Violencia sexual en el Ejército: 304 denuncias por acoso y abuso sexual en los últimos cuatro años
El listado de la Dirección del Personal del Ejército de Chile, al que tuvo acceso vía Transparencia El Desconcierto revela que, entre los años 2018 y 2022, fueron presentadas 304 denuncias por presuntas agresiones sexuales ocurridas al interior de la institución. Dicho registro, especifica que 271 casos corresponden a acoso sexual y 33 a abuso sexual; muy por encima de los 78 casos enlistados desde el 2010 a 2018, según información proporcionada por la institución a otro medio de comunicación.
Respecto a los datos obtenidos de las denuncias realizadas a través de los canales institucionales, desde enero del 2018 a octubre de 2022, la mayoría de los casos están radicados en la Región Metropolitana (114), seguida por el Bío Bío (29), Valparaíso (28), Antofagasta (23), Arica y Parinacota (17), Aysén (17), Libertador Bernardo O'Higgins (16), y Tarapacá (15). En tanto, el resto de las regiones contabilizan entre nueve y cuatro casos.
Entre los funcionarios acusados, destacan tres oficiales: cuatro mayores, dos teniente coronel (uno de ellos en retiro), un coronel y un anónimo. En tanto, los rangos que más se repiten en el listado son cabo segundo (77), cabo primero (45), sargento segundo (44), cabo (23), sargento primero (15), suboficial (13), conscripto (12), y personal a contrata (8); sobre los otros rangos denunciados se enumeran entre uno a cinco.
En cuanto a las estadísticas del delito de violación, desde la institución afirmaron que revisados los archivos existentes en el departamento de Responsabilidad Social Institucional (RSI), Clima y Cultura Organizacional, se confirma que “no existen antecedentes sobre el delito de violación”; así lo certifica el teniente coronel Paulo Abarca, jefe de dicho departamento.
Además, desde el Estado Mayor General del Ejército, informaron que “en relación a las denuncias por abuso sexual y violación, de acuerdo a lo informado por la Brigada de Inteligencia del Ejército, los antecedentes (...) incorporados al Sistema de Control de Incidentes (SCI), se encuentran registrados como "Abuso deshonesto" e "Intento de violación". Esto explicaría por qué no aparecerían formalmente los registros en caso de violación.
De esta forma, los hechos de connotación sexual constitutivos de delito, agrega el Ejército, “son denunciados directamente a la Fiscalía Militar o Ministerio Público, según corresponda, y llevados a la justicia para su investigación, pero no directamente en la Institución”.
En conversación con este medio, el abogado, exmilitar y denunciante del caso de corrupción en el Ejército conocido como Milicogate, Cristián Opazo, explicó por qué es posible que el departamento de RSI no tenga información sobre violaciones al interior de la institución. “No todas las denuncias llegan a ese departamento, ya que sí hay denuncias, el problema es que no han terminado con personas condenadas o sancionadas administrativamente, ya que la evidencia a través del tiempo pierde eficacia. Si no se toman las medidas en el momento, no hay cómo probarlo después, no hay cómo acreditarlo desde el punto de vista científico-físico, y la pericia psicológica no es suficiente medio probatorio según el criterio ocupado en la Fiscalía Militar”.
Consultado el Ejército sobre la existencia de un departamento de Género en la institución, afirmaron que cuentan con una red que apoya a los denunciantes durante todo el proceso; incluyendo apoyo asistencial, médico, psicológico, laboral, entre otros. Recayendo dicha responsabilidad en las unidades militares y sus respectivos mandos, quienes activan un protocolo establecido tras una denuncia”.
También consignaron que la información sobre estos casos es generada por la Dirección del Personal, enviándola al Ministerio de Defensa Nacional, mediante una oficial designada como delegada de Género, que además propone iniciativas preventivas al respecto.
Para este tipo de casos existe un protocolo del año 2018 que considera la ejecución de una Investigación Sumaria Administrativa, para denuncias asociadas a casos de abuso y acoso sexual.
Además, al analizar las sanciones efectuadas en contra de los agresores -enumeradas en el listado de la Dirección del Personal-, la mayoría se encuentra en “proceso de desarrollo” (141), disminución de puntaje en su carrera militar (66), y sin sanción (39); en tanto las otras medidas se dividieron en reprensión, licenciamiento de servicio y amonestación. Incluso, una de las víctimas desistió en continuar con la denuncia por acoso sexual.
El Desconcierto consultó a la institución sobre las cifras de acoso laboral, quienes afirmaron que en el año 2021 se registraron 70 casos y en el 2022 se contabilizaron 26.
Para Priscila González, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el tratamiento de este tipo de casos en ramas de las Fuerzas Armadas es muy complejo, puesto que son instituciones públicas que se rigen por la jerarquía y las denuncias contra un superior son difíciles de entablar, especialmente en casos de violencia de género o de índole sexual.
-Este tipo de casos en estas instituciones se suelen tratar de manera privada y, por lo general, se culpabiliza a la víctima. Cuesta que se realice una denuncia porque hay una marcada jerarquía, además de la masculinización que persiste aún en estas instituciones (PDI, Carabineros y el Ejército), por eso no es fácil denunciar a un superior- explica.
Levantarse en contra de un superior jerárquico, en una institución hipermasculinizada, no es una tarea fácil, agrega Priscila González, pues se trata de instituciones públicas que se rigen por el estatuto administrativo respecto al comportamiento de su personal. “Entonces debe realizarse un sumario administrativo, y estos sumarios nunca han sido pensados como instrumento para perseguir delitos de género o de violencia hacia las mujeres”.
Precisamente estas ambigüedades respecto a los casos ocurridos y al real apoyo de la institución a las víctimas de delitos de índole sexual o laboral, es lo que pone en tela de juicio el caso de Ivania Echeverría, subteniente que fue encontrada muerta al interior del Destacamento de Montaña N° 17 de Los Ángeles, el 31 de octubre de 2021.
"Su muerte era evitable"
“En el caso de mi hija no se activaron los protocolos. Es mentira que apoyan a las víctimas. Mi hija fue víctima de acoso laboral y sexual, y nadie hizo nada por ella. Todo lo contrario. Todos los responsables de su acoso están impunes. Siguen en la institución. Su muerte era evitable”, relata Ivette Muñoz, madre de Ivania, desde Temuco a través de una videollamada.
Según antecedentes obtenidos de manera exclusiva por este medio, los episodios de acoso laboral en contra de Ivania iniciaron en mayo de 2020, luego de la llegada de la teniente C.A* al recinto militar, con quien enfrentó problemas de convivencia. Incluso, la subteniente envió un informe -el 25 de septiembre de 2021-, dirigido al Comandante de la Compañía de Ingenieros, D.C, narrando hechos de acoso laboral por parte de la teniente.
“(Echeverría) se encontraba controlando al personal en los comedores, cuando la teniente C.A, solicita a esta oficial salir, quien accede (...) comenzando en un tono poco apropiado a llamarle la atención, sin importar la presencia del personal subalterno y comandantes de escuadra”, se lee en el documento.
También, en los antecedentes de la investigación, se relatan otros hechos de maltrato laboral: como la exigencia de asistir a un juramento de bandera, pese a que la joven estaba con licencia médica. En otra oportunidad, un capitán la ridiculizó frente a otros funcionarios y, luego de una campaña, la responsabilizaron de la pérdida de cuatro carpas ($400.000), recibiendo como orden desde la comandancia devolver ese dinero.
Ivette Muñoz insiste que su hija no tan solo fue víctima de violencia laboral, sino que también de acoso sexual por parte de un comandante del Destacamento. “Sobre el acoso sexual ella no se dió cuenta hasta que me lo contó, que este acoso provenía del segundo comandante del regimiento (F.C). Me cuenta que el tipo la trataba mal, se metía en su dormitorio en distintos horarios, él estaba preocupado de su vida personal, sexual (...) En una oportunidad la citó en su oficina y en presencia de otro comandante, la trató de maraca”, confiesa.
Lo anterior es reafirmado en el expediente del caso de Ivania, en el que se detalla que el mismo comandante (F.C) la denostó durante esa reunión -ocupando sinónimos de la palabra “maraca”- y en otra ocasión le infirió que era “una suelta”. Además de hostigarla por mantener una relación amorosa con un funcionario del Destacamento.
Desde el departamento de Comunicaciones del Ejército, confirmaron que se ordenaron dos sumarios administrativos por el caso de Ivania, estando el primero resuelto (sin responsabilidad hacia los involucrados por el acoso y muerte de la uniformada) y el segundo en etapa recursiva, impidiendo la entrega de cualquier información.
Este medio contactó al Ministerio de Defensa, para conocer su versión sobre el caso de la subteniente Echeverría y la cifra de casos de violencia sexual al interior del Ejército. En su respuesta, explicaron que la institución cuenta con protocolos de acoso laboral y sexual vigentes, “asimismo desde el año 2019, existe una delegada de Género en cada una de las ramas de las FFAA. A partir de este año, ambas subsecretarías cuentan con una persona encargada de Género”.
Además, sostuvieron que han firmado un Convenio de Colaboración con la oficina de ONU MUJERES CHILE, que permitirá recibir asesoría técnica del organismo de las Naciones Unidas en materias de igualdad de género en el sector.
En cuanto a la existencia de departamentos de género en las FFAA, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó que Carabineros cuenta con un departamento de Igualdad de Oportunidades, que es parte de la Dirección de Gestión de Personas, cuya misión es “promover el respeto de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres al interior de Carabineros de Chile”; en el caso de la PDI, está el Departamento de Desarrollo Organizacional, Equidad e Igualdad de Oportunidades, que depende de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas que tiene entre sus funciones promover y velar por el pleno y total respeto de los derechos de los hombres y de las mujeres.
“Respecto del Ejército, sabemos que esta institución cuenta con protocolos de acoso laboral y sexual vigentes y, desde el 2019, existe una Delegada de Género en cada una de las ramas de las FFAA”, explicó la ministra Orellana, agregando que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se reunieron con la madre de Ivania Echeverría, haciendo presente al Ministerio de Defensa su preocupación por el caso.
Sobre los seis oficiales involucrados en las investigaciones internas por el acoso laboral y muerte de Ivania Echeverría, siguen en funciones al interior del Ejército. Para Ivette, esto es muy preocupante pues deberían ser suspendidos mientras se desarrollen los sumarios administrativos, y no ejerciendo labores en otras unidades de la milicia.
-Solo quiero que se haga justicia por mi hija-, concluye Ivette, al despedirse.
Nota de la redacción: Las identidades de los involucrados fueron resguardadas debido a que aún son objeto de un sumario administrativo. Este medio consultó al Ministerio de Defensa por el aumento de denuncias de índole sexual al interior del Ejército, además del tipo de sanciones en contra de los agresores. Hasta el cierre de este reportaje siguen sin emitir respuesta.
