Es evidente que a la derecha, más que la seguridad pública y la integridad de carabineros, le interesa derrotar políticamente al gobierno. También es evidente que al gobierno, más que la seguridad pública y la integridad de carabineros, le interesa no seguir socavando lo que hasta hace pocos meses atrás era su programa de gobierno refundacional y deconstructivo.

Lo cierto es que estamos en el peor de los escenarios, donde quienes conducen la nave del Estado, ya sea desde La Moneda o el Congreso, no parecen interesados en pensar el problema de la seguridad pública desde una totalidad, sino que desde la contingencia pauteada por los matinales o desde las preguntas forzadas de percepción de inseguridad (de seguro hechas al calor de los matinales), aplicadas por alguna empresa de encuestas telefónicas.

Sabido es que la actual “crisis de seguridad” no es patrimonio exclusivo de nuestro país, es cosa de mirar el balance anual sobre homicidios en países de América Latina y el Caribe publicado en febrero de este año por el centro de estudio y sitio especializado InSight Crime. En dicho informe se revela que en Chile este delito aumentó más del 32% en 2022 respecto de lo registrado anteriormente. Lo que no explicita este informe, es que, durante la pandemia, Chile, en el continente, fue uno de los países con las cuarentenas y estados de excepción más estrictos y duraderos del continente. Aun así, y considerando este aumento de homicidios respecto al pandémico año 2021, en la actualidad, Chile sigue siendo uno de los países menos violentos de Latinoamérica.

Lo cierto es que la mirada de altura, esa que considera a la razón por sobre las emociones de turno a la hora de conducir el Estado, parece no tener cabida en la agenda de la derecha y sus políticos, quienes han optado por quedarse parapetados en un solo tramo del problema y no en la compleja totalidad de lo que implica combatir el narco y el crimen organizado en un país con salida privilegiada al pacifico sur.

Es algo que hasta una editorial del mismísimo diario El Mercurio les hizo ver hace unos días: “La agenda legislativa desplegada ante la crisis de seguridad es apresurada e, igual que la mayor parte de la legislación legal reciente, de escasa calidad técnica. Esto hace que las modificaciones no tengan efectos relevantes o, como en no pocos casos, sean contraproducentes”.

Tampoco a la derecha parece importarle lo dicho por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que pidió a las autoridades de Chile modificar el proyecto de “legítima defensa privilegiada” de la policía, pues favorece la impunidad. A la derecha las recomendaciones de la ONU parecen seguir importándole poco, al igual que en los años de dictadura.

Pero también es sabido que la actual “crisis de seguridad” o de “percepción de inseguridad” tiene mucho que ver con lo sembrado durante años por la izquierda, sector que, ya sea por confusión ideológica, ignorancia o traumas del siglo XX, se dedicó a victimizar hechos de delincuencia y los reivindicó desde ese trastorno de realidad que se aparece cada vez que emergen multitudes enfadadas en las calles. Sabido es que la izquierda suele avistar, en las revueltas posmodernas, esas donde habita el malestar propio de las culturas hipercapitalistas, espejismos de viejas revoluciones.

Es esta siembra, hecha por la generación política que hoy gobierna, la que le tiene cosechando un errático proceder de agenda política y comunicacional, cada vez que sucede algún delito de alto impacto. Entonces, las palabras de antes, de aquel tiempo en que el trastorno de realidad intoxicaba a toda una generación, se aparecen como un permanente confesionario al cual acuden en procesión diversas autoridades para pedir perdón por lo hecho en esos días donde alucinaban con la llegada de un Marx disfrazado de perro con pañoleta.

Mientras esta discusión se siga sosteniendo desde la histérica agenda de matinales de la derecha, y el confesionario generacional del gobierno, estaremos, una vez más, y tal como ocurrió con el fallido proceso constituyente, farreándonos la oportunidad de abordar con la cabeza fría los grandes problemas del siglo XXI, que, en este caso, tienen que ver con el narcotráfico, el crimen organizado y el desafío de generar un Estado de Derecho que pueda ejercer la fuerza contra quienes cometan un delito, pero al mismo tiempo respetar los derechos de los ciudadanos.

¿Es un desafío complicado? Desde luego. Los partidos políticos deberán saber estar a la altura, de lo contrario, una mala ley podría terminar ayudando al crimen organizado, a la corrupción institucional y abriendo la puerta para el ingreso de nuevos cánticos de sirena, esos que cada cierto tiempo son entonados por algún diputado y otras veces por el alcalde de turno.

Son días difíciles, donde nadie se puede dar gustitos de tirar manteles y menos de pararse de las mesas donde se debate la ruta de navegación del Estado. Mientras todo esto ocurre en la discusión mediática y política, el puerto de San Antonio sigue con un solo escáner operativo para detectar cargamentos ilícitos, en el puerto que fue sindicado por la ONU como principal pasadizo para el tráfico de droga a Estados Unidos y Europa.