Cristina Soto vive con sus hijas en San Antonio de Huelden, en la punta norte de la isla grande de Chiloé. Construyó su casa al lado de sus padres, en el campo. Juntos, tienen animales y tres grandes invernaderos donde cultivan variedades de frutas, verduras y hierbas medicinales.
“Nuestra lucha empezó en 2019 en contra de un relleno sanitario que se iba a instalar en la parte alta del territorio, donde nacen todas las aguas” cuenta Cristina, que también es werken (vocera) de su comunidad mapuche williche. El relleno finalmente no se instaló, pero el costo fue alto. “Muchos de nuestros comuneros fueron detenidos, encarcelados, otros llevados al hospital, hemos tenido que defendernos en el ámbito teórico y espiritual. Ganamos, pero fue un año de sacrificio, muchos de nosotros dejamos nuestras casas, a nuestros hijos, dejamos nuestro trabajo diario abandonado, nuestros animales”.
[caption id="attachment_817828" align="alignnone" width="720"] Cristina Soto, werken de comunidad mapuche williche. Foto: José Aguilera[/caption]
Sentada en el patio de su casa, Cristina expresa preocupación: sabe que se viene otro año de lucha ya que en el territorio de su comunidad está prevista la instalación de una línea eléctrica de alta tensión que ella define como una “columna vertebral” tendida entre Llanquihue y la isla grande de Chiloé, que pasaría por las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt, Maullín, Calbuco y Ancud, cruzando el canal de Chacao.
La línea de transmisión, adjudicada a la empresa Transelec Holdings Rentas Limitada, trae consigo un escenario más amplio que se observa solo mirando a futuro, ya que conectaría hacia el continente una serie de parques eólicos ya planificados en Chiloé, inyectando la energía renovable allí generada en el Sistema Interconectado Central.
El “Proyecto de Línea Nueva Puerto Montt – Nueva Ancud” tiene 96 kilómetros de extensión, 251 torres y una faja de servidumbre que promedia 50 metros de ancho. Atravesaría de lleno el sector de San Antonio de Huelden, interviniendo el bosque nativo y las fuentes de agua, con un alto impacto ambiental y sin aportar beneficios a los habitantes de la isla. De hecho, inicialmente, Transelec no había considerado a los habitantes de esta zona en su proceso de evaluación ambiental. La comunidad de Cristina y las dos vecinas lograron ser incluidas en la consulta indígena, proceso que termina este 28 de febrero.
La fecha final prevista por Transelec para obtener la aprobación ambiental es el 31 de mayo. Según el informe de diciembre de 2022 del Coordinador Eléctrico Nacional, se trata del último paso que daría luz verde a la empresa para empezar a construir la obra.
En marzo de 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) presentó su “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional” anual, donde consideraba un escenario futuro de siete centrales eólicas operativas en la isla para el año 2034, además de la línea de transmisión de dos circuitos a 500 kilovoltios y 1500 mega voltamperios entre las subestaciones Nueva Puerto Montt (hoy Tineo, en la comuna de Llanquihue) y Ancud en Chiloé.
Ante el Panel de Expertos, donde tuvo que defender su diseño, la CNE destacó “el impacto que tendrá el cruce aéreo en el aumento de la capacidad de evacuación del potencial de generación renovable en la Isla hacia la zona continental (un 83% respecto a la capacidad actual del tramo 1×220 kV Melipulli – Chiloé). Aspecto que, a juicio de este organismo, mostraría que la entrada en operación de la obra en análisis resulta relevante para proyectos de generación en desarrollo”.
[caption id="attachment_817829" align="alignnone" width="720"] Foto: José Aguilera[/caption]
En agosto de 2017 el Ministerio de Energía aprobó el plan de expansión energética de la CNE. Desde entonces, ni los organismos estatales ni la empresa adjudicataria han informado a los chilotes cuál es la relación entre este nuevo sistema de transmisión y los futuros proyectos eólicos en la isla.
Según declaraciones de la propia Transelec, el objetivo central de la nueva línea de alta tensión “es mejorar la calidad del suministro eléctrico de la zona, y en particular, de la Isla de Chiloé, donde podría haber una crisis de demanda si no se refuerza la actual línea que cruza el Canal de Chacao.”
En el “Taller Participativo para la Agenda de Energía 2022-2026”, organizado por el Ministerio de Energía en abril de 2022 en la ciudad de Castro, el Subsecretario de Energía subrayó la necesidad de hacer torres eléctricas para el desarrollo, la creación de fuentes de trabajos y cambiar la matriz energética de la región. En esa ocasión, tampoco el subsecretario de Energía ni la delegada presidencial en Chiloé entregaron información sobre estos planes de expansión energética en territorio insular.
El Parque Eólico San Pedro es hasta el momento el único construido en la isla de Chiloé, en la comuna de Dalcahue. Su primera etapa data del 2014, con 18 aerogeneradores que suman una potencia de 36 megavatios (MW), además de una línea de alta tensión de 24 kilómetros de largo que fragmentó el paisaje del bosque nativo. La segunda etapa contaría con 48 aerogeneradores con potencia total de 216 MW, pero solo se han construido 13 aerogeneradores para sumar 65 MW. Esta capacidad instalada cubriría actualmente la demanda interna de la isla.
[caption id="attachment_817830" align="alignnone" width="1080"] Parques eólicos en Chiloé.Foto: José Aguilera[/caption]
Uno de los aspectos críticos de la construcción del Parque eólico San Pedro ha sido su localización, arriba en la cordillera del Piuchén; sin duda se trata de una zona que recibe fuertes vientos, pero también es el lugar donde se originan la mayor parte de los ríos de la isla grande. “En Chiloé no hay cordillera con nieve, pero tenemos un maravilloso paraíso de esponjas naturales que retienen y liberan el agua lentamente” explica Jenny Schmid Araya, doctora en Ecología Acuática de la University of London y científica medioambiental. “En la cordillera crece la turba magallánica subantártica, hay especies acuáticas, y hasta el bosque es una esponja”.
Las turbinas eólicas del parque San Pedro se instalaron sobre enormes bases de concreto de 366 metros cuadrados interviniendo directamente en las turberas, humedales que son verdaderas reservas de agua y carbono. “Está clarísimo que, además del efecto del cambio climático, eso también acelera la carencia hídrica”, sigue Schmid Araya, “nos enteramos arriba en la cordillera que se dinamitó para poder poner esas turbinas. Eso no estuvo descrito en la Declaración de Impacto Ambiental, sino que se hizo a través de una consulta de pertinencia después.”
[caption id="attachment_817832" align="alignnone" width="720"] Turberas. Foto: Climate Tracker[/caption]
En el archipiélago la escasez hídrica es un problema presente por lo menos desde hace una década; ya en 2015, la “Estrategia de recursos hídricos” levantada por la provincia de Chiloé reconocía la “insuficiencia de información hidrológica y meteorológica de cuencas y microcuencas”, la inexistencia de monitoreo del recurso hídrico, y el desconocimiento sobre el aprovechamiento de los derechos de agua otorgados. Mientras tanto, la cantidad de comunas que necesitan abastecimiento de agua potable con camiones aljibes sigue en aumento año tras año.
Además del peligro de dejar sin agua a los ríos de la isla, por su ubicación en ecosistemas clave como las turberas, las turbinas eólicas impactan sobre la biodiversidad de un lugar “que tiene comparación con pocas partes del mundo en cuanto a ser prístino, en clima húmedo frío”, agrega Schmid Araya, quien también evidencia: “Necesitamos sumideros de carbono como ese lugar. ¿Cuánto carbono ahorra una infraestructura de 40 turbinas, por ejemplo, en comparación con la funcionalidad de un ecosistema como una turbera?”.
Las turberas han sido reconocidas como un aliado estratégico en la lucha contra el cambio climático durante la COP12 con la Resolución XII.11 y a través de la Convención de Ramsar, por ser importantes sumideros de carbono. Por eso, en cambio, degradarlas significa liberar dióxido de carbono (CO2).
El impacto ambiental provocado en la construcción del parque eólico San Pedro es un antecedente para pensar lo que puede ocurrir con los proyectos que están a la espera de la nueva línea de alta tensión.
En distintas etapas de su proceso de evaluación sectorial – energético y ambiental – se encuentran: el Parque Eólico Chiloé en Mar Brava, con 42 turbinas y 100 MW de potencia, de la empresa Ecopower con capitales chilenos y suecos; el Parque Eólico Ancud con 27 aerogeneradores y una potencia instalada máxima de 120 MW, de la empresa Viento Austral, cuya sociedad matriz está en Hungría; el Parque Eólico Vientos del Archipiélago en Castro y Quemchi, de la transnacional francesa Engie, con 41 aerogeneradores para 260 MW y una línea de transmisión de 18 kilómetros; el Parque Eólico Altos de Tablaruca en Quellón, con 27 torres eólicas y 121 torres de alta tensión, impulsado por Atlas Renewable Energy, filial de Global Infraestructure Partners; el Parque Eólico Pichihué, con 47 turbinas y 117 MW, de Andes Mainstream SpA con matriz en Irlanda.
Por último, en diciembre de 2022 el Parque Eólico San Pedro fue comprado por la empresa francesa Engie, gigante mundial del sector energético. El traspaso incluye una tercera y cuarta etapa de ampliación todavía para desarrollarse, con una capacidad por instalar de hasta 151 MW.
Esta inversión de Engie no es aislada sino parte de una estrategia mayor, de expansión al sur de Chile para la generación de energía renovable y cierre de sus centrales a carbón en el norte. Planes parecidos se encuentran en los movimientos de otras grandes empresas de energía, que incluyen la apuesta al desarrollo del hidrógeno verde.
El extraordinario crecimiento de las energías renovables en Chile en los últimos años va de la mano con una narrativa de combate global al cambio climático que apunta a la reducción de las emisiones de CO2, y a un desarrollo que se pretende más sostenible, eficiente y “verde”. Sin embargo, las soluciones que ofrece la naturaleza y la idea de construir autonomía energética local – en este caso en la isla de Chiloé – no entran en el cuadro, ya que el objetivo de las empresas del sector es cambiar sus fuentes fósiles por renovables, pero manteniendo intacto el negocio.
Por tanto, lo que queda afuera es la gestión del territorio por parte de las comunidades que lo habitan, es decir, la dimensión de justicia de la transición energética.
Este escenario de mega proyectos energéticos se presenta como una gigantesca y acelerada expansión del sistema eléctrico en Chiloé como en el resto de Chile.
En efecto, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Ana Lía Rojas, en su exposición en el Congreso Futuro en enero, señaló que para retirar por completo el carbón de la matriz eléctrica nacional, se requerirá entre 100 mil y 230 mil hectáreas adicionales del territorio nacional para proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC). En su análisis, la aplicación práctica de la transición energética “está encontrando dificultades muy notables, entre las que destacan las derivadas de su impacto territorial”.
Desde su perspectiva, la transición energética sería “una exigencia deseable e inaplazable” y el debate radicaría en cómo se implementa en los territorios.
[caption id="attachment_817835" align="alignnone" width="1080"] Parte de la biodiversidad de Chiloé. Foto: José Aguilera[/caption]
Pero desde la campaña comunicacional “Chiloé Libre de Saqueo Energético”, que reúne voces diversas de académicas, indígenas, vecinos afectados y activistas, la preocupación va más allá del “cómo” e involucra la violación de derechos humanos, la destrucción de ecosistemas y de territorios ancestrales indigenas. La campaña se opone a “la idea de convertir a Chiloé en un polo de desarrollo energético para nutrir las demandas de la industria nacional – especialmente minera – y convertir a Chile en un país exportador de energía”.
El abastecimiento eléctrico de la isla está vinculado al Sistema Interconectado Central, por lo tanto ningún nuevo proyecto aportaría a la autonomía energética de la isla, el costo de la luz no baja para la población chilota y tampoco hay ordenamiento territorial democratico para elegir donde emplazar los proyectos. Desde esta perspectiva, se estaría eludiendo la pregunta de fondo: energía para qué y para quién.
“Lamentablemente al hablar de energía tenemos una visión de túnel en el lenguaje de las políticas energéticas y ambientales, limitada al tema de las emisiones, el cambio climático, la mitigación”, agrega Gabriela Cabaña, estudiante de doctorado en Antropología por la London School of Economics and Political Science y colaboradora de la campaña. La búsqueda de estos objetivos “nos está cegando de todos los otros problemas que el sistema energético tiene, en la forma en la que organizamos, distribuimos y consumimos la energía”, explica. Y esta ceguera está acompañada por el mismo discurso que acompañó la expansión de las hidroeléctricas: “Si no emite emisiones es bueno”.
Según el análisis de Cabaña, hay un asunto que para el Estado es incuestionable: el modelo de desarrollo expansivo de la infraestructura energética para el crecimiento económico. Sin debate público, el gobierno del ex presidente Piñera decidió impulsar la producción de hidrógeno verde como nueva industria de exportación, política continuada por el gobierno actual. “En la planificación energética a largo plazo hay escenarios optimistas en los que la mitad de la demanda eléctrica hacia 2060 se destinará a la producción de este nuevo vector energético que puede funcionar como un combustible”.
La actual normativa energética sólo permite planificar escenarios de incremento de energía, concluye Cabaña, pero urge problematizar cuánta energía es suficiente y proyectar escenarios de reducción de demanda de energía si queremos hablar de justicia ambiental.
Además, agrega, “como existe una gestión comunitaria del agua, con los programas de Agua Potable Rural (APR), ¿por qué no se podría hacer algo parecido con las energías renovables? Con el viento que tiene Chiloé debería ser todo eólico ya hace tiempo, pero con descentralización del poder, autonomía energética, cuentas más baratas”.
Desde el archipiélago, los habitantes plantean sus alternativas para una transición energética justa: la participación colectiva en la toma de decisiones, el saber ancestral, el patrimonio biocultural y las prácticas sostenibles que identifican al archipiélago.
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Foto: José Aguilera[/caption]
Andrés Lagarrigue, agroecólogo y antropólogo, cosechará la miel de sus colmenares, abundante y sostenible mientras se mantenga el bosque nativo de su sector, amenazado por las torres de alta tensión. La madre de Cristina, doña María, cosechará las variedades de papa nativa del archipiélago, esperando la inundación del bosque que alimenta la fertilidad de su huerta.
Ana Caileo, una de muchas líderes mujeres williche de la región, reflexiona: “El progreso lo hacemos nosotros mismos como personas, cuando podemos vivir en nuestra isla como soñamos y queremos. Ellos dicen hablar de proyectos y ni siquiera se juntan con las personas que viven aquí en la isla, para preguntarnos cómo nos van a traer beneficios…¿o más que beneficios van a traer destrucción?”.