El año 2022 fue muy esperanzador para las demandas históricas de las mujeres en Chile. Por primera vez quedarían plasmadas en el primer órgano paritario del mundo con una perspectiva feminista y atravesando todo el documento de la nueva constitución. No obstante, el sentimiento se diluyó tras el rechazo abrumador de esta propuesta en el plebiscito de septiembre pasado.

Hoy, sumado a un Congreso derechizado, vemos y oímos en el espacio público un injusto retroceso en los discursos más progresistas, escondiendo de la pauta cualquier ítem que apoye las demandas. ¿Cómo es posible que debilitemos una agenda de género vanguardista que en algún momento, incluso, fue un ejemplo para otros países? No lo permitamos más.

Hoy estamos ante un nuevo proceso constituyente que, a diferencia del anterior, no cuenta con la confianza de la ciudadanía. Hasta el momento la discusión ha sido cooptada por la clase política, quien ha tomado decisiones en el Congreso a espaldas de la sociedad civil, imponiendo reglas, contenidos y personas para escribir la próxima carta magna. ¿Acaso no recuerdan que la gente en el plebiscito de entrada rechazó tajantemente una comisión mixta?

Esta misma clase política ha instalado la premisa de que el texto debe respetar doce bases constitucionales, entre ellos la cuestionada libertad de enseñanza que ha sido caldo de cultivo para el anulamiento de la educación sexual integral. Esta hoja de ruta, sin duda, se ajusta al pensamiento de los sectores más conservadores y nos hacen preguntar si habrá o no algún espacio para volver a discutir sobre los derechos humanos de las mujeres y diversidades sexuales.

La interpretación del Rechazo al texto constitucional del año 2022 no debe quedar al margen de las demandas históricas. Es de absoluta prioridad que los derechos sexuales y reproductivos se consagren en el texto constitucional. El año pasado, Corporación Miles realizó un sondeo aleatorio a más de 600 personas, donde el 97% estuvo de acuerdo con que estas garantías queden en la nueva Constitución para asegurar su resguardo y cumplimiento. No solo eso, en dicha consulta 9 de cada 10 personas se mostró conforme con legislar respecto al aborto sin causales; tendencia que hoy es respaldada con una reciente encuesta difundida en enero de este año por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde se estipula, entre otros, que el 56,6% de los encuestados sí está de acuerdo con la creación de una ley que garantice educación sexual integral para todos los niveles educativos; la encuesta también indica que 23,7% dice haber sentido vulnerado sus derechos sexuales.

Sin ir más lejos, las cifras de las infecciones de transmisión sexual que acaba de publicar la Subsecretaría de Salud revelan un aumento del 43% en la sífilis y más de 84 mil casos de VIH (siguiendo la tendencia de aumento de la última década) en mayoritariamente adolescentes y jóvenes.

Estos indicadores no pueden pasarse por alto. Y debemos incluirlos en la discusión pública y constitucional. Una Constitución sin mujeres ni diversidad sexual está condenada al fracaso.