Cada vez que se habla de narcotráfico la imagen que nos imaginamos es la de cualquier barrio pobre de la periferia, con estrechas calles y escasa iluminación; o quizás se nos venga a la mente algún narco funeral, lleno de personas de extracción popular, sin mayor educación, ostentando con soberbia sus poderosas armas, junto a sus autos de alta gama y sus zapatillas de gran lujo.

Esa es la imagen que han instalado los medios de comunicación, una imagen que, hay que decirlo, no es ningún invento, pero que muestra solo una parte de la realidad, omitiendo e invisibilizando otra parte muy significativa de la verdad.  

Es evidente que los cuantiosos recursos que acapara el Narco no provienen de venderle pasta base a los consumidores de los barrios populares. Las fortunas acumuladas por los narcos solo son posibles de explicar por el cuantioso flujo de dinero provenientes de los sectores de altos ingresos, es decir, de importantes empresarios y exitosos profesionales que viven en los bellos y exclusivos barrios del sector oriente.

En los últimos meses hemos visto como los matinales trasmiten con gran fanfarria la demolición de las narco-casas ubicadas en humildes poblaciones de la comuna de La Florida. En ninguna de estas casas, que efectivamente son de narcotraficantes, se han encontrado bóvedas subterráneas, alguna pared falsa o un simple colchón con doble fondo, destinados para ocultar el dinero proveniente de su actividad ilícita, entonces, ¿dónde guardan los narcos sus millonarios ingresos?

Según el último informe del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público (http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/observatorionarcotrafico.jsp), las incautaciones de drogas realizadas entre 2015 y 2020 impidieron que ingresaran al país más de 340 millones de dosis de las tres drogas ilícitas más consumidas en el país (cocaína, marihuana y pasta base), lo que equivale -según la propia Fiscalía- a 1.447 millones de dólares, es decir,  ¡¡1.158.783.000.000 de pesos chilenos!!

Estudios internacionales indican que las incautaciones equivalen al 10% del total traficado, es decir, y de acuerdo con este índice, en Chile habrían entrado drogas ilícitas por un total cercano a los 14.470 millones de dólares, una cantidad asombrosa, difícil de imaginar, y que representa  el 33% del total de las exportaciones de cobre realizadas por Chile durante el año 2022 (https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/estudios-y-documentos/minuta-mensual/informe_mensual_de_comercio_exterior_enero_diciembre_2022.pdf?sfvrsn=30c6bbf4_3), pero también es una cifra espeluznante si se piensa en el poder de corrupción que tienen estos miles de millones de dólares que estarían circulando ilegalmente por nuestro país.

Evidentemente, esta fortuna no la vamos a encontrar en nuestras poblaciones periféricas, tan estigmatizadas por los medios de comunicación. Tampoco la encontraremos en las caletas custodiadas por los llamados “soldados” de la droga, aquellos adolescentes transformados por los narcotraficantes en verdaderos zombies dispuestos a matar sin misericordia.

Esos miles de millones de dólares seguramente los encontraremos en las bóvedas de importantes bancos del país, disimuladas en los balances realizados por encorbatados contadores auditores de empresas de fachada, que han sido legalizadas por importantes estudios de abogados de la plaza y asesorados por los mejores ingenieros comerciales y tributaristas del país.

Si alguien piensa que nuestro sistema financiero es serio, responsable y muy alejado de bancos corruptos propios de países bananeros, es necesario recordar el exhaustivo y detallado informe del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que publicó el año 2020 más de 2 mil reportes bancarios filtrados, develando operaciones de billones de dólares entre los principales bancos del mundo (Deutsche Bank, Bank of New York,  JPMorgan, HSBC, entre otros) con dineros provenientes del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo (https://www.ciperchile.cl/2020/09/20/lavado-de-dinero-filtracion-de-archivos-revela-como-bancos-globales-consienten-a-oligarcas-narcos-y-terroristas/). Es decir, si importantes bancos mundiales, muy regulados por los gobiernos europeos y norteamericano, han sido parte de operaciones del crimen organizado y del narcotráfico, ¿por qué no podría suceder lo mismo con los bancos chilenos cuyo modelo referencial de negocios son justamente estos “importantes y respetables” bancos globales?

Pero, volviendo a nuestro país, las enormes y espeluznantes cifras que mueve el narcotráfico criollo sin lugar a dudas no son posibles de explicar por el microtráfico que se realiza en los sectores populares. Más bien ese menudeo, muy violento, peligroso y altamente visibilizado por la prensa, es solo el remanente del macrotráfico nacional y también internacional que opera en nuestro país, tráfico mucho más cuantioso y peligroso que el de los sectores populares, pues con su enorme poder de corrupción es evidente que tiene la capacidad de infiltrar la institucionalidad pública, política, financiera, empresarial y también, hay que decirlo, a la prensa y los medios de comunicación.

Es muy grave que los medios de comunicación asocien al problema del narcotráfico solo a lo que sucede en los sectores populares, a los fuegos artificiales o a los narcos funerales, pues muestran una parcialidad de la cruda realidad del narcotráfico, omitiendo quizás la parte más compleja y peligrosa: aquella que vincula a importantes empresarios, altos ejecutivos bancarios, acomodados abogados o conspicuos políticos con la ruta oculta del dinero del narcotráfico y esta omisión es muy grave pues, como dice un antiguo y sabio adagio: “una verdad a medias es una completa mentira”.

Por todo lo anterior, es imprescindible colocar en el debate público la necesidad de perseguir la ruta del dinero del narcotráfico, legislando para ampliar las causales de levantamiento del secreto bancario (tan celosamente defendido por la derecha) y dotando de mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero para monitorear y fiscalizar toda actividad empresarial, comercial o financiera sospechosa de estar vinculada con el lavado de activos.