Conocida como “La decana de América”, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú, es la más antigua del continente. El 21 de enero pasado, su historia como la casa de estudios pública más prestigiosa de su país se vio violentada por el abrupto ariete policial de tanquetas, bombas lacrimógenas y hasta un helicóptero para disolver la concentración de estudiantes y el refugio de ciudadanos que han marchado desde las sierras sureñas para protestar contra del Gobierno de Dina Boluarte a partir de la decisión del Congreso de deponer al presidente Pedro Castillo a inicios de diciembre de 2022.

La vulneración de los derechos de la comunidad universitaria y de sus asilados -muchos de ellos personas mayores e indígenas- representa las horas más complejas que la institución ha vivido desde su fundación en 1551.

Cerca de 200 estudiantes y docentes fueron golpeados y encarcelados sin mediar la observación de la Defensoría del Pueblo local ni de fiscalía alguna.

Destrucción y requisación

La destrucción de mobiliario, accesos, la requisación de bienes y pertrechos junto con la revisión de pertenencias sin un protocolo legal, fueron parte de un proceso repudiado desde diversos sectores internacionales.

Por otra parte, el episodio abre la reflexión sobre la necesidad de resguardo para los espacios de producción académica y de intercambio de conocimiento con una misión social crítica en momentos de convulsión y respecto del modus operandi histórico que busca quebrantar las instituciones de educación superior en períodos de agitación social.

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Este precedente que daña a la educación superior peruana daña colateralmente a dos protagonistas claves de la población de este vapuleado país, cree el doctor en Ética y Democracia, Álvaro Ramis.

“Desde los tiempos de Sendero Luminoso, quienes quedaron atrapados entre el fuego del terrorismo y el fuego del estado han sido campesinos, indígenas, instituciones universitarias, organizaciones no gubernamentales y defensoras de los DDHH que se levantaron contra este tipo de violencia”, dice sobre el denominado “Terruqueo”, el concepto con que se denosta a los movimientos sociales y organizaciones de pensamiento crítico que durante el siglo XX expresaban que el incremento de la violencia no se podía detener con un enfrentamiento cruzado entre el fuego terrorista y el del Estado.

Para el magíster en Historia Económica y Social, parte del Doctorado en Estudios Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos de la UAHC, Pedro Huerta, la historia reciente de la revuelta peruana y el contexto actual permiten realizar una primera lectura sobre los lamentables hechos dentro del campus de esta universidad pública.

“En la memoria reciente de los sectores conservadores peruanos, las universidades representan el lugar donde anidan las ideas terroristas. Esto a propósito de la presencia que tuvo Sendero Luminoso desde la década de 1980 en la UNMSM y otras del país. Esta simplificación los lleva a justificar el uso indiscriminado de la fuerza contra el estudiantado y todos quienes apoyen las luchas sociales sindicadas como 'terrucas'”, coincide.

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Sin embargo la lectura funcional de este tipo de transgresiones a la autonomía universitaria por parte de militares, conservadores y fuerzas de orden ocurre, según Huerta, ante la necesidad de “restringir la libertad de pensamiento con el pretexto de la defensa de la democracia y la lucha contra las ideologías y movimientos extremistas. Superponiendo sobre ideas acertadas ideologías autoritarias que renuncian a la libertad y la construcción de mundos en común”, agrega.

Triste precedente Latam

Otras interpretaciones de la crisis que vive el país andino tiene como telón de fondo un proceso de larga data que se inclina hacia una debacle que podría ser aún más severa que la que ha dejado hasta ahora más de 60 fallecidos.

“Desde las restricciones recientes al derecho de movilización/manifestación a los hechos ocurridos hasta la intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hemos asistido a la coronación de una escalada de contradicciones muy delicadas en contextos de crisis como las que vive Perú en la actualidad”, cree el doctor en Estudios Americanos, José Orellana.

Agrega que la necesidad urgente de movilización por parte de los estudiantes, sumado a un sistema político inmovilizado y sin margen de acción, dejan pocas alternativas democráticas de solución: “El horizonte se complejiza para cualquier otra salida que no sea llamar a una nueva elección prontamente con la actual mandataria u otra figura que permita la institucionalidad vigente del país. De ahí en más, existe la probabilidad de organizar una agenda política acorde a la realidad geográfica política peruana que podría ser la reflexión sobre la redacción de una nueva constitución u otro acuerdo institucional”, sostiene.

En el repunte de la violencia que se vive en la actualidad se incluyen dinámicas que se han reiterado en años y gobiernos recientes con resultados dispares. “La presidencia de Castillo no hizo nada muy distinto a lo que hizo Martín Vizcarra en su momento, pero a Vizcarra le resultó en 2019 el cierre del Congreso, mientras que a Pedro Castillo le significó la remoción. Por otra parte, tenemos a los mismos políticos y partidos de siempre, sin nuevas fuerzas ni nuevos movimientos políticos que inspiren a los jóvenes de Perú”, explica la docente y magíster en Comunicación Política Ruth Tapia sobre la falta de referentes para los estudiantes peruanos de la actualidad.

En el exterior, figuras como el Papa Francisco han abogado públicamente por un cese de violencia y el respeto a los derechos humanos ante la atención mundial. La ONG Amnistía Internacional también ha expresado su solidaridad con el pueblo peruano en una serie de acciones que, en Chile, contaron con el apoyo de diversas instituciones a favor de la golpeada Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en específico dado el preocupante precedente que abre esta vulneración.

Representantes de organizaciones de derechos humanos, colectivos de migrantes de Perú y el rector de la UAHC, entre otros, se acercaron a la Embajada de Perú en Santiago para entregar una carta en la que llaman al Estado peruano “a levantar este estado de emergencia y ordenar a las Fuerzas de Seguridad poner el alto a la represión”.

En la cita de protesta, el rector Álvaro Ramis destacó la importancia de defender los derechos humanos en todo lugar y contexto junto con convocar a otras instituciones de educación superior a apoyar a sus pares del país andino recordando que esta crisis política y social ha afectado directamente a estudiantes y profesores universitarios.

“Muchos integrantes de estas comunidades estudiantiles y docentes han sido vulnerados en sus derechos y han sido objeto de represión tanto por manifestarse como por la realización de estudios culturales o antropológicos con comunidades andinas del sur de Perú. Creemos que es muy importante expresar la solidaridad de manera activa por una sociedad que exige hoy el derecho a poder expresarse en un momento en que los derechos fundamentales han sido pisoteados”, señaló.