El recién despachado proyecto de reforma constitucional por el Congreso es un avance para que podamos contar con un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, en términos de participación ciudadana vemos un mandato demasiado general en el que se sostiene en su artículo 153 que los mecanismos será(n) coordinados por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas. Dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma.

Al respecto, y a partir de nuestra experiencia y trabajo de incidencia por resguardar el derecho a la participación ciudadana inclusiva en nuestro país, queremos compartir algunas observaciones al proyecto de reforma y propuesta de mejoras para que la participación ciudadana este presente como un campo de acción específico y con entidades como soportes para su adecuada implementación dentro del proceso.

Nos parece imprescindible incorporar mecanismos con estándares mínimos de participación ciudadana en los procesos constituyentes adicionales a la elección de consejeros y del plebiscito de salida. Esto dice relación con la legitimidad y el compromiso de la ciudadanía no solo con el proceso sino también con el texto y como él refleja nuestra cultura política. En la experiencia comparada tanto en Latinoamérica como el mundo, el impacto, cercanía o incluso afección que las sociedades muestran frente a las constituciones es proporcional a la amplitud de los acuerdos, el compromiso y la participación durante la redacción del texto y la toma de decisiones posterior.

Es crucial que para que la participación sea efectiva, inclusiva y dote de legitimidad a este nuevo proceso, se lleve a cabo acorde a estándares mínimos como: i) acceso a la información (pertinente, clara, cercana, transversal); ii) que cuente con espacios diversos de difusión de los mecanismos a utilizar para su convocatoria; iii) que exista acceso universal en los espacios de participación (presenciales y virtuales); iv) que exista una devolución y trazabilidad, que permita a la ciudadanía conocer de forma clara el efecto que tuvieron sus propuestas en el debate y/o los resultados de su participación.

Para que la participación sea eficiente y cumpla su rol de incidencia, debe tener llegada en todas sus formas posibles a todos los grupos de la sociedad, incluyendo pueblos originarios, al pueblo afrochileno, a personas con discapacidad, personas privadas de libertad y personas mayores, todos con particularidades de acceso a la información y mecanismos de participación pertinente a su realidad.

Finalmente, es fundamental contar con una Secretaría Técnica u otro Comité, que permita a las universidades llevar a cabalidad su mandato y que se incorpore a otros sectores como Municipios y Organizaciones de Sociedad Civil, y que, además, cuente con presupuesto asociado, para recursos humanos, implementación/logística y sistematización.

Creemos que los mecanismos de participación, así como los órganos que le den soporte a estos procesos participativos, deben quedar explicitados en el texto de la reforma constitucional, ya que ellos son una manifestación de la voluntad política de profundizar la democracia y ejercicio de los derechos políticos y garantía necesaria para el derecho a la participación ciudadana.

• Esta columna fue escrita en colaboración con Antonia Garcés (de AVINA Chile) y Octavio del Fávero (de Fundación Ciudadanía Inteligente).