicación, activistas ambientales involucrados presentaron un recurso de protección.

Como parte de este proceso judicial en curso, la empresa Aes Andes emitió un informe en los últimos días, donde confirma que sí contrató el servicio, aunque sostiene que todas las acciones relacionadas a ello se hicieron dentro de la legalidad.

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¿Qué dice Aes Andes?

Según responden desde la empresa, el único servicio prestado fue reunir datos de activistas que ya fueran de acceso público a través de distintas plataformas o informaciones ya publicadas en internet.

Sin embargo, no se menciona nada en el informe de la empresa sobre la infiltración a grupos ni la identificación de trabajadores de la empresa como “potenciales terroristas”.

Además, en el informe revelan que luego de los 6 iniciales meses de trabajo con la empresa de investigación, decidieron no renovar el contrato dado que los últimos informes tenían “la finalidad de buscar la renovación de servicios por un segundo período mediante la infusión de temor”, con información de corte “conspiranoide”, que según confirman no fue tomada en cuenta por Aes Andes.

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