Cada 8 de marzo, en las marchas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se puede ver en banderas y afiches la cara de Macarena Valdés, una defensora ambiental mapuche que fue encontrada colgada en su casa por su hijo en el 2016, luego de haber recibido y denunciado amenazas en el marco de la resistencia que lideraba contra la instalación de una central hidroeléctrica en el Río Tranguil.

Aunque en un inicio el caso fue tratado como suicidio por el Servicio Médico Legal, desde la familia y comunidad de Macarena encargaron múltiples peritajes realizados por expertos de países como México y Escocia, en que se descarta que el hecho haya sido un suicidio, y se instala la posibilidad de que hayan participado terceros en la muerte de Macarena.

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El último de estos peritajes fue presentado a la fiscalía de Panguipulli en el 2020, cuando ya hacían 4 años de la muerte de Macarena, sin un avance real en la justicia. Ahora, a más de seis años del hecho, no existen avances claros en la investigación del caso, y el marido de la defensora, Ruben Collío, falleció en el 2022 en un accidente automovilístico sin saber realmente qué le pasó a Macarena.

Familiares y organizaciones agrupadas en la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, sostienen que la activista fue víctima de un “femicidio empresarial” y emplazan al aparato judicial por negligencia, abandono e irregularidades en la investigación del caso.

El caso de Macarena Valdés refleja desde Chile la realidad de muchas mujeres de Latinoamérica que al ser mujeres, indígenas y defensoras del medio ambiente viven un triple riesgo en la región más mortífera para quienes defienden el medio ambiente. Así, crecen las organizaciones de defensoras indígenas que promueven el autocuidado y la formación de redes de apoyo como práctica política.

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